miércoles, 24 de agosto de 2016

El neoliberalismo en Veracruz: transiciones virtuales, continuidades reales.


La próxima salida del PRI del gobierno del estado ha generado un optimismo rayano en la ilusión barata, al grado de que se habla ya de la transición a la democracia en Veracruz, de la desaparición como por arte de magia de vicios, tendencias e inercias añejas. En realidad estamos frente a la reedición de un gobierno que en los años noventa impuso el neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio, a sangre y fuego, en Veracruz.

Pero antes veamos cuales son los componentes básicos de una transición a la democracia, de acuerdo con Silvia Gómez Tagle, quien en 1998 publicó un texto titulado: Los signos de la transición en México. En él la profesora de El Colegio de México definió cuatro niveles de análisis: los partidos y el sistema de partidos; las reglas del juego político electoral; la cultura política de los ciudadanos; y la alternancia en el poder. Analizar las condiciones de dichos niveles servirá para medir lo que algunos llaman ahora ‘calidad de la democracia’ o para efectos de este artículo, si estamos en medio de una transición o de la continuidad del régimen autoritario que, vestido con la seda de la democracia, sigue siendo excluyente y proclive al fascismo.

En primer lugar nadie puede negar que existen partidos políticos y que el sistema de partidos tradicional, o sea, el de partido hegemónico (Sartori dixit) ha sido desplazado no cómo el propio politólogo italiano sugirió, por la aparición de un sistema de partidos pluralista, sino por el de partido dominante. En efecto, el PRI ha dejado de ser hegemónico -aunque de manera dispareja en los estados del país- pero de eso a que sea una fuerza política más hay muchos trecho. En realidad, el PRI ha seguido controlando al Congreso de la Unión pero sobre todo ha seguido vigente el modelo económico que instituyó de la mano de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, en las postrimerías del siglo XX. Esto sin mencionar el estilo priísta de gobierno, que ha permeado a todos los demás partidos al grado de que cambian los colores pero los gobiernos siguen haciendo lo mismo: saquear al erario e imponer el neoliberalismo al costo que sea. O peor, los cuadros del PRI han invadido a los demás partidos con militantes molestos por no haber logrado sus objetivos dentro del partidazo o simplemente por diferencias de forma que no de fondo. El caso paradigmático lo representa AMLO, quien encabeza para muchos la oposición ‘real’ pero que bebe de las aguas del pantano priísta. Basta ver el poder de su dedo para colocar candidatos a diestra y siniestra para comprobarlo, su reciente amnistía a Peña Nieto y sus amigos, o su desprecio por la defensa de la diversidad cultural y sexual.

En Veracruz el poder del PRI sigue vigente (aunque bastante golpeado) no sólo porque el modelo económico permanece, porque las formas demagógicas son el pan de cada día o, en el colmo, porque el que encabeza la alternancia fue miembro destacado del PRI, habla como si fuera priísta, piensa como priísta y …. Sigue y seguirá presente porque ni el PAN y mucho menos su rémora, el PRD, cuentan con los cuadros suficientes y necesarios para cubrir al menos los puestos directivos de la administración estatal, ya no se diga los puestos medios. De las candidaturas mejor ni hablar; el próximo año se verá como echan mano de priístas reciclados para competir en las elecciones municipales. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el segundo nivel de análisis, las reglas del juego electoral, han mantenido su finalidad original: que el régimen se mantenga y de preferencia con el PRI en el gobierno. Es tal el deterioro del subsistema electoral -gracias a que son los propios partidos los que diseñan y aprueban las reformas electorales- que el otrora prestigiado IFE, hoy INE, ya no resulta confiable para nadie, ni para los votantes ni para los propios partidos; del OPLE veracruzano mejor ni hablar. Las chicanadas, simulaciones y sistemática violación de la normatividad electoral -ésta última especialidad del PVEM pero utilizada sin rubor por todos los partidos -demuestran que las reglas del juego electoral son una farsa que oculta la reconfiguración de la vieja tradición mapacheril, ahora complementada con la oportuna participación del narcotráfico que, al mismo tiempo que ‘apoya’ con dinero las campañas de su preferencia, amenaza e incluso desaparece a candidatos no confiables o de plano amenaza y acosa a los votantes. 
 
Así las cosas, las reglas del juego electoral y los organismos ‘autónomos´ que están para hacerlas valer son extremadamente débiles para darle confiabilidad a los procesos electorales. Son letra muerta o, en el mejor de los casos, armas para validar el fraude del partido ganador, el cual a pesar de rebasar topes de campaña, adelantarse a los tiempos oficiales, utilizar recursos públicos -materiales y humanos- comprar voto a destajo y un largo etcétera festeja su triunfo equiparándolo con el triunfo de la democracia y la voluntad popular.

El tercer nivel de análisis, la cultura política de los ciudadanos, apunta a analizar su nivel de participación, de información y de crítica. Aquí las cosas no están mejor pues a pesar de la aparición de órganos autónomos diseñados para proteger las libertades y derechos de los ciudadanos frente al poder en las últimas tres décadas es innegable la paulatina pérdida de derechos expresada sobre todo en desapariciones forzadas, asesinatos, encarcelamientos y amenazas que desde hace ya más de una década son parte de la cotidianidad de los veracruzanos. La militarización del país, iniciada con el gobierno de Felipe Calderón, fue recibida y emulada desde el gobierno de Fidel Herrera para profundizarse con Javier Duarte. Diseñada para contener el descontento social producto del fortalecimiento del neoliberalismo pero con el argumento público de combatir el narcotráfico y la inseguridad creciente, la militarización ha provocado una involución en términos de promover la participación ciudadana en los asuntos públicos. El sometimiento a chuecas o derechas de los medios de comunicación en el estado no abona para contar con una ciudadanía informada y crítica; muchos menos el récord que ostenta el estado en asesinatos contra periodistas. 
 
Por otro lado, la cultura política de los gobernantes ha sufrido también un importante retroceso. El ‘ni los veo ni los oigo’ es hoy por hoy el mantra para los políticos, con el agravante de que ahora han incorporado a su léxico todo lo relacionado con el discurso sobre derechos humanos, la igualdad de género, el combate a la pobreza, la consulta ciudadana. Pero en los hechos, los políticos se han aliado con las causas más retrógradas como la derecha confesional, tirando por la borda los tímidos avances logrados en las últimas décadas gracias precisamente a la participación de la sociedad organizada. Nunca como en nuestros días se ha instalado un discurso progresista en el contexto de la peor tragedia humanitaria que ha vivido el país y el estado. Como lo señalé en otro lugar, el voto de castigo no construye nada, es sólo consecuencia de la venganza que una vez lograda nos deja en el mismo lugar en el que estábamos… o peor.

