domingo, 26 de marzo de 2017

El Archivo del Terror de Javier Duarte: La ley de hierro de la impunidad

La impunidad no es algo inédito en México. Es cierto que tiene larga raigambre histórica en el país. El crimen, la corrupción, la condición deficitaria del sistema de procuración de justicia, el fuero extralegal de servidores públicos y la frágil penalidad o castigo del delito en México nunca fueron fenómenos ajenos a la vida pública del país. Pero si bien se trata de un flagelo histórico, no es menos cierto –aunque algunos analistas minimicen u omitan flagrantemente este hecho– que la guerra contra el narcotráfico profundizó la crisis de justicia, amplió el horizonte de la corrupción y enseñoreó el abuso de poder y los excesos de la violencia estatal. En Veracruz esta crisis tiene rasgos de tragedia humanitaria. En esta sexta y última entrega, correspondiente a la saga de artículos publicados bajo el título de “El Archivo del Terror de Javier Duarte”, abordamos el fenómeno de la impunidad en la administración del exgobernador Duarte de Ochoa, acudiendo a los testimonios de actores sociales para la reconstrucción de esa historia de horror no contada, y que, apenas transcurridos unos meses de ese fin de ciclo gubernamental, sigue causando escozor y sembrando muerte y destrucción en el estado. 

VI. La ley de hierro de la impunidad 

Durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa, diversas organizaciones documentaron el enseñoramiento de la impunidad en el estado. Por cierto que esa ley de hierro de la impunidad persiste hasta la fecha. En Veracruz, sólo ciertos crímenes, que a menudo están envueltos en escándalos mediáticos, son meritorios de una averiguación ministerial o de una diligencia con estándares mínimos de apego procedimental-institucional. Que la violencia se recrudeciera en un contexto de impunidad ampliada no es ningún accidente: la excepcionalidad jurídica es una licencia para matar con fuero irrestricto. Guillermo O’Donnell alguna vez señaló que la corrupción, violencia e impunidad es resultado de una “evaporación funcional y territorial de la dimensión pública del Estado”. A propósito de esta cuestión, el investigador Salvador Maldonado aclara: 

“[…] corrupción o impunidad no son prácticas que solamente distorsionen un estado de derecho o que sean un producto ‘natural’ de Estados deficientes o fallidos. Tampoco son prácticas y discursos que suspenden la ley o el derecho con el fin de afrontar situaciones excepcionales y posteriormente retornar a la ‘normalidad’… [Más bien] forman parte de ciertas tecnologías políticas que posibilitan la dominación por medio de la excepción a través de la suspensión del derecho y la amenaza de la violencia… la suspensión de la ley significa que la excepción no es un acto preestablecido, sino una voluntad del soberano, justo porque éste encarna la ley pero al mismo tiempo se sitúa por fuera de ella” (Maldonado, 2012). 

Naturalmente estos “espacios” de excepción que describe el autor cobraron una dimensión extraordinariamente anti-social tras la declaratoria de guerra y el avance de la militarización. 

Especialmente en el caso de las desapariciones, el saldo del gobierno de Javier Duarte es demostrativo de la inmunidad que dispuso el crimen para delinquir sin pena o castigo. En ese sexenio, la inmunización del criminal reposó, por añadidura, en la criminalización de las víctimas. El resultado es una historia probada de éxito criminal: impunidad a prueba de fuego. 

En entrevista con el colectivo Equifonía, el personal denunció que el gobierno saliente únicamente efectuó medidas cosméticas, como la instauración de “mesas de trabajo” para dar seguimiento a los casos de desaparición, pero que nunca cumplió con el objetivo, que es la localización con vida de las víctimas. 


“Lo que sí ha cambiado es el tener reuniones con una autoridad donde van a estar los MP’s que llevan el caso y van a informar a un superior. Eso ya le da otro matiz. Las familias nos cuentan que antes ellas tenían que hacer todas las diligencias, para recabar pruebas, para avanzar en cuanto a tener pistas sobre donde localizar a las familias. Ahora, aunque pueda haber una disposición por parte de ciertos servidores públicos, lo que no cambia es que no se localizan [a las personas desaparecidas]”. 


