martes, 21 de febrero de 2017

La incapacidad de un régimen caduco para simular la defensa de la Nación. El gobierno de Peña, ni quiere ni puede confrontar a Trump.


Cuando el ejército mexicano al mando del general Pedro María Anaya -integrado en buena parte por ciudadanos-  se rindió en la batalla de Churubusco el 20 de agosto de 1847, el general Twiggs le preguntó a Anaya por las armas y municiones de su ejército, a lo que el general mexicano respondió: “Si hubiera parque no estarían ustedes aquí.” Y pudo haber agregado, sin faltar a la verdad, que si las oligarquías mexicanas  hubieran tenido una identidad nacional definida y actuado de manera organizada en aras del  interés común, el ejército yanqui no hubiera logrado doblegar a México. Este hecho histórico parece hoy reeditarse con la llegada de Trump a la Casa Blanca, sólo que en lugar de ser una tragedia hoy no queda duda -gracias al afán integracionista inaugurado en 1994- de que es una farsa.

Las acciones del gobierno de Peña para simular la defensa de los intereses nacionales no  pueden ocultar el hecho de que los dueños del dinero en México y su empleado estrella, el presidente de la república, no tienen parque para responderle a la amenaza naranja; peor aún, aunque lo tuvieran, seguirían insistiendo en las bondades de ser una colonia yanqui. A diferencia de la invasión militar en el siglo XIX, hoy el proyecto es profundizar su dominio al sur del Río Bravo utilizando todo lo que tengan a la mano para que México cumpla con las expectativas impuestas por los cambios en la dinámica geopolítica de su nuevo gobierno.

Más allá de la voluntad que pueda tener el gobierno de Peña para responder a la caballería de Trump-eta, lo que salta a la vista es que no tiene de donde echar mano para hacer más convincente su aparente defensa de la dignidad nacional. Ni puede contar con su partido político movilizar a la población, pues ha abjurado en repetidas ocasiones de su filón nacionalista, ni cuenta tampoco con una equipo de diplomáticos a la altura de la circunstancias. Pero además, los intereses creados alrededor de la integración económica iniciada en los años ochenta tampoco favorecen la posibilidad de presentar un frente político unido y eficaz para salvarle la cara a Peña y su grupo. 

El presidencialismo mexicano tuvo siempre, en los buenos tiempos del régimen, al partido como caja de resonancia de sus deseos y aspiraciones. El partido del estado desde su fundación, cuando el general Cárdenas lo integró con los sectores, funcionó siempre a favor del presidencialismo y fue sin duda su principal apoyo político. Diseñado para movilizar a la población de acuerdo a los intereses de los poderosos, el otrora partidazo fue muy efectivo para contener los conflictos internos y en menor medida los externos. En nuestros días, lo que queda del partido del estado no es suficiente para lograr sacar a la calle a la ciudadanía por lo que Peña tuvo que acudir a sus aliados como la señora Wallace y otros por estilo para intentar movilizar a la población a su favor. El fracaso fue evidente pues ni Trump se dio por aludido y la debilidad de Peña quedó aún más expuesta de lo que ya estaba. Las consecuencias del abandono del nacionalismo como piedra angular de la ideología del PRI están a la vista -sobre todo desde aquél intento por modernizarlo llevado a cabo por Salinas y solidaridad envenenada. El PRI ya no entusiasma ni siquiera a sus militantes distinguidos, quienes están constantemente considerando la posibilidad de cambiar de camiseta, aunque sea para mantener su ‘proyecto político’. 

Por otro lado, la tradición diplomática que distinguió al régimen y le dio prestigio alrededor del mundo no es hoy más que una caricatura. Desde aquél infame “comes y te vas” sugerido por el apologista de la integración, Jorge G. Castañeda, al exgerente de la Coca-Cola, la diplomacia mexicana se ha convertido en una filial de las corporaciones internacionales y la política exterior yanqui. El secretario de Relaciones Exteriores en funciones, Luis Videgaray, está en el puesto (después de reconocer públicamente que no sabe nada sobre diplomacia) por su relación con el yerno de Trump y no como consecuencia de su larga carrera como miembro del servicio exterior mexicano, que fue por  muchos años requisito indispensable para presidir la cancillería mexicana. Preside así la diplomacia mexicana un oportunista, un experto en negocios fraudulentos para enriquecer a unos cuantos, que demuestra la vocación  diplomática de un gobierno que apuesta más a las relaciones personales que a la negociación diplomática abierta y de cara a la nación para simular que defiende los intereses nacionales cuando en realidad lo que importa es la defensa de los intereses de unos cuantos.

Por último, los dueños del dinero en México están empecinados en mantener su calidad de socios menores con la economía yanqui y las corporaciones internacionales. Y este hecho no sorprende ya que históricamente la burguesía mexicana ha sido parasitaria, aceptando su condición subordinada y conformándose como las hienas con la carroña, desde el siglo XIX pero sobre todo después de la segunda guerra mundial. No se puede negar que los sectores menos favorecidos por el TLCAN apoyan la idea de diversificar la balanza comercial mexicana, pero los grandes importadores y exportadores así como los que ahora empiezan a incursionar en el mercado petrolero no quieren ni saber de semejante posibilidad. Por el contrario, están en la mejor disposición de renegociar el TLCAN para mantener sus expectativas y sus ganancias, aunque ello signifique mayor pobreza y desigualdad en el país. Encabezados por personajes cínicos como Carlos Slim -quien se da el lujo de señalar las fallas de la política económica a pesar uno de sus principales beneficiados- y por el sector bancario que se encuentra prácticamente en su totalidad en manos extranjeras. No serán ellos los que salgan a defender la nación o hagan fuerte a un régimen decadente, a pesar de las enormes ganancias que obtienen. El dinero y sus dueños no tienen patria, y menos si pertenecen a los países periféricos.

Para colmo, la otra institución que fue baluarte del nacionalismo mexicano, las fuerzas armadas, no parecen tener una idea clara de cómo enfrentar la coyuntura. Más ocupados en seguir acumulando poder político con leyes a modo para cubrir sus excesos y en recibir cada vez más presupuesto para seguir comprando armas al Tío Sam, resulta difícil esperar una posición acorde con su tradición. Después de todo, los militares mexicanos son -a diferencia de otros países latinoamericanos- herederos de un ejército popular y revolucionario. Rebasados por las exigencias del gobierno prianista y del Pentágono para cumplir con labores policiacas no se ve cómo podrían apoyar la simulación del gobierno peñista para salvar lo poco que le queda. 