La alternancia aparece así como un nivel de análisis que describe mejor que los anteriores, la continuidad del régimen. La imposición del neoliberalismo en Veracruz fue iniciada a principios de los años noventa con la llegada de Patricio Chirinos al gobierno del estado y se continuó en los gobiernos de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera y Javier Duarte. Lo interesante de todo esto es que durante el gobierno de Chirinos –gracias a su obsesión por ser el sucesor de Salinas- el que llevó las riendas del ejecutivo estatal fue, ni más ni menos, el candidato de la alternancia un cuarto de siglo despúes: Miguel Ángel Yunes. Así que de alternancia nada, más allá de los colores. 

La alternancia y la supuesta transición que festejan personajes como Francisco Monfort no es en realidad más que la continuación de un modelo económico y político basado en la exclusión, la marginación y la violencia institucionalizada. Pero además, apoyado en la desmemoria y el cinismo. ¿Cómo negarlo si el verdugo de los cuadros del PRD en los noventa es hoy precisamente el candidato que ganó la elección apoyado por lo que quedó de ésa izquierda electoral? Es cierto que el apoyo electoral de PRD para que ganara Yunes fue mínimo pero en mi opinión estratégico para contener a MORENA, al grado de que un cuadro perredista de siempre, Uriel Flores, se frota las manos esperando su recompensa por los votos sumados al PAN, gracias a su ‘prestigio’.

Más allá de que este breve análisis pueda ser calificado de pesimista, sobre todo por los que se incorporarán al presupuesto público a partir de diciembre, lo que es innegable es que el modelo económico, o sea, el neoliberalismo en Veracruz iniciará una nueva etapa -una vez consumadas las reformas estructurales de segunda generación- que estará caracterizada por la desaparición de PEMEX y la llegada de Exxon, Chevron y demás; la intensificación de los proyectos hidroeléctricos y el fracking para explotar el gas; la precarización laboral con la quiebra del IPE y la reforma educativa; el despojo sistemático de propiedad pública, el deterioro ambiental y la pérdida de derechos políticos y civiles en favor de las causas más reaccionarias. Y por si fuera poco, encima de todo ello, la militarización creciente para asegurar que el modelo neoliberal siga vivito y coleando en Veracruz y en México. Así las cosas ¿cuál transición? ¿Cuál alternancias? Es evidente que será la continuidad la que domine los próximos años y no me refiero sólo a los dos que vienen.

Gómez Tagle, Silvia. "Los signos de la transición en México", en El debate nacional. Escenarios de la democratización. México, Diana, 1998. pp. 145-165.

domingo, 21 de agosto de 2016

El rompecabezas continental: acerca de cómo procede la restauración oligárquica en América Latina

En este ejercicio de análisis de la región que arrancamos hace casi un año, hemos identificado algunas constantes e inconstantes que se antoja preciso subrayar a modo de recapitulación, con el objeto de seguir construyendo un marco de análisis que permita anticipar ciertos escenarios e interpretar otros pretéritos cuya huella perduran en el presente. En un aspecto parece haber consenso: en América Latina está en curso un proceso de reconquista colonial y de restauración del poder de clase, que no son la misma cosa pero que están íntimamente entretejidos. Si admitimos esta tesis, estamos obligados a admitir que hubo un período marcado por la inercia opuesta: es decir, de descolonización y democratización. En efecto, la evidencia sugiere que hubo un progreso en los dos renglones, pero que ese progreso tuvo un horizonte de ampliación más acabado en la dimensión descolonizadora. La democratización prosperó de manera diferenciada en América Latina, y esa diferencia responde a las especificidades de los procesos políticos de cada país. Con escasas excepciones, México, Colombia y Honduras señaladamente, casi la totalidad de los países al sur del río Bravo viraron hacia la izquierda al menos por uno o más ciclos presidenciales. Y refiero a esas tres excepciones porque sus trayectorias ponen de manifiesto algunas de esas constantes e inconstantes que conviene destacar, acaso porque allí se incuban los procedimientos que en el presente inciden concertadamente en la región. 

En México hubo un primer ciclo de reformas neoliberales entre 1988 y 1994. Después hubo un interregno de doce años, que también transitó por la ruta anti-laboral de los mercados globales, pero que se distinguió fundamentalmente por una escalada de la violencia de Estado. Tras el triunfo electoral de Enrique Peña Nieto en 2012, la agenda de la neoliberalización arreció, básicamente con dos reformas a la delantera: la reforma energética y la reforma educacional. Pero cabe detenerse en eso que llamo el “interregno”. 

En 2006, México también amagó con virar a la izquierda, en consonancia con sus pares del sur. El candidato de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, enfrentó en 2004-2005 un proceso de desafuero por escándalos de corrupción (que es el estribillo en boga de la derecha). Sin embargo, el establishment político no consiguió frenar su candidatura a la presidencia. Y de acuerdo con “peritajes” electorales extraoficiales, López Obrador ganó esa elección. El computo oficial, no obstante, otorgó el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa, por un minúsculo margen de 0.56 por ciento. Lo que siguió fue un baño de sangre nacional. Sólo en el sexenio de Calderón Hinojosa, se estima que perdieron la vida cerca de 136,000 personas por incidentes relacionados con la narcoviolencia, desaparecieron decenas de miles de personas, y cientos de miles de familias abandonaron sus estados de origen. Esta tragedia humanitaria se desencadenó tras la declaratoria de guerra contra el narcotráfico que, en diciembre de 2006, por decreto político unipersonal, ordenó Felipe Calderón. 

En México, frenaron la inercia de cambio con la guerra. En 2007 entra en vigor el Plan México, que es un Plan de Estados Unidos para México, con dos figuras de injerencismo estadunidense: Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte e Iniciativa Mérida. En el primer paquete de asistencia, las fuerzas armadas mexicanas recibieron 61 por ciento del presupuesto total. 

De 2007 a 2013, las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto desmantelaron las industrias aeronáutica y energética, extinguieron organizaciones gremiales como el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato de Mexicana de Aviación, y abolieron los derechos laborales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y de los dos gremios magisteriales: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). 

La fórmula oligárquica: seguridad con diseño estadunidense más reformas estructurales. 

El caso colombiano es asombrosamente similar. En el período 1996-1997, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cosecharon las victorias militares más destacadas en la historia de la guerrilla. Poco después de las elecciones de 1998, las FARC consiguieron desmilitarizar cerca de 42.000 kilómetros cuadrados, para la celebración de los diálogos de paz en El Caguán, que fracasaron porque el Estado acompañó el proceso con una gran acción de violencia paramilitar contrainsurgente. Lo cierto es que la apuesta de todos los gobiernos fue aplastar militarmente a las FARC. Hasta 1999, el Estado no conseguía producir un cambio en el balance militar a favor de la fuerza pública. 