Y esa notoria ineficacia es signo de una falta de voluntad política y de estructuras institucionales criminalmente reguladas frente a las cuales la población está totalmente inerme: 

“Diligencias básicas, sí, a propósito de una disposición gubernamental. Pero lo que no cambia son las circunstancias que favorecen este tipo de delitos. Ahí es donde se han agravado. Pues es estar contracorriente. Y la corriente cada vez está más furiosa”. 

“¿Dónde está la fuente de esta sistemática privación de derechos y justicia?”, se le pregunta a Equifonía. Lacónicamente advierten: “El poder criminal y el gobierno están coludidos”. 

El testimonio del Colectivo por la Paz Xalapa es asombrosamente similar. Para efectos de practicidad expositiva, se reproduce parcialmente la entrevista sostenida en 2014 con integrantes del Colectivo, y que versó sobre el tema de la impunidad en la administración de Duarte. El testimonio de este colectivo y otros actores, constituye un insumo imprescindible en la documentación del terror que envolvió a Veracruz en ese aciago sexenio del ahora prófugo exgobernador (y protégée del PRI y del gobierno federal) Javier Duarte de Ochoa. 

¿Si tuvieran que resumir la experiencia legal-procedimental de los deudos o familiares de las víctimas (en ministerios públicos, procuraduría etc.), cuál sería su dictamen o juicio? 

C.P.X. “En primer lugar, de los 67 casos que acompañamos, en todas, sin excepción, ha habido una demora, una obstrucción, una inacción por parte de la procuraduría a través de los ministerios públicos, la policía ministerial, servicios periciales… 

“A veces cuando las familias tienen recursos, no sólo económicos sino recursos para la exigencia, logran avanzar un poco más, logran engrosar sus investigaciones. Pero la constante es que las instituciones no se mueven. Y dejan pasar todo el tiempo. Dejan pasar cinco años, y después de cinco años quieren ir a hacer una inspección ocular al lugar de los hechos. Esa es una constante. El camino legal varía mucho. Por ejemplo, hay una persona que desapareció hace tres años, cuyo familiar se le hizo una prueba de ADN, y no estaba en la base de datos tres años después. Varía. Pero la constante es la omisión”. 

Pregunto porque hace poco un auxiliar de un agente ministerial confesó que la orden de “arriba” es abortar cualquier seguimiento en casos de desaparición. 

C.P.X. “Me he encontrado con personal de menor rango en la procuraduría que me dicen: ‘Qué bueno que exijan’… Esto está arreglado, efectivamente, desde arriba. A veces nosotros hacemos un mapeo de actores, para tratar de conocer algunos antecedentes. Pero no veo que en Veracruz vaya a parar la desaparición forzada. No lo tengo documentado, pero a partir de algunos testimonios se sabe que ellos al tener el control de cerezos, al tener el control de Tránsito, tienen el control de todo. Y no permiten que haya una investigación real sobre los casos. Ellos nunca van a reconocer que un agente del Estado desapareció o mató a tal o cual persona. Y si el Gobernador mantiene en su puesto a ese agente sospechoso, entonces hay aquiescencia… 

“Quienes se atreven a denunciar, o quienes integran las investigaciones han recibido amenazas. Entonces, si efectivamente hay órdenes para eso, ¿quién va a abrir una investigación por participación del crimen organizado o elementos estatales? Tiene que venir la Procuraduría General de la República. Aquí ni hay la capacidad ni hay la libertad ni hay condiciones. Si asomas la cabeza te dan ‘cuello’”. 

¿Advierten una relación entre la guerra contra el narcotráfico y la socavación de derechos o la erosión de las instituciones responsables de la procuración de justicia (el orden legal)?