Así las cosas, los llamados a la unidad nacional emitidos desde Los Pinos son como los chillidos del puerco ante los oídos del carnicero. Y al igual que en los años de la invasión yanqui la oligarquía velará por sus intereses aun a costa de la supervivencia del país y tendrá que ser el pueblo mexicano el que lo defienda con dignidad y amor a la nación; y del que deberá surgir la chispa que haga explotar un régimen caduco y hacer realidad un mundo donde quepan muchos mundos.

viernes, 17 de febrero de 2017

El Archivo del Terror de Javier Duarte: La violencia e inseguridad

Veracruz es un muestrario emblemático de las debilidades de la teoría política. El sentido hobbesiano de la política, que es el sentido común de la política, prescribe, por ejemplo, que el Estado es un “mal necesario” sin cuya acción coercitiva las asociaciones humanas estarían condenadas a una barbarie. No obstante, nadie puede objetar seriamente que, por lo menos en México, la estatalidad es la barbarie. Por eso es necesario acudir a la realidad empírica, atendiendo el siniestro caso de la gubernatura de Javier Duarte, para desmentir esas elucubraciones ideológicas, acaso una tarea urgente para desarrollar el anticuerpo en México. 

Veracruz es una mazmorra. En este estado coexisten formas premodernas del oficio político, fórmulas modernas de control militar, y recetarios posmodernos de administración de la economía. Apoltronados en eso que Fidel Herrera llamó la “plenitud del pinche poder”, los gobernantes en turno disponen de un margen amplio para las corruptelas personales, la gobernabilidad a base de sangre y fuego, y la administración delincuencial de la economía, en beneficio de ciertas castas de poder local y no pocos grupúsculos de poder internacional. 

En esta cuarta entrega, correspondiente a la saga de artículos publicados bajo el título de “El Archivo del Terror de Javier Duarte”, examinamos el comportamiento de la violencia e inseguridad en Veracruz, en el marco de la gestión del prófugo e impopular ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. 

IV. La violencia e inseguridad 

La violencia e inseguridad son preocupaciones de primer orden en Veracruz, que bien se pueden ilustrar con cifras, pero cuya dimensión es sólo posible captar en el contacto directo con las familias de las víctimas de homicidio, secuestro o desaparición, que son tres modalidades de crimen que están especialmente arraigadas en la entidad, y que rutinariamente se efectuaron sin indagatoria o reparación durante la gestión de Javier Duarte. 

La inseguridad no es el resultado de una ausencia del Estado. Antes bien, al menos en el caso específico de Veracruz, la inseguridad se presenta con más incidencia allí donde las instituciones estatales intervienen. Decíamos en la entrega anterior (“El Frankenstein militarista”), que Veracruz es un laboratorio de las políticas militares que los centros de autoridad impulsan. En la entidad se instrumentó el mando único policial, y se dispuso la ocupación territorial de la Marina y el Ejército en tareas conjuntas de seguridad, con el acompañamiento de las Policías Estatal y Federal. Esta presencia de la fuerza pública contrasta con la creciente inseguridad que estrangula al estado. En noviembre de 2014, el Colectivo por la Paz Xalapa emitió una declaración acerca de esta crisis: 

“Los 221 secuestros y 383 desapariciones ocurridos entre los años 2010 y la primera mitad del 2013, las extorsiones y demás crímenes cometidos en contra de la sociedad, nos conducen y nos obligan a establecer un posicionamiento de demanda social a las autoridades en materia de prevención del delito, de seguridad y paz social; así como en la procuración e impartición de justicia y castigo a la delincuencia organizada” (Animal Político 22-IX-2014). 

En una entrevista celebrada en 2013, Anaís Palacios, integrante del Colectivo, explicó la evolución de la inseguridad en el estado tras la aplicación de los modelos militarizados de seguridad que impulsó el gobierno, señaladamente el modelo de mando único policial: 

“Muchos de los elementos de la policía son los mismos. Hubo algunos que no tenían un padrinazgo para mantenerse en su puesto y los metieron a la cárcel. Otros estaban vinculados con el crimen organizado o terminaron asesinados o encarcelados o procesados. Pero muchos se mantuvieron en su puesto. Y esto permitió que la situación de corrupción e inseguridad persista. Es un asunto complejo. Nos dicen que se renovó la policía. Pero les cambian el cinturón y ya son otros. No es un cambio real. Muchos de ellos consumen sustancias. Una persona que se ocupaba de hacer controles anti-doping me contó que cuando un elemento policial arrojaba positivo sencillamente cambiaban el resultado por negativo. Estas cosas que parecen sencillas están en todas las corporaciones policiacas. Estas cuestiones no se hacen públicas. Y para la acreditación de las policías sólo firman un papelito y se ahorran un procedimiento transparente. Con todos los señalamientos en Veracruz hacia las corporaciones policiacas, las autoridades optan por guardar silencio durante algún tiempo, y después salen a decir que se ha capacitado a un determinado número de elementos. No hay constancia de esto. Salvo los informes oficiales y conferencias de prensa. Pero no hay una constancia real. Estaría interesante hacer una investigación sobre estos procedimientos. Pero te lo digo muy sentidamente: meterse en Veracruz con un secretario de seguridad pública es poner en juego la vida. Hay señalamientos de desaparición forzada”. 

Las políticas de seguridad gubernamentales, particularmente esas que refieren a la centralización de comandos, no sólo no consiguieron mitigar el problema de la inseguridad, sino que han contribuido –no pasivamente– al ensanchamiento de la corrupción que propicia esas condiciones de violencia e inseguridad. A Anaís se le preguntó si en opinión del Colectivo por la Paz Xalapa, se podía establecer una relación entre las políticas de seguridad de la última administración (Javier Duarte de Ochoa) y la crisis de inseguridad en la entidad. Lapidariamente respondió: 

“El incremento en los recursos destinados por el gobierno a las policías, es sólo para cambiarles el uniforme. Porque en verdad que sean capacitados y acreditados, es algo que todavía está en tela de juicio. Y además están militarizando, y sigue habiendo desapariciones. Y en cambio sí invierte muchos recursos, como aparato de gobierno, para desacreditar y criminalizar a los que denuncian e irse por la tangente. Cuando viene el cambio a policía estatal, y se elimina la policía municipal, se dispara el número de desapariciones forzadas. Donde hay señalamientos de la participación de elementos de la policía estatal. Donde hay investigaciones –que por supuesto no corren acá en Veracruz sino a nivel federal– que sostienen que los elementos policiacos entregan al crimen organizado principalmente a jóvenes”. 