Con la excusa del narcotráfico, Colombia y Estados Unidos firman el Plan Colombia para la Paz (1999), que en realidad era un Plan de Estados Unidos para Colombia. Del total del presupuesto de asistencia, 63.3 por ciento correspondió al componente militar (casi exactamente el mismo porcentaje consignado en el Plan México). Dice el investigador colombiano, Max Yuri Gil: “El Plan Colombia lo que generó fue eso: una repotenciación del Ejército, y una inversión en la correlación de fuerzas. Ese es el pacto del Plan Colombia: la destrucción de la ventaja militar que tuvieron las FARC, y una derrota estratégica de la guerrilla… Nunca más las FARC pudieron volver a generar una gran concentración de tropa para ocupar territorios”. 

Dawn Paley, periodista independiente, observa: “Inmediatamente después del Plan Colombia, la compañía estatal de petróleo, Ecopetrol, fue privatizada, y nuevas leyes fueron promulgadas para alentar la inversión extranjera directa… batallones especiales del ejército fueron entrenados para proteger los oleoductos que pertenecían a compañías estadounidenses. En el marco del Plan Colombia, la inversión foránea en las industrias extractivas se elevó a los cielos, y se firmaron nuevos acuerdos comerciales”. 

Otra vez la fórmula oligárquica: seguridad con diseño estadunidense más reformas estructurales. 

En la antesala de la aprobación del Plan Colombia, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, afirmó: “No debemos apoyar ni permitir que una democracia elegida por su pueblo, defendida con gran valor por gente que ha dado su vida, sea minada y subvertida por aquellos que literalmente están dispuestos a hacer pedazos al país apartándolo para avanzar su propia agenda… Tenemos que ganar la lucha por el área de libre comercio de las Américas. Tenemos que probar que libertad y mercado libre van de la mano” (Jairo Estrada Alvaréz en “Plan Colombia: Elementos de economía política”). 

Cuando dice: “…aquellos que están dispuestos a hacer pedazos al país”, teóricamente se refería a los narcotraficantes. Pero unos años más tarde, en 2016, Hillary Clinton admitió sin rubor el objetivo no declarado del Plan: “…[el] objetivo era tratar de utilizar nuestra influencia para controlar las acciones del gobierno contra las FARC y las guerrillas, pero también para ayudar al gobierno a detener el avance de las FARC y de las guerrillas” (http://www.democracynow.org/es/2016/4/13/hear_hillary_clinton_defend_her_role).  

En esa misma entrevista, la señora de Clinton aceptó lo que hasta ese momento era un secreto a voces: a saber, que en 2009 apoyó el golpe de Estado que puso fin al mandato de Manuel Zelaya en Honduras. También acá, la injerencia de Estados Unidos privó a ese país de un viraje hacia la izquierda o la descolonización. Esa intervención diezmó a la población, y fortaleció la dimensión autoritaria. Berta Cáceres es una de las víctimas de esa ambición recolonizadora. Hillary reconoció con orgullo su participación en el golpe, y amenazadoramente previno a aquel país de sus planes para el futuro: “Trabajé muy duro con los líderes de la región y conseguí que Óscar Arias, el ganador del Premio Nobel, tomara el liderazgo para tratar de negociar una resolución sin derramamiento de sangre. Y eso era muy importante para nosotros, ya sabe, Zelaya tenía amigos y aliados, no sólo en Honduras, también en algunos de los países vecinos, como Nicaragua, y podríamos haber tenido una terrible guerra civil, con una aterradora pérdida de vidas… Y comparto su preocupación, no sólo sobre las acciones del gobierno; las bandas de narcotraficantes y los traficantes de todo tipo se están aprovechando del pueblo de Honduras. Así que creo que tenemos que hacer un plan Colombia para Centroamérica (¡sic!)”. 

Y después del Plan (con diseño estadunidense) ya sabemos que sigue. 

En América Latina está en curso un proceso de reconquista colonial y de restauración del poder de clase. Y la estrategia que dispuso la derecha continental se apoya fuertemente en la fórmula antes referida: seguridad con diseño estadunidense más reformas estructurales. 

El gobierno de Mauricio Macri en Argentina da señales de avanzar peligrosamente en esa dirección. Eso se tratará en la siguiente entrega.

domingo, 14 de agosto de 2016

Cantinflas o el populismo o síganme los buenos

El diccionario de la Real Academia Española define “cantinflear” como la disposición de “hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia”. Luego de discutir durante una suma generosa de años el concepto de “populismo”, en esas gélidas aulas destinadas a la instrucción de la Ciencia Política, uno llega a desarrollar una noción más o menos empíricamente exacta de eso que –con absoluta justicia para un comediante cuyo sello fue la acrobacia verbal sin contenido– se conoce como “cantinfleo”. En fin, después de esa “suma generosa de años” de insoportable inanición conceptual, juzgué urgente contribuir a enterrar una de esas palabras falsarias que algunos usan como "arma arrojadiza” y otros elevan a rango de categoría conceptual. Tengo certeza que no son pocos los que padecen el fastidio de la “cantaleta populista”. Por eso extiendo la invitación para participar del cortejo fúnebre de “populismo”. Síganme los buenos. 

Es difícil rastrear el origen de la palabra “populismo”, acaso tan difícil como llegar a un consenso acerca de su significado, por eso es que acá se arguye que no es propiamente un concepto, porque no connota ni denota nada preciso (que teóricamente es la precondición de un “concepto”). Etimológicamente refiere al “pueblo”, que es otra de esas palabras ambiguas. Algunos sitúan el primer acto de la idea de “populismo” en el período de la última república romana, que se usaba para designar a esos líderes populares que se oponían a la aristocracia tradicional. Otros afirman que la palabra apareció en el siglo XIX, en Estados Unidos y Rusia, simultáneamente, pero con significados diferentes. Ese registro geográfico e histórico es más o menos irrelevante, acaso porque se trata de un pseudoconcepto irrelevante para la discusión política.  

El léxico político es polivalente por naturaleza. Eso es cierto. Pero precisamente por eso habría que apostar a minimizar el efecto (siempre rentable para los sofistas) de la inflación palabraria. “Populismo” es una de esas palabras residuales e inútiles. Y no sólo por su vaguedad e imprecisión, sino también, y acaso más profundamente, por el uso intencionadamente ideológico (y perverso) que otorgan sus más conspicuos vociferantes. 

Acerca de la definición de “populismo”, no hay un acuerdo sobre qué es, y se esgrimen todas las prenociones que al emisor en cuestión se le ocurren: que es una ideología o un estilo o una estrategia, o bien, que puede ser discursivo o político o moral. 