C.P.X. “Volvemos a la cuestión de los intereses, a los grupos que han permeado en el estado y en el gobierno. Si hay algún interés que deba protegerse, intereses políticos o económicos, entonces se dispondrá de todo el aparato del Estado para proveer impunidad e impedir la acción legal. Y también para pasarlo inadvertido. Todos esos intereses abonan a que la ley no se cumpla. El eslabón más bajo tiene la instrucción de que no se investigue. Efectivamente, la guerra va en detrimento de la funcionalidad de las instituciones... 

“El Colectivo ha tomado un lugar importante, por ejemplo, en la interlocución con el procurador de justicia. Pero me da pena decirlo. Porque esa interlocución sólo ocurre en ciertos casos. Esa interlocución no debería ser un caso para unos cuantos. Debería ponerse al servicio de todas las víctimas directas e indirectas de estos delitos tan fuertes todo el aparato de procuración de justicia. Es muy selectivo por ese papel que tenemos de visibilizar y poner en evidencia cómo el Estado no actúa. Es una descomposición. Y el derecho es la primera víctima… 

“Cualquier persona con un cargo mínimo puede accionar en contra de aquellas personas a las que debe proteger… 

“El Estado no se preocupa de garantizar los derechos. Tenemos que asistir a instancias internacionales. El Estado nos ha vendido gradualmente. Esta es una estrategia que tiene décadas. Hay algunos poderes e intereses que no están descritos en el discurso. Todo lo mueven los intereses económicos; somos monedas de cambio. No hay un límite en utilizar el aparato del Estado, justificándolo a través de reformas, a través de guerra contra el narcotráfico. Usan el poder a su antojo y en función de sus intereses… 

“Estamos en el país donde el peor criminal se puede ir por la puerta grande, y puede quedar todo en la impunidad. Este es el país no sólo donde nos venden, sino es el país donde todo queda impune. Y el Estado le abre las puertas a la impunidad, y a quienes se quieran adueñar de lo que tenemos. Esto tiene décadas tramándose. En México un partido lo impulsó”. 

De los casos que sigue el Colectivo, ¿cuántos han sido resueltos satisfactoriamente por las instituciones responsables de la procuración de justicia? ¿Tiene noción más o menos de los porcentajes de impunidad? 

C.P.X. “Se han resuelto 13. Y están pendientes 68. Pero no intervino la autoridad. Es más, en un caso de un desaparecido, después de ser liberado recibió amenazas de muerte. Y poco tiempo más tarde fue asesinado. Estuvieron involucrados policías. Verle la cara a alguien aquí es motivo suficiente para asesinar a una persona… 

“En cuestión de impunidad, de los casos donde se recuperaron con vida o se localizaron los cuerpos de los desaparecidos, no hay una sola persona que esté consignada ni procesada ni nada. En las desapariciones vigentes y que hacemos acompañamientos, solo en un caso hay alguien procesado por delitos federales. Y eso porque asesinaron a cuatro marinos en Poza Rica”. 

¿Estamos hablando prácticamente de un 100% de impunidad? 

C.P.X. “Estamos hablando prácticamente de un 100% de impunidad. Sí”.

miércoles, 22 de marzo de 2017

Las buenas intenciones del nuevo modelo educativo en México.


Dice la sabiduría popular que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Baste recordar la militarización de las labores de seguridad pública ejecutada por Felipe Calderón en 2006 para tener una idea clara de lo anterior. Las buenas intenciones en la formulación y desempeño de las políticas públicas no son suficientes para resolver problemas complejos; es necesario tener una visión amplia, horizontal y sujeta a evaluaciones permanentes por parte de actores e instituciones independientes y autónomas del poder gubernamental, para evitar que sólo sirvan a los fines provados de sus impulsores. Es el caso del nuevo modelo educativo, lanzado con bombo y platillo la semana pasada por Aurelio Nuño, secretario de educación del gabinete de Enrique Peña.