Las denuncias del Colectivo nunca fueron atendidas. Cabe señalar que no se atendió el reclamo ni se atenuó la dinámica delincuencial por la sencilla de razón de que no era una prioridad del gobierno. Estructuralmente el diseño de la estrategia tenía otros fines. En Veracruz, los agentes ministeriales reconocían que las instituciones abortaban el seguimiento o ignoraban flagrantemente los casos de desaparición forzada. El conocimiento público de esta negligencia inexcusable, obligó al otrora fiscal general de la entidad, Luis Ángel Bravo Contreras, a lanzar una retórica advertencia de sanción a esos fiscales que hubieran “iniciado un expediente y abandonado el caso [de desaparición]” (Al Calor Político 23-IX-2014). Una advertencia estéril porque el delito de “desaparición forzada” se basa justamente en la complicidad u omisión del Estado. 

En materia de secuestro, la administración de Javier Duarte también registró un saldo impresentable. Falsas fueron las comparecencias gubernamentales referentes a la incidencia de esta modalidad de crimen en el estado: 

“Aunque el gobernador Javier Duarte señala que Veracruz tiene el séptimo lugar nacional [en secuestro], los números de casos refieren que es el segundo sólo detrás de Tamaulipas... La tendencia al alza de la cifra de secuestros es notable desde el 2010. En ese año, apenas se contabilizaron 17 secuestros, mientras que a partir del año 2011 la cifra comienza a crecer hasta los 60 casos, en 2012 se alcanzan los 91 y en 2013 los 109 delitos… Con los 113 secuestros en Veracruz reportados al mes de agosto de 2014, ya se rebasaron a los 109 que fueron contabilizados durante todo 2013, y representan la cifra más alta desde 1997” (e-veracruz 24-IX-2014). 

El homicidio culposo es otro delito que se extendió virulentamente. De acuerdo con Semáforo Delictivo, desde 2011 hasta agosto de 2016, y durante la gestión de Javier Duarte, murieron por homicidio 3,426 personas (Panorama Noticieros 14-X-2016). 

Frente a estas cifras, cabe la conjetura de que fue la acción –no la ausencia– del Estado lo que catalizó la violencia e inseguridad en el estado.

Tratando de hurgar más en esa correlación entre las “estrategias” de gobierno y el aumento de la inseguridad, se le preguntó a Anaís Palacios acerca de las políticas públicas específicas que implementó el duartismo en materia de seguridad pública. Dijo sin rodeos:

“Veracruz Seguro y el blindaje de algunas ciudades. Pero están o bien para proteger el tránsito u operación del crimen, o bien para proteger a las élites políticas y de gobierno”.

Las notas de la prensa convalidaron esta lectura. La Jornada Veracruz consignó el doble rasero de las disposiciones gubernamentales. En diciembre de 2013, el periódico registró una declaración omisa del gobierno que puso en evidencia el sesgo elitista de la estrategia de seguridad. Luego de un ciclón de secuestros, extorsiones y otras afectaciones a la población civil, el ahora preso exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, minimizó los signos de la crisis: 

“Gran parte de los rumores [sobre la inseguridad] no son ciertos […] estaremos atentos para desmentir o aclarar la información a través de la línea oficial” (Aguirre en La Jornada Veracruz 8-XII-2013). 

Tan sólo unos días después de esa negación del clima de inseguridad en el estado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sostuvieron una reunión con alcaldes electos, legisladores y altos representantes de las cámaras empresariales, para impulsar operativos coordinados en beneficio de esos grupos aventajados. Los acuerdos de esa reunión confirmaron la parcialidad de la seguridad en Veracruz, y la desatención de los sectores poblacionales más vulnerables. 

“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) comparecerá cada mes con el sector empresarial de Veracruz y Boca del Río por la ola de violencia que golpea al sector económico de esa área metropolitana… El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Coffau Kayser, informó que las reuniones se van a celebrar cada mes para revisar los avances en seguridad… El representante de la Coparmex reconoció que, desde la primera reunión, las fuerzas del orden, ‘están haciendo lo justo (sic)’” (Soberanes en La Jornada Veracruz 12-XII-2013).

Estos hechos sugieren que fue acertada la denuncia del Colectivo por la Paz Xalapa: la seguridad en el duartismo consistió en la protección del crimen y ciertas élites y el gobierno. Y la violencia e inseguridad produjo una hemorragia en la población que todavía no cierra.



viernes, 10 de febrero de 2017

¿Qué significa el triunfo de Donald Trump para el mundo, Latinoamérica y Estados Unidos? (Segunda Parte)

Impredecible. Es así como Noam Chomsky define a Donald Trump. Y es prudente el diagnóstico. Pero también es cierto que es posible discernir algunas inercias tras la toma de posesión del magnate. Las primeras decisiones de Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos permiten responder parcialmente a la pregunta de qué significa Donald Trump para Latinoamérica. La imprevisibilidad es la realidad. La actitud –optimista o pesimista–, una posibilidad. 

En otra ocasión se dijo que Hillary Clinton había sido una figura crucial en la “reducción a escombros de organismos Latinoamericanos como Unasur o Celac”, y en la “reedición de la Doctrina Monroe, [que fue] una operación que oficiaron exitosamente los demócratas”. Además, se adujo que: 

“[…] con una victoria electoral de Clinton, el grado de legitimidad que conseguiría acopiar sería virtualmente ilimitado, sólo por el hecho de haber derrotado al ‘monstruoso’ Trump. No habría contrapesos gubernamentales o políticos o sociales para frenar esa agenda criminal de los grupos de poder que representa Hillary. Y todas las derechas golpistas en Latinoamérica ganarían legitimidad o credibilidad ‘democrática’ con una alianza con la dirigente demócrata. Hillary es la pieza clave que necesitan las derechas emergentes en América Latina. Con Trump no es tan factible esa pax mafiosa. La alianza con un Estados Unidos gobernado por el republicano despertaría descontento e intranquilidad social. Y naturalmente ese es un escenario indeseable para las élites latinoamericanas. El triunfo de Hillary inhibe la posibilidad de una radicalización de las agendas sociales en América Latina. Hillary es la condición de la posibilidad de alcanzar un consenso continental oligárquico, de establecer un orden regional unificado profundamente derechizado, donde la neoliberalización y la reedición de la criminal doctrina Monroe arrollarían sin obstrucciones” (http://lavoznet.blogspot.com.br/2016/05/el-rompecabezas-continental-acerca-de.html). 