Unos dicen que es nativista porque construye la noción de “pueblo” con base en la exclusión de los otros. Pero esa característica excluiría a Hugo Chávez, que –según la doxa de baja estofa– es el “populista” por excelencia, porque su proyecto político (bolivarianismo) apunta a la integración de los múltiples pueblos de la región por oposición al aislacionismo. Otros dicen que se trata de una actitud de polarización que involucra a una élite minoritaria y un pueblo mayoritario. 

Pero esa situación no es el resultado de un discurso o de algún decreto unipersonal: la asimetría socioeconómica es una situación objetiva. No es accidental que en todo el mundo se extendiera la consigna de “Somos el 99% (de la población) que tiene razones para estar indignada con el 1% (que son los ricos y poderosos)”. La desigualdad no es una ocurrencia de un líder caprichoso. La polarización es empíricamente real. 

No pocos señalan que el “populismo” es una forma de hacer política que carece de contenidos programáticos y que es compatible con una variedad de estructuras estatales. Hasta Cantinflas se asombra: “Tons, como quien dice… ¿Cómo dice que me dijo que dijo?” En realidad, tranquilamente podríamos reemplazar “populismo” por “partido político”. En el presente, las organizaciones partidarias son cheques en blanco sin programa, que una vez que consiguen conquistar el poder público se ponen al servicio de las agendas de los grupos económicos que definen los contenidos de la política. 

Los liberales más adoctrinados a menudo afirman que el “populismo” es una construcción maniquea de un “ellos” y un “nosotros”. Pero toda la historia del occidente moderno se basa en un maniqueísmo político e ideológico. Es amplio el inventario de antinomias supersticiosas de la modernidad: universalismo-particularismo, occidente-oriente, público-privado, desarrollo-subdesarrollo, ciencia-filosofía, cristianismo-islamismo, autoritarismo-democracia, etc. Todos los gobernantes en Estados Unidos sin excepción, invocan el trillado “choque de civilizaciones” (que se remonta a una presunta lucha entre un mundo cristiano civilizado y un mundo árabe bárbaro) para generar un clima de consenso domésticamente. Otros dirigentes políticos, que según los “teóricos del populismo” no figuran en el “círculo populista”, como Felipe Calderón Hinojosa (el señor de los casquillos), recurren a la misma fórmula maniquea del “ellos” y “nosotros”, y nadie nunca lo acusó de populista. En 2011 dijo: “Hacer acopio de fuerza, enfrentar y dominar el mal. Los mexicanos de bien estamos en el mismo bando y por eso no podemos dividirnos sino apostar a la unidad…” 

Los simpatizantes de eso que genéricamente se conoce como “populismo”, pero que francamente nadie sabe qué significa, arguyen que se trata de la construcción de un sujeto político en momentos de crisis institucional. Pero eso es una obviedad. Los sujetos políticos se construyen muy a menudo al margen de la institucionalidad y en respuesta a la crisis institucional. Se llama organización social de base. Que esa situación la capitalice favorable o desfavorablemente algún líder político es consustancial a los procedimientos rutinarios de la representatividad. Por añadidura, la construcción de un sujeto político auténtico es necesariamente de clase, no de pueblo. Lo políticamente fundamental es la especificidad de la ruta hacia la conquista del poder político por una clase social. Pero la noción de “populismo” hace abstracción de eso, y sus panegiristas optimistas sugieren, con rusticidad teórica, que es llanamente una “forma” de articulación política. 

Eso que llaman “crisis institucional” es una perogrullada. La institucionalidad, especialmente en América Latina, es una mera formalidad. En una región históricamente desahuciada en ese renglón, la política nunca se dirimió allí. En Latinoamérica no alcanzó una materialidad acabada la noción de citoyen, esa abstracción depositaria de garantías o derechos que es la precondición de eso que llaman las “instituciones democráticas”, ni ninguna de esas otras quimeras liberales que incluso en sus matrices geográficas occidentales carecen de valor u operatividad en el presente. 

Los coléricos maldicientes del “populismo”, que tampoco saben bien qué significa, sostienen que ese “incivil comportamiento” es una desviación de las coordenadas demo-liberales, que transgrede los equilibrios institucionales de una “democracia sana”. Pero insanos son los desatinos de esos liberales equilibristas que presumen neutralidad, acaso encantados con el misticismo de la rancia modernidad. Esos desatinos son tributarios de una interpretación adulterada de Hobbes. No entendieron que la prescripción institucional hobbesiana no aspira al momento democrático, sino al momento de la autoridad, que es exactamente lo opuesto. Hobbes no prescribió la democracia; prescribió un artificio de obediencia: el Estado. La condición de posibilidad de la democracia está en el desequilibrio. Y eso no se llama populismo: se llama desobediencia civil. Y poca o ninguna relación tiene con los gobiernos. La democracia en clave liberal existe sólo bajo el conjuro de la simulación. Y esa simulación es el equilibrio que exalta el anti-populista. 

Que el populismo puede ser de derecha o de izquierda, en eso coinciden casi todos. Y que, por lo tanto, no responde a ninguna ideología y depende de los valores contra los que se alza. Acá uno puede pensar en Donald Trump, por aclamación acusado de populista, y cuyo discurso se basa en decir exactamente lo opuesto a lo que diría cualquier líder político del establishment tradicional (no a las minorías o al libre mercado o al injerencismo estadunidense; sí al uso extendido de armas de fuego o al fortalecimiento del mercado interno o a los muros aislacionistas etc.). Sin embargo, casi todos omiten que ese remedo de “oposición” emerge desde una posición de privilegio (Trump es rico e influyente), y eso es lo políticamente fundamental. El Diccionario de la Real Academia Española define “demagogia” como una “degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”. ¡Trump es un demagogo! Punto. 

La discusión sobre el populismo sólo podía florecer en las miasmas mortuorias de una disciplina como la ciencia política, que siempre se ocupó de las formas y nunca de los contenidos sustantivos de la política, que por cierto es una actitud típicamente anti-científica. 

Esos que desde la derecha asisten al epíteto de “populismo” tienen el propósito de enarbolar una consigna peyorativa que desautorice a algún contrincante con aprobación popular. Es básicamente un ardid lingüístico despreciativo sin valor explicatorio. 