Las buenas intenciones del modelo en cuestión se pueden resumir en los cinco ejes que pretenden reorganizar la educación básica en México. Es innegable que dichos ejes tienen sentido pero también lo que se oculta detrás de las buenas intenciones. La reforma educativa tuvo un fondo laboral y político, alimentado por la obsesión de los poderosos de eliminar a sus adversarios -particularmente a los maestros agrupados en la CNTE- y a los que desde el propio sindicato oficial han denunciado la verdad oculta bajo el velo de la reforma.

En este sentido, el primer eje del modelo, los cambios en la currícula, tiene lógica ya que se pretende dotar de mayor autonomía a las escuelas para adaptar los contenidos educativos a las problemáticas del contexto que las rodean. Empero, el 80% de los contenidos seguirán siendo dictados por la alta burocracia educativa y los grupos de presión como Mexicanos Primero u organismos internacionales como la OCDE. El 20% restante se deja, en teoría, a los docentes y autoridades del plantel. El problema aquí es que el nuevo modelo asume una autonomía inexistente en los hechos por parte de los maestros; y no solo de las autoridades de la SEP sino del entorno social y las presiones de dirigentes sindicales o de padres de familia con poder. Asimismo, las materias propuestas se verán limitadas por la ausencia de recursos materiales e infraestructura adecuada para impartirlas. 

En el mismo tenor, el segundo eje no tiene desperdicio por la dinámica simuladora de la burocracia educativa: resulta que ahora la escuela será el centro del Sistema Educativo, con una dinámica horizontal que acabe con el verticalismo tradicional. Quien puede creer semejante afirmación cuando la propia reforma que ampara al nuevo modelo fue un ejemplo del autoritarismo ejercido desde las altas esferas del poder, amenazando, encarcelando e incluso asesinando a todo aquel que osara oponerse sus designios. Para colmo se promoverá una mayor participación de padres de familia, que bien puede interpretarse como un mayor control educativo por parte de la infame Unión Nacional de Padres de Familia, opaca y corrupta, que ocupa posiciones clave en buna parte de los planteles, cobrando cuotas contrarias a la gratuidad de la educación consagrada en el texto constitucional y promoviendo su propia agenda, que reconoce que está al servicio de la educación pública sino de la familia, concebida ésta de acuerdo a las ideas de grupos reaccionarios y fanáticos.

En el tercer eje, dedicado a la formación y desarrollo docente, no queda más que recordar los procesos de profesionalización llevados a cabo por la SEP desde el año pasado, los cuales han demostrado su ineficiencia y violación flagrante de los derechos básicos de los profesores. Pero además, la evidente intención de acabar con las normales al abrir la puerta a cualquier persona que ostente un título profesional para incorporarse a  las labores educativas, siempre y cuando apruebe las capacitaciones y evaluaciones sistemáticas diseñadas por la alta burocracia con fines de control y amedrentamiento de los maestros. El Servicio Profesional Docente es la punta de lanza parta reconfigurar el sistema educativo en aras de un mayor control político y laboral que no necesariamente redundaría en mayor calidad.

La inclusión y la equidad representan el cuarto eje  del modelo educativ y, como los anteriores, resulta imposible negar la necesidad de una escuela que abra sus puertas a todos independientemente de su nivel económico o capacidades. Pero en un país en donde la discriminación y el racismo son la clave de la dominación, difícilmente un oasis de tolerancia y diversidad como lo sería la escuela pública podría tener impacto real en medio de la desigualdad y la violencia que priva en el contexto que la rodea. De hecho, lo que los acontecimientos recientes confirman, en términos de violencia al interior de las escuelas, apuntan a confirmar que están condicionadas por la tragedia humanitaria que caracteriza al país. Mientras la violencia social no disminuya serán vanos los esfuerzos por educar para la paz y la cooperación. Bastará salir de la escuela para integrarse a una dinámica opuesta a lo que se pretende lograr en ella. Pero además cabe la pregunta con respecto a la equidad ¿Le darán más recursos a las escuelas de zonas más pobres y marginadas para compensar su marginación? La tendencia parece ser lo opuesto: más recursos para lo que más tienen,