Decía Winston Churchill que “un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad”. Admito que el escenario arriba descrito para América Latina, responde a la primera actitud: es decir, la de buscar o capitalizar optimistamente –en beneficio de las luchas sociales– las fallas sísmicas de la catástrofe. Pero está prohibido ignorar el segundo escenario: el pesimista, que es la calamidad que la propia oportunidad prefigura. 

Si bien una posibilidad es que el sistema en su conjunto pierda legitimidad y se habiliten-activen las fuerzas sociales civilizatorias (minorías, trabajadores, estudiantes, migrantes etc.), no es menos posible que el ascenso de Trump dispare las fuerzas anti-civilizatorias más oprobiosas e insospechadas. Es importante insistir que la reemergencia de las derechas supremacistas-nativistas en Occidente representa la posibilidad de la reemergencia del fascismo. Aún no florece el neofascismo. Pero están situados los sedimentos. 

En este escenario pesimista –aunque no por ello improbable–, las derechas y oligarquías continentales apostarán por un repliegue político parcial, cómo ya están haciendo los gobiernos de México, Brasil y Argentina, e intentaran reeditar las consignas nacionalistas que en otra época orientaron el compás propagandístico de la dominación pre-neoliberal. La evidencia sugiere que abrazarán el discurso de la unidad nacional para profundizar la represión interna (persecución de la oposición política con la excusa del enemigo externo), y simultáneamente buscarán acuerdos con los damnificados del trumpismo, a fin de evitar el desmoronamiento de las élites domésticas. Incluso Mauricio Macri y Michel “Fora” Temer anunciaron recientemente la disposición de impulsar un acercamiento comercial con México y fortalecer el Mercosur (sin Venezuela, claro). 

Esto de ninguna manera significa que Estados Unidos abdicará a su injerencia en la región. América Latina es el perímetro de acción convencional de Washington, históricamente. En este sentido, la combinatoria de gobiernos latinoamericanos oligárquicos con un gobierno norteamericano proteccionista, prefigura un escenario ominoso para la región: fascismo doméstico en beneficio estricto de las élites nacionales, y unilateralismo económico en beneficio estricto de las oligarquías estadunidenses reunidas alrededor de Trump. Es un recrudecimiento de la unilateralidad histórica de Estados Unidos respecto a América Latina. No es exactamente Doctrina Monroe, acaso porque a Trump no le interesa seriamente el control de los pueblos continentales. Es dumping: es decir, la pura disposición de transferir a la región los costos de la restauración supremacista. 

Para documentar el optimismo, la buena noticia es que el rey está desnudo. Para documentar el pesimismo, la mala noticia es que está rabioso y delirante.

lunes, 6 de febrero de 2017

El Archivo del Terror de Javier Duarte: El Frankenstein militarista


III. El Frankestein militarista

En el sexenio de Javier Duarte, Veracruz se convirtió en un laboratorio de la alquimia militarista. En ese sangriento período de guerra no declarada contra la sociedad veracruzana, convergieron e intervinieron todas las instituciones de seguridad, fuerza pública y corporaciones policiacas. 

Que toda esa legión de fuerzas fuera impotente o incapaz de frenar el crimen, la violencia e inseguridad en el estado no es ningún fracaso. La delincuencia nunca fue un objetivo de la militarización: la militarización fue un objetivo de la delincuencia. Este diagnóstico se basa principalmente en dos indicadores, uno tangible otro intangible: el primero, el avance de la ocupación militar dentro del territorio veracruzano y el ensamblaje de los agentes castrenses con el crimen organizado; y el segundo, la aprobación de los sectores dominantes (político-empresariales) a la gestión militarizada de la seguridad. 

Esta aprobación, que no pocas veces se elevó a un júbilo desbordado por lo militar, se manifestó en casi todas las esferas gubernativas y empresariales. El 13 de diciembre de 2013, en un titular de la sección de política en La Jornada Veracruz se podía leer: “Piden empresarios militarización de las principales ciudades por la ola delictiva”. La nota refiere a un encuentro que sostuvieron altos mandos militares con empresarios del estado. 

En otra nota de septiembre de 2014, en el mismo diario, se anuncia la solicitud de los dirigentes del Partido de Acción Nacional de dar urgente entrada a la Gendarmería Nacional en el estado: 

“Seguiremos insistiendo en que llegue la Gendarmería Nacional, igual que otras fuerzas, la verdad es que en el tema de la inseguridad nada sobra (sic), al contrario, si llega la Fuerza Civil que están anunciando, bienvenida, pero que también llegue la Gendarmería, el Ejército, la Marina, y la Policía Federal (¡sic!)” (La Jornada Veracruz 15-IX-2014). 

La presentación de la Gendarmería Nacional en Veracruz se registró durante la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, y consistió en un despliegue de 300 elementos de la división. En octubre de 2015, el gobierno anunció, a través de la dirección regional sur-sureste de la Secretaría de Gobernación, que la Gendarmería Nacional entraría en funciones para “reforzar el trabajo de coordinación del grupo Veracruz Seguro…” (Grupo Fórmula 12-X-2015). 

“Veracruz Seguro” fue el nombre de la estrategia de centralización-militarización de la seguridad que en 2011 inauguró el duartismo

“El operativo ‘Veracruz Seguro’, presentado por el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y el gobernador Duarte el 4 de octubre [de 2011]… consuma la estrategia de unificar los mandos policiacos locales en el gobierno federal, por lo que la Marina será ahora la encargada de planear, coordinar y encabezar las labores de seguridad en el estado. Esto quiere decir que llegarán más efectivos militares al estado y que el gobierno del estado estará como auxiliar de los mandos castrenses” (De la Garza en Rebelión 10-X-2011). 