Esos que desde la izquierda empuñan el “populismo”, involuntariamente reproducen el preconcepto de la derecha, sin atinar tampoco en la explicación de la cosa política. En Estados Unidos recientemente cobró fuerza una discusión (principalmente entre la comunidad afrodescendiente) acerca de eso que genuinamente define a la negritud en ese país. En ese ejercicio los afroamericanos descubrieron que muchos rasgos o comportamientos que otrora consideraron propios, en realidad eran prejuicios que los blancos cultivaron históricamente y que los negros se apropiaron con el tiempo, creyendo que eran naturales o representativos de su cultura. El “populismo” es ese prejuicio que cierta izquierda se apropia y eleva a rango de programa político. 

El populismo es un relato ideológico que tiene nula importancia teórica, política e histórica. Es una acrobacia verborréica, una telaraña autorreferencial, fuente de discusiones acaloradas pero absolutamente fútiles que desembocan en enredos metapolíticos inescrutables. “¡Ahí está el detalle! –dice Cantinflas–. Que no es ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario”

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160815_085616_829

jueves, 28 de julio de 2016

Narcoestado y movilización magisterial en México

Por convención, un narcoestado es definido como una territorialidad política donde el narcotráfico es un agente que disputa al Estado el control de las instituciones con cierto éxito. Pero esa es una definición estéril, a todas luces tributaria de ciertas prenociones funcionalistas que ignoran o desnaturalizan el curso de los hechos. Un narcoestado es una construcción histórica, que en algunos países como México, Colombia o Italia llegó a alcanzar un estadio acabado. Su presencia en la historia es transitoria. Es básicamente una forma de Estado cuya característica fundamental es la de habilitar escenarios de excepcionalidad con altos volúmenes de represión, con el propósito de anular procesos de resistencia organizada en beneficio de negocios que por definición concurren fuera de la ley, señaladamente el narcotráfico e industrias criminales adyacentes. En este sentido, el narcoestado está cruzado por dos procesos torales: uno, la configuración de un orden de contrainsurgencia total; y dos, la organización delincuencial de la política y la economía. La reforma educacional está marcada por este par de procesos: represión a gran escala y despojo criminal de derechos laborales y sociales. 

Rafael de la Garza acierta cuando observa que la acción represiva del Estado mexicano contra la protesta magisterial no responde solamente a la premura de impulsar la reforma educativa, que como bien se ha señalado tiene escasos o nulos contenidos pedagógicos. El propósito es acabar con un actor político –la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación– que resiste organizadamente a las reformas estructurales. Por eso el Estado mexicano acude a la violencia y represión como un primer recurso para “dirimir” el conflicto sin agotar otras instancias institucionales. El narcoestado facilita la neutralización de la sociedad organizada, criminalizando a la totalidad de la población (el magisterio, para el caso que nos ocupa) con base en ciertas políticas recogidas de la noción de “seguridad nacional”, señaladamente la trillada guerra contra un enemigo que no es enemigo sino un actor neurálgico en las estructuras económico-políticas del país: el narco. 

En México, un capo de la droga tiene fuero para delinquir, y cuando llega a ir preso recibe trato preferencial en la cárcel. En cambio, un opositor político es perseguido a sangre y fuego, y cuando es aprehendido recibe un trato barbárico, desde una desaparición forzada hasta una tortura humanamente inenarrable. Ya hubiera querido Julio Cesar Mondragón, uno de los chicos asesinados en la trágica noche de Iguala cuyo rostro fue desollado, gozar de esas “garantías individuales que establece la ley” que tanto preocupa al gobierno en relación con ciertas figuras como Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Y mientras, por un lado, la “justicia” nacional concede el beneficio de “cárcel domiciliaria” a Ernesto Carrillo Fonseca, Don Neto, o a Rafael Caro Quintero, antiguos líderes del cártel de Guadalajara, alegando falta de pruebas o irregularidades administrativas en el proceso de enjuiciamiento, por el otro, persigue a dirigentes estudiantiles como Omar García, ex vocero de los normalistas de Ayotzinapa, fabricando delitos que no tienen ningún asidero probatorio. El narcoestado exonera los delitos de narcotraficantes y fabrica delitos a opositores políticos. 

El narcoestado es un modo específico de organización de la violencia en provecho de los intereses dominantes. Estos intereses están estructuralmente acoplados a la criminalidad e ilegalidad. Es la organización de los negocios criminales alrededor del Estado. En el narcoestado las bandas criminales son actores de reparto. La delincuencia organizada, lo que se dice “organizada”, está en la política y la economía. La contrainsurgencia no sigue un tenor selectivo, como en la época de la guerra sucia, sino que alcanza un estadio omnicomprensivo. La criminalización se traduce en exterminio. Los crímenes de lesa humanidad tienen rango de normalidad. Y la gestión de la población se basa en el terror. En 2014, la organización civil italiana Libera y el semanario Zeta divulgaron un reporte cuyas cifras dan cuenta de ese terror cotidiano: “La guerra iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado el 8 de diciembre de 2006 provocó, desde esa fecha hasta el último día de su gobierno… ‘la muerte de 53 personas al día, mil 620 al mes, 19 mil 442 al año, lo que nos da un total de 136 mil 100 muertos, de los cuales 116 mil (asesinatos) están relacionados con la guerra contra el narcotráfico y 20 mil homicidios ligados a la delincuencia común’… Por lo menos desde diciembre de 2006, un millón 600 mil personas se han visto obligadas a abandonar sus estados de origen… Durante los primeros catorce meses del sexenio de Peña Nieto… se registraron alrededor de 23 mil 640 muertes relacionadas con la violencia en México. Mil 700 ejecutados cada mes. Guerrero ocupó el primer lugar con 2 mil 457; el segundo sitio fue para el Estado de México (lugar de nacimiento del actual presidente), con 2 mil 367 muertes violentas” (La Jornada Semanal 5-X-2014). 

Cabe hacer notar que, en este contexto de terror rampante, la movilización magisterial es uno de esos escasos actores políticos, acaso junto con los zapatistas, que el gobierno no puede reducir a añicos con base en la fórmula rutinaria del narcoestado: la represión y el exterminio. Pero la evidencia sugiere que sí lo intentó. En Iguala, desapareció estudiantes (que se oponían a la reforma educacional) para proteger el negocio criminal de las drogas. En Nochixtlán asesinó a maestros y civiles, también opositores a la reforma, para proteger el negocio criminal de los empresarios de la educación. 