Por último, el quinto eje denominado la gobernanza del sistema educativo, insiste en la buena intención de incorporar a todos los sectores involucrados en la educación a su regulación y administración. Si, a esos a los que no se les consultó para discutir el sentido y objetivos de la reforma educativa. En medio de un autoritarismo rampante montado en un congreso y un poder judicial complaciente con los dueños del dinero ¿Quién puede creer que ahora si se va a tomar en cuenta a la sociedad en su conjunto? 
No cabe duda de que las buenas intenciones de la reforma educativa no son más que simple propaganda para imponer una visión restringida y autoritaria de la educación pública por parte de un gobierno debilitado y corrupto. Porque claro, para colmo, los resultados se verán en una década, o dos o tres… como los de la reforma energética. Y mientras tanto el infierno prevalece y las buenas intenciones también.

viernes, 10 de marzo de 2017

El Archivo del Terror de Javier Duarte: La desaparición forzada

V. La desaparición forzada

Es un secreto a voces: en México desaparecen personas, civiles e inocentes, todos los días, a cualquier hora, y no pocas veces sin dejar huella. Cifras oficiales relativas al período 2006-2012, reportan que en el curso de esos seis años desaparecieron 27 mil personas. Un dato conservador si se admite que la contabilización de la desaparición carece de una metodología confiable, debido a la naturaleza misma del problema, y a la negligencia (o connivencia) rutinaria de las autoridades públicas.

También en este renglón, como en otros referidos en las entregas anteriores, la administración de Javier Duarte presentó saldos trágicos. Y las secuelas de ese orden siguen propiciando las condiciones para la comisión de este delito de lesa humanidad. Tan sólo el pasado 5 de enero (2017) en el puerto de Veracruz, cinco jóvenes turistas originarios de Oaxaca fueron víctimas de ese estado de terror que reina en la entidad: dos fueron acribillados y los otros tres desaparecidos. El peritaje del ministerio público confirma que la Policía Naval falsificó documentos oficiales que hipotéticamente constatan la culpabilidad de elementos de la Marina. Las pruebas sugieren que se trata de otro caso más de multihomicidio y desaparición forzada en Veracruz que involucra a agentes estatales.

Cabe recordar dos aspectos fundamentales de la definición que suscribe la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas sobre el concepto de “desaparición forzada”: uno, la corresponsabilidad del Estado; y dos, la negativa al reconocimiento.

En relación con el segundo asunto –el de la negativa a reconocer la privación de libertad–, la administración de Javier Duarte es un catálogo de pruebas autoincriminatorias que apuntan en esta dirección de la desatención. Recuérdese la declaración del subprocurador estatal Antonio Lezama Moo en 2013:

“Hay gente que denuncia, pero no dice que la señorita se fue con el novio; o que el esposo se fue con la otra novia; que la esposa se fue con el amiguito que tenía. Aunque, claro, también hay gente que se va por el mal camino” (Zavaleta en Proceso 19-VI- 2013).

O esa otra del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez: “Son delincuentes ajustando a otros delincuentes. Lo que quiero decir es que no tenemos ningún problema grave (¡sic!). La sociedad puede seguir caminando por las calles y asistir a las plazas” (Proceso 18-IV-2014).

Pero a pesar de la persistente negativa de reconocimiento, en la era de Javier Duarte la incidencia de esta modalidad de crimen rebasó la capacidad institucional de ocultamiento. Noé Zavaleta documenta:

“En la última semana de abril pasado [2014], la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) informó que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa ha habido 665 desapariciones forzadas por levantones, secuestros, ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales…” (Zavaleta en Proceso 18-IV-2014).