Las cinco acciones que englobó el operativo “Veracruz Seguro” fueron las siguientes: 

1. El despliegue de fuerzas federales en todo el territorio del estado bajo un mando único federal 

2. Información e inteligencia 

3. Evaluación y depuración de las corporaciones policiacas 

4. Mayores recursos para la seguridad 

5. Aplicación irrestricta de la ley en sus tres órdenes de gobierno (Ortiz en Al calor político 4-X-2011)  

Pero algunas organizaciones civiles y ciertos sectores de la sociedad veracruzana no aceptaron nunca las legitimaciones de la militarización que repiten el estribillo de la seguridad. La prensa reportó que, tras la implementación del Plan Veracruz Seguro, persistió el afán de la opacidad o el ocultamiento de información sobre la crisis de seguridad en el estado. Incluso con el operativo en marcha, la incidencia del crimen no decreció. 

A una semana de haber arrancado el operativo Veracruz Seguro, y sólo unos meses antes de su cobarde asesinato, Regina Martínez escribió en Proceso

“Mientras las autoridades veracruzanas y federales intentan ponerse de acuerdo sobre el manejo de la información acerca de los asesinatos masivos cometidos por la delincuencia organizada o grupos paramilitares, la sociedad sigue viviendo en el pánico y la psicosis ante una violencia inédita en la entidad… El jueves 6 [de octubre de 2011], las redes sociales fueron –otra vez– las que anunciaron la aparición de más de 30 cadáveres en casas de seguridad en tres fraccionamientos exclusivos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río… Pese a que después del mediodía del jueves la noticia del hallazgo de los cuerpos circulaba en las redes sociales y la información se había difundido extraoficialmente en los portales de internet, el gobierno estatal negaba los hechos. ‘Es mentira, no es cierto, no hay nada de eso’, insistió Miguel Valera, director de Información de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS, que encabeza Georgina Domínguez) ante las preguntas de esta reportera” (Martínez en Proceso 9-X-2011). 

El contraste de la realidad y los discursos era irreconciliable. Las narrativas negacionistas no eran suficientes. Y el duartismo acudió a la fórmula de maridar militarización con seguridad y bienestar de la población. En el marco de la presentación del Plan Veracruz Seguro, Duarte declaró: 

“Estamos fortaleciendo todo el territorio, bajo un mando único federal para recuperar los espacios invadidos por la delincuencia y lograr que sean nuevamente espacios seguros, en los que cada persona de bien pueda desarrollar su vida en paz con la seguridad de que su familia y patrimonio están siendo protegidos por las autoridades” (Ortiz en Al calor político 4-X-2011). 

En 2014, otra vez el mandatario refrendó votos con la fuerza pública en un acto protocolario celebrado en las instalaciones de la 26 Zona Militar. Duarte de Ochoa aseguró: 

“[…] la fortaleza institucional que tenemos en Veracruz está basada en esta coordinación estrecha, cercana, vinculante que existe entre las diferentes fuerzas y de manera destacada subrayo el Ejército y la Marina Armada, que han sido pilares fundamentales en el crecimiento (sic) de nuestro estado” (La Jornada Veracruz 21-IX-2014).

Un año más tarde (2015), Veracruz lograría el tercer mayor presupuesto para seguridad pública en todo el país: cerca de 390 millones de pesos, sólo detrás del Estado de México y el Distrito Federal (Redacción El Universal 2-I-2015). 

Está demostrado estadísticamente que esta inyección de recursos a las instituciones de seguridad, acarreó la erosión del derecho público y enseñoreó la excepcionalidad de la ley. Incluso esas modalidades de delito que a menudo involucran a agentes del estado aumentaron manifiestamente tras la implementación del mando único y la militarización: a saber, la desaparición, el secuestro y la tortura. 

Respecto a la desaparición, la Procuraduría General de Justicia del Estado indica que entre 2006 y 2014 alrededor de 2 mil personas fueron víctimas de ese delito en la entidad. 

Sobre el delito de secuestro abundan cifras. El Observatorio Ciudadano de Veracruz para la Seguridad y la Justicia reporta que “la tasa de secuestro en el estado de Veracruz es de 1.41 para el año 2014, ubicándose arriba de la tasa nacional que es de .86, ocupando el 6º lugar a nivel nacional… La tasa de incidencia delictiva por c/100,000 habitantes… aumentó un 53.58%” (Observatorio Ciudadano de Veracruz para la Seguridad y la Justicia VIII-2014). 

En materia de tortura, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, reportó 74 víctimas en Veracruz, correspondiente al periodo 2012-2014 (E-Veracruz 22-IV-2015), es decir, el bienio que siguió a la implementación del operativo Veracruz Seguro. Algunos analistas insisten en señalar que la incidencia de este delito a nivel estatal es superior. 

Con estos datos en mano, en 2014 se les preguntó a integrantes del Colectivo por la Paz Xalapa si era cierto que la militarización había aumentado la incidencia del crimen, a lo que respondieron: 

“Aquí en Veracruz la presencia de las fuerzas armadas ha sido nociva. Sí, esa presencia aumentó la incidencia del delito. Cada corporación tiene su modus operandi para cometer crímenes. La Marina ejecuta principalmente. La Policía Estatal desaparece. El Ejército, se presume que secuestra y entregan al crimen… La Policía Estatal se cuida de los Marinos. Pero la Marina trabaja conjuntamente con la Policía Estatal… Las corporaciones policiacas y militares no están para resolver la situación de inseguridad ni combatir al crimen. La policía y el ejército están selectivamente dispuestos para cuidar altos mandos. No están para cuidar a la gente… Cuando viene el cambio a policía estatal [militarizada], y se elimina la policía municipal, se dispara el número de desapariciones forzadas”. 

Que Veracruz sea uno de los estados más castigados por la violencia está estrechamente relacionado con la gestión militarizada y criminal de la seguridad que prohijó el duartismo, y con esa condición de laboratorio al servicio de ensayos militaristas frankensteinianos

El único resultado tangible de esos “ensayos militaristas” fue la ocupación militar-delincuencial del territorio y el espacio público veracruzanos. La seguridad sigue en crisis. Javier Duarte “prófugo”. Y la población civil en vilo por el clima de terror militar-criminal. A la violencia de la delincuencia se añadió la violencia del “orden”. Los problemas persisten o empeoran. Sólo cambia la presencia y el margen de acción de los mandos militares-delincuenciales. Crece.