Que el narcoestado no pueda sofocar con represión a la movilización magisterial es un indicador de la relevancia de esa lucha. En esa protesta radica la posibilidad de frenar parcialmente el avance del narcoestado. Tienen razón los zapatistas cuando previenen que en el México actual “el capital manda, el gobierno obedece y el pueblo se rebela”. Y más razón tiene esos que señalan que “este movimiento ya no es magisterial, es popular”.

lunes, 27 de junio de 2016

El suicidio de los partidos políticos y las crisis económicas: el agotamiento de un paradigma político

Decía José Enrique Rodó, escritor e intelectual uruguayo, que los partidos políticos no mueren de causas naturales, sino que se suicidan. En el presente, ese presagio o adagio es más exacto que nunca. La subrepresentación o nula representación de la población, la bancarrota de la noción de representatividad, el travestismo de los colores e idearios partidarios que en el diccionario de eufemismos se conoce como “coaliciones”, la creciente presencia de candidaturas independientes atadas a esos “intereses especiales” dominantes, las malogradas “transiciones democráticas”, las “pesadillas de la alternancia” (ver Rafael de la Garza Talavera), y la incapacidad estructural de esas instituciones moribundas para sortear favorablemente las rutinarias crisis, perfilan un horizonte desfavorable para la prevalencia de los partidos políticos como agentes predominantes en la arena política. 

Hasta ahora la “partidocracia” fue acaso el mecanismo más eficaz de confiscar lo político, administrar elitistamente la politicidad y neutralizar al sujeto “popular”. Pero esa “partidización” de la política estaba sostenida en ciertos estándares de legitimidad, que en transcurso del ciclo neoliberal (cerca de 40 años) los propios partidos se ocuparon de derruir, absortos en las propias dinámicas intestinas de las elecciones y la sostenibilidad de lealtades prototípicamente mafiosas, en una coyuntura de reformulación de las formas y contenidos de la política. 

Operativamente acoplados a los procedimientos de desarticulación de lo público, y en esa obsesión por conseguir o conservar el timón de las instituciones políticas y anular a la sociedad organizada, los partidos terminaron por anular las condiciones básicas, materiales e inmateriales, para la continuidad o reproducción de sus contenidos en el largo alcance. Si bien es cierto que el “paradigma partidario” históricamente significó un laboratorio de programas, metodologías y propuestas de organización política, no pocas de ellas valiosas, con los años acabó por develar las limitaciones estructurales de ese paradigma. Asistimos a la autoinmolación de los partidos. 

Por más que los párrocos de la politología sigan anclando sus análisis e indagaciones en los partidos y las elecciones, la realidad desmonta empecinadamente esos razonamientos, a menudo puramente formales. Werner Bonefeld escribió: “La teoría del Estado debe basarse en una teoría de la crisis… sin ésta, la teoría del Estado quedaría como un esqueleto descarnado de leyes y estructuras generales”. Las teorías o apologías o profecías de los partidos políticos circulan con una liviandad tan consumada que los discursos (formalistas e institucionalistas) que escoltan esas teorías no alcanzan siquiera a dibujar un esqueleto. Los ideólogos de los partidos no basan sus especulaciones ni en una teoría del Estado, ni en una teoría de la crisis, ni en nada concreto o tangible o empíricamente observable. Fieles a la tradición liberal ideológica (y a la metafísica occidental), asumen a priori que el momento constitutivo de los partidos políticos es la democracia. Es decir, la noción de “partido político” acaba en una abstracción sostenida en otra abstracción. 

Básicamente, para admitir el silogismo elemental del misticismo politológico, es preciso admitir apriorísticamente la siguiente secuencia de especulaciones: uno, que la democracia es un estado de cosas (por oposición a un valor); dos, que en el presente el estado de cosas es la democracia (“habitamos un orden democrático”, eso dicen); y tres, que los partidos políticos son la posibilidad y el fruto de la democracia (cuando en realidad representan la abolición o aplazamiento del “momento democrático”). Y ya después de blandir sin reparo ese conjunto de premisas abstractas o llanamente falsarias, y de contrastar “científicamente” ese andamiaje de prenociones con la realidad (una contrastación que nunca está libre de golpes de pecho), el ejército de “especialistas” elevan a rango de formulaciones teóricas sus propias frustraciones, con conceptos como “democracias de baja institucionalización” o “desencanto democrático” o “democracias realmente existentes”, y chapucerías análogas. 

Pero ese conjunto de ficciones con aspiraciones “conceptuosas” (sic) se traicionan en los contenidos. Unívocamente, todos los partidos políticos en el poder transfieren los costos de las crisis a los sectores poblacionales más desprotegidos (incluidas las crisis medioambientales), sin distingo de colores o insignias. Es cierto que algunos reducen temporaria o parcialmente el impacto. Pero eventualmente, y por la propia lógica aspiracional e institucional de los partidos políticos, terminan capitulando y distribuyendo la factura de las crisis entre las franjas mayoritarias de la población. Sólo así se explica que las crisis tengan una incidencia cada vez más recurrente y socialmente vejatoria, y que la distancia temporal entre una y otra no alcance siquiera para salir de las ruinas de la anterior. 

Múltiples analistas coinciden en señalar que se avecina otra crisis económica de proporciones inéditas. Y si habría que identificar algún factor explicatorio de esa furiosa reproducción a escala ampliada de las crisis, es razonable acudir a eso que, a juicio de no pocos, es lo políticamente fundamental de la época: la crisis de desigualdad. La desigualdad en la actualidad alcanzó un estado sin precedentes. Una décima del uno por ciento de la población es superrica. Estimaciones de Oxfam señalan que “en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). No hace mucho, en 2010, eran 388 personas”. El reporte agrega que “desde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población mundial sólo ha recibido el 1% del incremento total de la riqueza mundial, mientras que el 50% de esa ‘nueva riqueza’ ha ido a parar a los bolsillos del 1% más rico” (http://www.oxfammexico.org/una-economia-al-servicio-del-1/#.V24bzbgrLIU). 

La desigualdad, que es el problema político crucial de nuestra era, es un asunto que ningún partido político consiguió atajar o mitigar, ni siquiera las socialdemocracias que por cierto están en proceso de extinción. En este tenor, los partidos perdieron irreversiblemente la credibilidad como agentes de representación popular. Por añadidura, la totalidad de los partidos políticos están atados de manos, y dependen fuertemente de los caprichos de esas grandes fortunas acumuladas. Riqueza es poder. Riqueza hiperacumulada es poder hiperacumulado. Esto se traduce en las legislaciones que responden unánimemente a ese imperativo de aumentar la centralización de la renta. Históricamente, y salvo escasas excepciones, los partidos se dedicaron a “proteger a las minorías opulentas de las mayorías”. 

En esa inercia contradictoria, que por un lado prescribe representar al soberano (ese significante flotante que unos llaman “pueblo”), y que, por otro, demanda proteger los intereses de las élites y las minorías opulentas, los partidos políticos firmaron su propia carta de defunción. El antagonismo que se aloja en esa inercia es insalvable. Las proporciones de las crisis en curso decretaron el agotamiento de ese paradigma de los partidos políticos. 