Esta cifra coincide con la información que divulgó el Colectivo por la Paz Xalapa en marzo de 2014. El reporte advertía que en esas desapariciones había por lo menos122 menores de edad. 

De acuerdo con estimaciones de la Procuraduría de General de Justicia del Estado, de 2006 a 2014 cerca de dos mil personas fueron víctimas de desaparición; lo que ubicó a Veracruz en uno de los primeros sitios en ese renglón de delito. La danza de los números abona al desconocimiento o negación de la crisis. Pero la ausencia de cifras exactas es sintomática del afán de encubrimiento. 

No es un dato menor que este delito, por añadidura a otros como las ejecuciones extrajudiciales, allanamientos fuera de la ley, detenciones arbitrarias, torturas, homicidios, amenazas, violaciones sexuales, registrara un aumento sensible tras el despliegue en las calles de más de 60,000 elementos de las fuerzas armadas, que por decreto extraconstitucional ordenara el gobierno federal a finales del año 2006. Tampoco es una mera coincidencia que la desaparición forzada se instalara a sus anchas en Veracruz en el marco de la implementación del Mando Único Policial, por decreto de Javier Duarte: 

En la edición del 12 de diciembre de 2013, La Jornada Veracruz reporta: 

“[…] preocupante resulta que al menos en Córdoba, son constantes las manifestaciones en contra del MU por los famosos ‘levantones’ (desapariciones) todos bajo una misma forma de operar, pues registran viviendas sin orden de cateo y después nadie sabe nada de los desaparecidos… Pese a que se han presentado más de una decena de manifestaciones desde la llegada del Mando Único, de este tipo de denuncias sólo anotan dos en Asuntos Internos, de las cuales en una se asentó un número de patrulla que no existía, mientras que la segunda está siendo investigada” (Díaz en La Jornada Veracruz 12-XII-2013). 

Se trata de la correspondencia natural entre una estrategia de Estado más o menos conscientemente concertada, y unos resultados socialmente desastrosos más o menos conscientemente previstos. 

Al colectivo Equifonía-Derechos Humanos de las Mujeres se le preguntó en 2014 sobre las condiciones que promovían la incidencia de este crimen. En el colectivo consideraron que la clave está en “la participación cada vez más evidente y cínica de la Policía Estatal en la desaparición o en la protección de quienes realizan desapariciones y ejecuciones. Es una protección cada vez más descarada de quienes se supone que son los delincuentes. Quienes se supone que deberían perseguirlos, son finalmente quienes los están protegiendo”. 

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad precisamente porque involucra a agentes de Estado. La naturaleza de este crimen imposibilita conseguir el testimonio de la víctima. Ni siquiera una verdad jurídica es asequible, porque el Estado es el que comete u ordena el crimen, e igualmente el que juzga el hecho delictivo. Al respecto, el Colectivo por Paz Xalapa advierte: 

“Justamente se trata de un crimen de lesa humanidad. La desaparición forzada es un delito de Estado. Acá en Veracruz hay casos en que elementos policiacos o efectivos militares son señalados por incurrir en esta modalidad de crimen. Y el gobierno nunca reconoce que una policía acreditada está involucrada en un caso de desaparición forzada. Eso nunca va a ocurrir. Entonces es contradictorio esa condición de juez y parte. La única forma que tenemos de documentar o comprobar la participación de elementos policiacos es consultar a las familias o víctimas. Porque un ministerio público debe tener cuidado de cómo configura una denuncia y qué delito van a perseguir. Ellos se tienen que cuidar para no decir que se trata de desaparición, porque los pueden correr. Prefieren omitir. La desaparición forzada es una cosa que, a decir de las familias, a menudo ocurre. Sin embargo, pocas veces tienen elementos para denunciar abusos como policías que han entrado a domicilios, que han abusado sexualmente de las personas, o que se llevan a una o dos. Son operaciones fuera de la ley que además involucran armas, rostros cubiertos, violencia”. 