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El Archivo del Terror de Javier Duarte: Los Periodistas

El Archivo del Terror de Javier Duarte: El narcoestado

martes, 24 de enero de 2017

¡Pégame pero no me dejes! Del neoliberalismo al neocolonialismo reciclado en México.


Frente a la ofensiva del recién llegado a la Casa Blanca (la de allá, no la de aquí) las reacciones de gobernantes y sus amos van desde la histeria hasta el masoquismo. Renuentes a perder sus privilegios, los poderosos en México no están dispuestos ni por un segundo a considerar un golpe de timón para responder a las intenciones neocolonialistas de la amenaza naranja. Por el contrario, están dispuestos a sacrificar lo que queda del país para que las cosas sigan como están, profundizando la dependencia económica, política y cultural concomitante con el recrudecimiento de la pobreza y la marginación para millones de mexicanos.

En el ya lejano año de 1938, cuando Lázaro Cárdenas ordenó la nacionalización del petróleo, se abrió un ciclo histórico que con la reciente reforma energética ha llegado a su fin. Iniciado el desmantelamiento del estado de bienestar a principios de la década de los ochenta,y reforzado con la firma del TLCAN, el país se encuentra hoy en el inicio de un nuevo ciclo en el que la profundización de la globalización neoliberal ha colocado al país en una dinámica neocolonial en pleno siglo XXI.

La llegada de los tecnócratas al poder significó el inicio de un proyecto económico que prefiguró claramente la debacle que hoy nos envuelve y condiciona. Lo que en aquellos años despertó la esperanza de buena parte de la población -a pesar de los múltiples indicios que vaticinaban- fue en realidad el arranque de un ciclo histórico que no sólo desmanteló al estado posrevolucionario sino desgarró a la sociedad en su conjunto para convertir a la nación en rehén de las grandes transnacionales.

El aumento del precio de la gasolina no es más que la consecuencia directa del proyecto neoliberal impulsado por Salinas y la oligarquía mexicana. Y si bien muchos no alcanzaron a imaginar hasta donde llegaría el proceso hoy resulta imposible de ignorar. La ofensiva en contra de Pemex, iniciada con la venta de la petroquímica, ha llegado a su culminación y las consecuencias están a la vista de todos. Y sin embargo el paraíso prometido está hoy más lejos que nunca y aunque para muchos resulta exagerado aceptar la idea de que hemos vuelto a los tiempos de la dictadura porfirista y el neocolonialismo del siglo XIX, es innegable el estado de postración y sumisión en el que se encuentra la economía mexicana.

El neoliberalismo como receta económica impulsó la venta de las empresas estatales, la flotación permanente del peso y la apertura indiscriminada de las fronteras al comercio internacional. Pero además consolidó al modelo maquilador, basado en el brutal descenso de los salarios reales, nulos controles ambientales y estímulos fiscales muchas veces concedidos en medio de un sistemático tráfico de influencias, lo  que debilitó sistemáticamente la planta productiva del país, tanto en el incipiente sector industrial como sobre todo en el agropecuario. Y el milagro nunca llegó. 

A lo largo de los últimos treinta años, el fortalecimiento de la receta neoliberal fue abriendo nuevas heridas que han llevado a políticos y empresarios a considerar que no hay otra alternativa que mantener a cualquier costo el modelo económico. Llama la atención como frente a las amenazas de Trump, la inmensa mayoría de los privilegiados del régimen se muestran aterrorizados no sólo por las consecuencias que tendría el regreso de millones de migrantes al país sino sobre todo por la posibilidad de que el TLCAN desaparezca. De hecho, están en la mejor disposición de que se mantenga, aun si eso significa n mayor sometimiento económico. Para nadie es un secreto que el infame tratado fue y es sustancialmente funcional para la economía estadounidense pero no tanto para la mexicana. El aumento consistente del desempleo, la disminución de cerca del 70% del valor de los salarios reales, la crisis ambiental y humana y sobre todo el fortalecimiento del crimen organizado son, junto con las terribles consecuencias en la salud de millones por el incremento en el consumo de comida chatarra, las consecuencias reales del TLCAN. El sobado argumento de que la balanza comercial es favorable  para la economía mexicana y que es resultado directo del TLCAN paso por alto el hecho de que lo que se exporta principalmente por la maquila de productos de las transnacionales. Es el caso, por ejemplo, de la joya de la corona, la industria automotriz, que exporta miles y miles de autos ensamblados en México… pero con refacciones importadas.

La quimera que Trump le ha vendido a sus votantes -en el sentido de que los empleos de dichas industrias volverán a los EE. UU.- sería un duro golpe para la economía mexicana pero también lo sería para las ganancias y el futuro de la industria automotriz yanqui que sólo ha podido seguir compitiendo gracias a los bajos salarios pagados a los trabajadores mexicanos. No por ello la economía yanqui dejará de utilizar la mano de obra mexicana pero ahora endurecerá las condiciones renegociando el TLCAN, con la complacencia de Peña y su grupo.

Por lo anterior es posible sugerir que la profundización de la dependencia de México y la visible cooperación del gobierno federal para hacerlo posible cierra el ciclo histórico neoliberal para abrir la puerta a un neocolonialismo que, al igual que el del siglo XIX no echará mano de la ocupación militar sino acelerará la dependencia poniendo de rodillas a la mayoría de la población -depredando sus recursos naturales y empobreciéndolos más de lo que ya están- con la entusiasta cooperación sumisa de gobernantes y empresarios. Estos últimos simplemente no conciben la posibilidad de configurar un país ajeno a la dinámica neocolonial, a pesar de las posibilidades que ofrece un mundo multipolar, sino todo lo contrario. Así lo sugieren intelectuales del régimen como Jorge Castañeda, quien se pregunta en un reciente artículo “¿Cómo deberíamos responder los mexicanos a la inminente toma de posesión de Donald Trump? No existe opción seria de diversificación: ni hoy ni desde el Porfiriato (…) y desde entonces —ya 120 años— eso no ha cambiado y no va a cambiar, debido a la inercia geográfica y cultural. La respuesta es más integración, no menos.” Semejante reconocimiento de la necesidad histórica del neocolonialismo en México podría ser traducida en clave masoquista como: ¡Pégame pero no me dejes¡

jueves, 12 de enero de 2017

De Obama a Trump: El fracaso de la revolución pasiva

William I. Robinson 

Barack Obama declaró a CNN el pasado 26 de diciembre que hubiera podido derrotar a Trump de haber tenido la oportunidad de enfrentarse al presidente electo por un tercer mandato, pero en realidad puede que el demócrata haya aportado más que cualquier otro para asegurar la victoria de Trump. 