Asistimos al suicidio de los partidos. El “movimiento” (popular o de élite) alza la mano entre los escombros de las organizaciones partidarias.

lunes, 20 de junio de 2016

De Atenco a Nochixtlán: la represión es el camino.


En la histérica carrera por desaparecer a un actor político incómodo, el gobierno federal demostró una vez mas que no se detendrá para imponer a sangre y fuego los mandatos de la burguesía internacional (FMI, Banco Mundial y OCDE) y nacional (Mexicanos Primero, ITAM y un largo etcétera). Una vez concluido el ritual electoral, Peña, Osorio y Nuño atizaron la confrontación escalando el conflicto con los maestros opuestos a la reforma laboral de la educación. Y para ello contaron con la ayuda de Gabino Cué, quien hizo el llamado indispensable para que las fuerzas federales invadieran el estado para lidiar con las consecuencias de su pésima actuación al frente del gobierno de Oaxaca.

Al observar los videos de la batalla de Nochixtlán se vienen a la mente las imágenes de la represión en Atenco: enfrentamientos, disparos, invasión de hogares, detenciones y golpizas , todo ello cobijado con la infame campaña mediática que desde hace ya varios meses se ha desatado en contra de la CNTE y todo aquél que se atreva a apoyarlos públicamente. Empero, la campaña mediática no ha logrado convencer a los miles de padres de familia y a la mayoría de la población de la ilegitimidad de la reforma laboral de la educación. Una vez más el desprecio por el diálogo, el racismo y la discriminación, la descalificación sarcástica, el ninguneo... en horario estelar.
 
El fondo del problema no radica -como insisten los pregoneros del gobierno y de los medios- en impulsar la calidad de la educación pública sino acabar con un actor político que junto con los zapatistas en Chiapas, son los únicos que se oponen de manera organizada a las reformas estructurales. Ya en el sexenio de Calderón se desmanteló la compañía de Luz y Fuerza del Centro para desaparecer de la escena política a su sindicato, que también se distinguió por oponerse a las políticas de despojo del gobierno federal. La operación de limpieza fue continuada por Peña y los partidos políticos que, al firmar el Pacto por México, se unieron para desaparecer cualquier oposición política que pusiera en duda los designios de los poderosos.

Las recientes elecciones en Oaxaca fueron ganadas por el PRI y los Murat que regresaron al poder de la mano de Gabino Cué -otro simpatizante del pacto infame- a pesar de que arribó a la gubernatura gracias a la resistencia de la APPO, surgida a partir del conflicto magisterial y la brutal represión de Ulises Ruiz. Ahora es su turno y se ha comportado acorde con los intereses de la clase a la que pertenece, demostrando que las alternancias no van más allá de las buenas intenciones o el cambio de colores y que el voto de castigo tiene sus limitaciones. Al final lo que está en juego es la dominación y la continuación del despojo para obtener buenas calificaciones y jugosas comisiones por parte de los dueños del dinero y no la pregonada calidad de la educación.

Sin embargo, y a pesar de que las elecciones cumplieron su papel manteniendo a la misma clase política en el poder, los maestros y habitantes de Oaxaca siguieron luchando a sabiendas de que la represión aumentaría una vez consumado el sainete electoral. Los maestros disidentes cuentan con el apoyo de la mayoría de la población, lo que demuestra su alto grado de solidaridad pero sobre todo su hartazgo por pésimos gobiernos, impunidad y corrupción generalizadas y violencia rampante. Y este hecho no es privativo de la tierra de Juárez; los maestros en Chiapas, Guerrero y Michoacán también han logrado sumar simpatías entre la población, al grado de que incluso autoridades municipales y las parroquias locales han apoyado y realizado llamados a la negociación y el diálogo.

En este sentido, lo que está en juego en esta coyuntura no es simplemente la continuidad de las reformas. El nivel de respuesta del gobierno federal al desafío de los pobladores de Nochixtlán, como en su momento de los de Atenco, evidencia que lo que está en juego es la viabilidad misma del régimen -la continuación del Pacto por México por otros medios- para mantener la política de alineamiento a los intereses de las corporaciones internacionales. La resistencia magisterial así como la zapatista ponen en duda la capacidad de la clase política para imponer sus objetivos, desnudando así su debilidad y su incapacidad para administrar el conflicto social.

Esta debilidad e incapacidad se traducen entonces en la represión como único camino para que la clase política cumpla con su misión. Conforme el régimen pierde capacidad para legitimarse y gobernar no tiene más remedio que acudir al garrote, fortaleciendo a las fuerzas armadas y a las policías militarizadas que cada vez más apuntan a configurarse como el actor central en el mantenimiento del régimen. Es aquí en donde la simulación de la guerra contra el narcotŕafico -pretexto base para aumentar el gasto militar- queda al descubierto porque la guerra es contra actores políticos disidentes y a la población que los apoye o simplemente no comulgue con los designios del régimen. Desde Atenco hasta Nochixtlán la estrategia es evidente y el camino está trazado: la represión simple y llana. Lo demás es propaganda.

domingo, 19 de junio de 2016

El magisterio: intereses especiales; la delincuencia: el interés nacional

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), algunos analistas arguyeron, no sin bases empíricas y documentales, que convenía rebautizar el acuerdo comercial con base en los resultados previsibles, e informalmente denominarlo “Tratado de Libre Cocaína”, presagiando que solamente la droga conseguiría la trillada “libertad” de “laissez faire, laissez passer”, que significa “dejar hacer, dejar pasar”. Todos los demás renglones de la economía regional quedarían fuertemente subordinados a un comando centralizado con sede en Estados Unidos. Y claro, con el resultado obligado: ganancias abundantes para la matriz en Estados Unidos, y puras pérdidas para México, entre las que destaca la quiebra industrial, la ruina del campo, la agudización de la desigualdad, la persecución de los trabajadores, y la violencia e inseguridad en volúmenes extraordinarios. 