La desaparición forzada también es signo de excepcionalidad. Pero justamente lo que permite deducir el comportamiento de este delito es que la excepcionalidad no es una ausencia de Estado: es la excepción elevada a norma operativa de Estado. 

Testimonios dan cuenta de esa renuncia a “la obligación del Estado de garantizar la vida y la seguridad” que imperó en los años de duartismo

“La familia carga con todo, tenemos el peso brutal de lo que se está pagando, desgaste económico, físico, emocional, afecta a toda la familia, a nuestras casas llegó a vivir la angustia, desesperación, impotencia, miedo, y duermen con nosotros, cenan, desayunan y duermen con nosotros, eso es lo que no se vale” (Aguirre en La Jornada Veracruz 22-VI-2015). 

En no pocos casos las familias de las víctimas denunciaron acoso de la fuerza pública, máxime allí donde se tenían suficientes pruebas para demostrar que se trató de una desaparición forzada: 

“Frente a las instalaciones de Readaptación Social… se manifestaron los familiares de las cinco personas que fueron privadas de su libertad en mayo [2015], presuntamente por elementos de la Fuerza Civil… 

“Familiares de los cinco jóvenes denunciaron que sufren intimidación por parte de elementos de la Fuerza Civil para que dejen de manifestarse y de buscarlos. Relataron que todos han recibido visitas de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y hasta han sido fotografiados en sus domicilios” (Chiñas en La Jornada Veracruz 15-VII-2015). 

En el Veracruz de Javier Duarte, la regla fue: “Ni Justicia, Ni Verdad”. Y no fue un asunto de inoperancia institucional. Al contrario, fue el resultado de una acción gubernamental concertada y altamente exitosa. La desaparición forzada no es un flagelo fuera de control: es una forma de gobernar en Veracruz que el duartismo elevó a procedimiento rutinario.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=161114_093115_185

martes, 7 de marzo de 2017

La crisis humanitaria en Veracruz como estrategia de gobierno.

En el reporte número 61, publicado el último día de febrero pasado por el International Crisis Group -organización independiente que trabaja para prevenir guerras y definir políticas para construir la paz en el mundo- se reconoce la crisis humanitaria que azota a Veracruz desde hace una década como una muestra emblemática de los problemas que enfrenta el país en su conjunto. Titulado “Veracruz; reforma el estado de terror mexicano” el reporte apunta a la connivencia entre el estado y los grupos criminales como la causa central del problema.

De acuerdo con las declaraciones de Falko Ernst, responsable de la investigación, al semanario Proceso, lo que más llamó su atención –después de entrevistar a ciudadanos, periodistas locales, familiares de desaparecidos, colectivos, agentes de la FGE y políticos-  fueron “… las instrucciones institucionales para obstaculizar la procuración de justicia, ocultar la violencia y perpetuar la impunidad” Esta observación es consistente con lo que se ha denunciado sistemáticamente desde distintos ámbitos de la sociedad veracruzana; la impunidad de la delincuencia organizada se basa en una política de seguridad que por principio se niega a reconocer los hechos y en consecuencia a registrarlos e investigar las denuncias, todo para ocultar las dimensiones de la tragedia y claro, para mantener su poder.

La justicia penal debilitada, la guerra contra las drogas y el enorme poder y autonomía del de los gobernadores frente al poder central en el nuevo siglo son los factores centrales que identifica el informe como causas de la crisis humanitaria en Veracruz. En medio de la corrupción gubernamental rampante, la depredación del medio ambiente, la represión de las protestas ciudadanas y las amenazas a organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, la violencia y la impunidad se han apoderado del estado. Los gobiernos de Fidel Herrera y el de Javier Duarte fueron los que, a partir de la guerra impulsada por Felipe Calderón, impulsaron un modelo de control político basado en el terror y la impunidad.  