Si bien la elección de Trump ha desencadenado una rápida expansión de las corrientes fascistas en la sociedad civil y en el sistema político estadounidense, un resultado fascista no es inevitable y dependerá de la lucha opositora que ya ha comenzado. Pero ocurre que esa lucha requiere claridad para poder entender cómo hemos podido llegar a un precipicio tan peligroso. Las semillas de un fascismo del siglo XXI fueron plantadas, fertilizadas y regadas por el gobierno del presidente que deja el cargo, Barack Obama, y por la élite liberal en bancarrota que es representada por la presidencia de éste. 

En los últimos años del régimen de George W. Bush y especialmente con el colapso financiero de 2008, hubo un agitado descontento que desencadenó protestas masivas en los Estados Unidos y en todo el mundo. El proyecto Obama fue desde el principio un esfuerzo de los grupos dominantes para restablecer la hegemonía que venía desmoronándose desde los años de la presidencia de Bush. La elección de Obama desafió el sistema a nivel cultural e ideológico y sacudió los fundamentos raciales/ étnicos que siempre han mantenido en pie a la República de Estados Unidos aunque, ciertamente, no desmanteló esos fundamentos. 

Sin embargo, el proyecto de Obama nunca tuvo la intención de desafiar el orden socioeconómico; por el contrario, trató de preservar y fortalecer ese orden para sostener la globalización capitalista, reconstituyendo la hegemonía y llevando a cabo una revolución pasiva en contra del descontento manifestado por las masas y propagando la resistencia popular que comenzó a cobrar vida en los últimos años de la presidencia de Bush. 

El socialista italiano Antonio Gramsci desarrolló el concepto de revolución pasiva para referirse a los esfuerzos realizados por grupos dominantes de provocar ligeros cambios desde arriba con el objetivo de desactivar movilizaciones desde abajo que buscasen lograr una transformación más profunda. Integral a la revolución pasiva es la cooptación de liderazgos desde abajo y la integración de estos liderazgos en el proyecto dominante. La campaña electoral de Obama en 2008 aprovechó y ayudó a expandir la movilización de masas y las aspiraciones populares de cambio como no se había visto en muchos años en los Estados Unidos. El proyecto de Obama cooptó esa creciente tormenta desde abajo, la canalizó a la campaña electoral y después traicionó esas mismas aspiraciones. El Partido Demócrata desmovilizó efectivamente la insurgencia desde abajo tan pronto se hubo reanudado con una revolución más pasiva y, de hecho, aceleró el proyecto de la globalización capitalista y del neoliberalismo. El entusiasmo masivo que generó la primera campaña electoral de Obama se disipó rápidamente. 

El capital transnacional corporativo financió ambas campañas presidenciales de Obama y compró la presidencia del mismo. Obama impulsó la agenda de la guerra global, el neoliberalismo y el rumbo hacia un estado autoritario. Se convirtió en el presidente de los rescates corporativos, el presidente de deportación en masa y el presidente de la guerra de aviones no tripulados: los llamados drones. Su gobierno impulsó la construcción de un sistema policiaco represivo y un estado de vigilancia. Se autorizó la detención indefinida sin posibilidad de hábeas corpus de cualquier persona que el estado considerara un "enemigo", se libró la guerra contra los denunciantes y los filtradores y se defendió el espionaje nacional y global de la NSA. Se aumentó el presupuesto militar, el cual ya había alcanzado un máximo histórico bajo el régimen de Bush. Se negoció la Asociación Transpacífica, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios. 

De esta forma el proyecto de Obama debilitó desde abajo la respuesta popular izquierdista a la crisis, abriendo así espacio para que la respuesta de la derecha con vista en un proyecto del fascismo del siglo XXI se volviera insurgente. El gobierno de Obama apareció, sin duda, como una república de Weimar. Aunque los socialdemócratas estuvieron en el poder durante la República de Weimar de Alemania en los años 1920 y principios de 1930, no persiguieron una respuesta izquierdista a la crisis; dejaron de lado a los sindicatos militantes, comunistas y socialistas y progresivamente se aferraron al capital y la derecha antes de entregar el poder a los nazis en 1933. La república de Weimar del siglo XXI de Obama generó condiciones propicias para el desarrollo de las fuerzas neofascistas en los Estados Unidos. 

Durante el régimen de Bush, estas fuerzas neofascistas se extendieron por toda la sociedad civil estadounidense, exhibiendo una creciente polinización cruzada entre diferentes sectores de la derecha radical como no se había visto desde hace años. Durante la presidencia de Obama, elementos de la derecha de entre la comunidad empresarial transnacional financiaron ampliamente movimientos neofascistas como el Tea Party y la notoria legislación neofascista de la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona en 2010. Esa legislación provocó leyes "copia" en otros estados del país y provocó que estallaran movimientos anti-inmigrantes de supremacía racial y de vigilancia fronteriza. Los multimillonarios hermanos Koch, de extrema derecha, por ejemplo, fueron los principales financiadores de la Tea Party y de una gran cantidad de fundaciones y organizaciones de fachada de la derecha, tales como Americans for Prosperity, Cato Institute y Mercatus Center. 

Estas organizaciones promovieron una versión extrema de la agenda corporativa neoliberal, incluyendo la reducción y la eliminación de los impuestos a corporaciones, recortes a los servicios sociales, la evisceración de la educación pública y la liberación total del capital de cualquier regulación estatal. Este neoliberalismo “recargado” es precisamente el programa económico del régimen entrante de Trump y converge perfectamente con los intereses de la clase capitalista transnacional, incluso si cultural e ideológicamente se encuentra vestido de forma dramáticamente distinta al de Obama y los liberales. 