La estimación resultó parcialmente cierta. Y digo “parcialmente” porque hasta la droga es un asunto que controlan a su antojo y capricho los estadunidenses. De hecho, los narcos mexicanos tienen un adagio que no concede margen para la especulación: a saber, “Estados Unidos te hace; Estados Unidos te deshace”. La conversión de México en un narcoestado estaba prevista en las estimaciones “librecambistas” (nótese el entrecomillado): de México a Estados Unidos ingresarían manufacturas estadunidenses producidas con trabajo humano mexicano, en unidades de transporte preñadas de mucha droga. Porosidad no es libre comercio. Al mismo tiempo, el estribillo del “combate al narcotráfico” proveyó un andamiaje de discursos catastrofistas para facilitar la intervención de Estados Unidos con la excusa de la seguridad regional. El recorrido del TLCAN al ASPAN (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte) es una trayectoria natural en ese orden de cosas, que por cierto es un orden anti-constitucional porque ese intervencionismo lesiona gravemente el principio de la soberanía. La destrucción de la industria energética y aeronáutica, la bancarrota del campo (en los primeros diez años del tratado, cerca de 2 millones 300 mil trabajadores rurales emigraron a las principales ciudades del país o a Estados Unidos), y la apropiación de casi la totalidad de la banca nacional (92% de las instituciones bancarias en México están en manos foráneas), es sintomática de esa injerencia monopolista revestida de librecambismo e “interés nacional” 

Cabe hacer notar que el TLCAN es cualquier cosa menos un tratado de libre comercio. Hasta el propio Adama Smith, que es el padre de la economía liberal, advertía que una auténtica libertad comercial es aquella donde el trabajo tiene libre movilidad. Y acá no sólo se desatiende ese precepto: se atropella violentamente. Inmediatamente después de la firma del tratado, Estados Unidos puso en marcha el programa “Gatekeeper” (operación “portero”) con el propósito de extender el cerco del muro fronterizo, militarizar la frontera y perseguir migrantes mexicanos a sangre y fuego. (Por cierto que a nadie debe escandalizar que un candidato aduzca la urgencia de profundizar esa política; todas las administraciones en Estados Unidos siguen fielmente esa agenda, sólo que no lo dicen). Y mientras los norteamericanos blindaron su país de los “unwanted aliens”, en México los gobiernos protegían los recursos que Estados Unidos aspiraba a confiscar, señaladamente el petróleo. Después de los atentados terroristas del 9-11 del 2001, las fuerzas armadas mexicanas pusieron en marcha la Operación Centinela, con el objeto de proteger las instalaciones petroleras en el Golfo de México, que ya entonces ocupaban parcialmente empresas oriundas de Estados Unidos, y que 15 años más tarde confiscarían irrestrictamente con la venia reformistas del gobierno mexicano. 

La coyuntura actual pone de manifiesto nítidamente estas distorsiones. El liberalismo político urde su discurso alrededor de una antinomia, que si se observa detenidamente no tiene ninguna base empírica, pero que por lo menos contribuye a revelar la deslealtad de los discursos y la realidad. El ideario liberal establece la distinción entre intereses especiales e intereses nacionales (o generales). Los intereses especiales son esos que persiguen ciertos grupos o facciones en detrimento de un interés presuntamente público. Y los intereses nacionales son aquellos que condensan eso que la teoría llama la “voluntad general”. En realidad, se trata de otra de esas falsas antinomias de la modernidad, que por cierto es visiblemente favorable para producir discursos de odio e intolerancia susceptibles de lucro político. Por ejemplo, el relato de desprestigio mediático que desde el gobierno federal se impulsa contra la educación pública, en general, y los maestros, en particular. 

Sólo es cuestión de atender las noticias y la evidencia empírica para descubrir qué es eso que el gobierno entiende por interés especial e interés nacional. 

Cuando los padres de los 43 demandaron al gobierno que abriera la puerta de los cuarteles militares para buscar allí a sus hijos desaparecidos, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, adujo que no podía permitir que unos padres de familia (interés especial) decidieran sobre un asunto que sólo les corresponde a las autoridades ministeriales de la nación (interés nacional). Dijo: “Ingresar a las instalaciones militares, a ver, ¿por qué?”. Así, con esa clarividencia y profundidad que distingue a nuestras autoridades. Y mientras los padres de los 43 siguen buscando a sus hijos, en Iguala, Guerrero, el tráfico de heroína sigue boyante. 

Tan sólo el fin de semana pasado, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, capital de la droga y sede residencial-operativa de connotados capos del narcotráfico, tuvieron lugar múltiples episodios de violencia, que dejaron un saldo de tres muertos y alrededor de 250 familias desplazadas. Nunca aparecieron los elementos de las fuerzas armadas o la policía. Naturalmente que no hubo ningún detenido. Pero sí, en cambio, cientos de efectivos policiales “escoltaban”, en esos mismos momentos, la caravana de autobuses de maestros que se trasladaban desde diversos estados con dirección a la capital del país, para sumarse a la manifestación programada el viernes 17 de junio. Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño –el sicario en turno de los empresarios– condenaron unánimemente al magisterio, con el eco unívoco de los partidos políticos, y adujeron que la reforma (el interés nacional) no cedería ante los “chantajes intimidatorios” de “intereses particulares o gremiales” (léase intereses especiales). 

El viernes 17 por la mañana, comandos armados tomaron por asalto la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y cerraron por lo menos cinco cruces vehiculares de la zona conurbada, presuntamente con el propósito de evitar la incursión de las fuerzas estatales. No hubo ningún enfrentamiento. Pero porque por allí no se apareció ningún policía o agente del estado. El alcalde priísta de Reynosa (otro representante del interés nacional), José Elías Leal, que sólo movió un dedo para publicar un Twitter, dirimió el problema con una cibernética recomendación a la población: “hay una contingencia (sic) con situaciones de riesgo en diversos puntos… Recomiendo a los conductores no circular en automóvil por la ciudad”. Acerca de los delincuentes enseñoreados no emitió ninguna opinión. 

En contraste, ese mismo día por la tarde, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de México, más de 4 mil 500 policías (¡!) de distintas corporaciones fueron dispuestos para custodiar e impedir el paso del contingente de maestros que marchaban hacia el Zócalo de la ciudad, que ya desde hace algún tiempo se convirtió en un espacio privado. 

Y mientras los criminales siguen operando a sus anchas en toda la geografía nacional (como estaba previsto que ocurriera con la firma del TLCAN), el secretario de Educación Nuño Mayer, representante de ese “interés nacional” alojado en los acuerdos comerciales internacionales, anunció que se auditarían las escuelas del país para proceder con el despido de los maestros que se ausentaron por más de tres días durante las protestas contra la reforma educacional. A los dos líderes magisteriales hasta ahora detenidos, se suma una lista de 24 dirigentes sobre cuya cabeza recaen órdenes de aprehensión. 

El rigor de “la ley y el orden” que, por un lado, exhibe el gobierno federal contra la movilización magisterial; y la negligencia, omisión o connivencia que, por el otro, muestra en relación con la delincuencia organizada, es una prueba fehaciente de eso que en las estimaciones del poder constituido se entiende por “interés nacional” e “interés especial”. Para Estados Unidos y el crimen, todo. Para México nada, salvo plomo y represión. 

Al momento de escribir este artículo, fuentes oficiales confirman la muerte de seis personas y 51 heridos en Oaxaca, en los enfrentamientos ocurridos el domingo por la tarde entre la Policía Federal e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.