Contrariamente a lo que dicen interpretaciones superficiales, la agenda de extrema derecha del trumpismo constituye una profundización y no una revocación del programa de globalización capitalista perseguido por la administración Obama y todas las administraciones estadounidenses desde Ronald Reagan. La crisis del capitalismo global se ha agudizado al confrontarse con un estancamiento económico y con el levantamiento de un populismo antiglobalización por parte tanto de la izquierda como de la derecha del espectro político. El trumpismo no representa una ruptura con la globalización capitalista sino más bien una recomposición de las fuerzas políticas y de discursos ideológicos que se acentúan a medida que la crisis y las tensiones internacionales llegan a nuevas profundidades. 

Ya sea del siglo XX o en sus variantes emergentes del siglo XXI, el fascismo es ante todo una respuesta a profundas crisis estructurales del capitalismo, como en el caso de la de los años treinta y la que comenzó con la crisis financiera de 2008. He estado escribiendo durante la última década acerca del surgimiento de las corrientes fascistas del siglo XXI en el contexto del nuevo capitalismo global. Una diferencia clave entre el fascismo del siglo XX y el fascismo del siglo XXI es que el primero involucró la fusión del capital nacional con poder político reaccionario y represivo, mientras que el segundo implica la fusión del capital transnacional con poder político reaccionario. El trumpismo no representa una salida; por el contrario, es la encarnación de la dictadura emergente de la clase capitalista transnacional. 

El trumpismo y el brusco giro hacia la extrema derecha es la progresión lógica del sistema político frente a la crisis del capitalismo global. La élite liberal y su proyecto de globalización capitalista a través del discurso "más amable, más suave" del multiculturalismo llegaron a un callejón sin salida y condujeron el sistema hacia una nueva crisis de hegemonía. Tomando el famoso dicho de Clausewitz de que "la guerra es una extensión de la política por otros medios", parafraseando, se puede decir que el trumpismo es una extensión del neoliberalismo por otros medios. 

Hay una linealidad en este aspecto desde Obama hasta Trump. Fue el gobierno de Obama y la élite liberal quienes se encargaron de abrir la caja de Pandora del trumpismo y el fascismo del siglo XXI. A medida que se acercaban las elecciones de 2016 la pregunta era: ¿cómo se expresaría el renovado descontento de las masas? La élite liberal marginó a Bernie Sanders y se alineó detrás de Hillary Clinton, pero a diferencia de como ocurrió en 2008, esta vez fracasaron los esfuerzos de lograr otra revolución pasiva. La élite liberal alimentó el giro hacia la extrema derecha al anular de nueva cuenta una respuesta izquierdista ante la crisis. 

La élite liberal se rehusó a desafiar la rapacidad del capital transnacional y su política de identidad sirvió para eclipsar el lenguaje anticapitalista de las clases trabajadoras y populares, empujando así a los trabajadores blancos hacia una "identidad" de nacionalismo blanco y ayudando a la derecha neo-fascista a organizarlos políticamente. Paralelo a las acusaciones que hizo el partido republicano contra aproximadamente 6 millones de votantes mayormente afroamericanos y latinos de aparecer en las listas de votantes de más de un estado y, por lo tanto, de haber cometido “fraude” electoral (acusaciones que resultaron ser falsas en casi la totalidad de los casos pero que tuvieron el efecto de negar el voto a los acusados), Trump hábilmente movilizó a una parte significativa de la clase trabajadora blanca en torno a un discurso demagógico racista caracterizado por los chivos expiatorios, la misoginia y la fanfarronería imperial valiéndose de la manipulación del miedo y la desestabilización económica. 

El discurso a veces velado o disimulado y a veces francamente racista y neofascista del trumpismo ha "legitimado" y desencadenado movimientos ultra-racistas y fascistas en la sociedad civil estadounidense. Parece ser que estas fuerzas están logrando un punto de apoyo en el estado estadounidense a través del emergente régimen de Trump. Este régimen reúne a billonarios banqueros y hombres de negocios con generales guerreros activos en política y activistas neofascistas en un cóctel mortal que amenaza con llevarnos al desastre si la lucha de resistencia no es capaz de descarrilar el trumpismo. 

Este es un momento extremadamente peligroso, pero es muy fluido. Las élites políticas y económicas están divididas y confundidas. El trumpismo ha fracturado aún más a los grupos gobernantes y bien podría estar generando una crisis de Estado que abriría espacio para respuestas populares e izquierdistas desde abajo. Una parte significativa de la élite se opuso a Trump durante la campaña presidencial. ¿Esas élites se acomodarán al régimen trumpista o se volverán contra él? 

No nos encontramos en este momento en un sistema fascista y ello se podría evitar si la lucha de resistencia se conforma en un carácter expansivo, organizado y unificado en un frente anti-neofascista. Para lograrlo, la lucha no debe recurrir a la decadente élite liberal organizada en el Partido Demócrata. Las fundaciones y las corporaciones buscarán financiar a los grupos liberales anti-Trump e intentarán modelar la agenda de la lucha anti-Trump de nuevo. Los demócratas y sus contribuidores corporativos tratarán de canalizar la lucha contra el trumpismo en las próximas elecciones legislativas y presidenciales. 

El protagonismo político de la clase trabajadora debe alcanzar la hegemonía dentro de cualquier frente unido contra el neofascismo. La base electoral de Trump dentro de la clase trabajadora descubrirá muy pronto durante el régimen del republicano que sus promesas eran un engaño. ¿Cómo se contendrá su rabia? ¿Serán reclutados hacia proyectos del fascismo del siglo XXI o hacia un proyecto popular, de izquierda y de resistencia y transformación? Para que esto suceda necesitamos ir más allá de las políticas de identidad, reconstruir una identidad de la clase trabajadora uniendo la lucha antirracismo y de defensa de los migrantes con un programa de reconstrucción económica y social que propugne el lenguaje de clase y socialismo en la política y en el quehacer cotidiano. Solamente trabajando hacia la construcción de la organización de la clase trabajadora global en toda su diversidad y situando su multiplicidad de luchas en el centro de la resistencia es que podremos ganar. 

William I. Robinson: profesor de sociología, Universidad de California en Santa Bárbara