Frente a esta situación, las señales provenientes del gobierno de Yunes Linares con respecto a la aparición de 11 cuerpos en Boca del Río el primero de marzo, no resultan muy alentadoras. El hallazgo se dio en el contexto de la llegada de la Gendarmería Nacional a Veracruz, hecho que mantiene la política de seguridad inaugurada por Fidel Herrera en su gobierno: militarizar al estado a cambo de impunidad para sus corruptelas, garantizada desde Los Pinos. Pero además, las declaraciones precipitadas de Yunes -en el sentido de que todos los cuerpos encontrados en el municipio que gobierna su hijo eran de criminales- parecen confirmar la estrategia de ‘ni los veo ni los oigo’. Más concentrado en ampliar y fortalecer su poder, el gobernador se muestra inclinado a mantener la política de seguridad en el estado sin cambios significativos, a pesar de reconocer que la violencia crece y que “En efecto tenemos un problema grave, de policía muy minada por el crimen organizado”

En un detallado reportaje, Noé Zavaleta ofrece datos que no dejan lugar a dudas que la inercia de la violencia se mantiene e incluso se extiende a asaltos de bancos, robo de autos y comercios con violencia, por todo el estado. Y si bien el gobernador Yunes pidió tiempo para lograr resultados, la llegada de la Gendarmería Nacional, la actitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los procesos electorales en ciernes prefiguran la continuidad y no el cambio en la estrategia de seguridad veracruzana.

El cambio indispensable para hacer frente a la tragedia humanitaria -o a la guerra contra la población- debe partir, tal como lo propone el reporte en cuestión, del reconocimiento del problema de los delitos de lesa humanidad cometidos por la acción u omisión del estado. Reconocer de manera parcial semejante realidad (por ejemplo admitiendo que las policías estatales están controladas por la delincuencia organizada) deja de lado que el problema tiene varias causas pero, sobre todo, que debe ser el estado el que tome la iniciativa para acabar con la dinámica de impunidad programada desde las instituciones. Además será necesario colaborar con la sociedad civil organizada, que buscan desesperadamente a sus seres queridos, así como fortalecer la autonomía de la Comisión de la Verdad y solicitar apoyo de organismos internacionales para cubrir los huecos que la crisis financiera del gobierno ha ensanchado.

El problema es de todos, no  sólo del gobierno. En la medida en que éste último apoye las acciones de la ciudadanía y esté abierto a nuevas definiciones del problema se podrá hacer frente a una crisis social de enormes dimensiones, la cual no será resuelta con golpes mediáticos o acciones autoritarias. Pero antes que nada, el estado debe reconocerse como parte del problema. Sin ese cambio de actitud no hay esperanza posible y la guerra seguirá como hasta ahora.

martes, 28 de febrero de 2017

La era de los muros: la otra cara de la globalización neoliberal.



¿Cómo olvidar el enorme revuelo que causó la caída del Muro de Berlín? El fin de la guerra fría fue para muchos el anuncio de una época dorada, sin conflictos (fin de la historia), dominada por la democracia y los valores liberales. Sintetizada en la frase “There is no alternative” el capitalismo neoliberal se regodeaba en su aparente victoria, gracias a la caída de un muro que simbolizaba todo lo negativo de la posguerra y de un mundo dividido en dos grandes bloques que se sostenían mutuamente. Que simbolizaba la separación de dos naciones que en realidad eran una, pero sobre todo la ausencia de la libertad de tránsito para los seres humanos, que no de las mercancías claro, el aislamiento forzado impuesto por el mundo comunista atentando contra los derechos humanos.

Pues bien, a partir de 1989, los muros no han desaparecido sino todo lo contrario. En un reciente artículo, se afirma que en 1989 existían una decena de muros y que actualmente se cuentan alrededor de setenta alrededor del mundo. Y al igual que el de Berlín, los muros del siglo XXI se han construido para reforzar la seguridad interna y, obviamente, para detener los flujos migratorios. Ambos objetivos están íntimamente relacionados pues la dinámica neoliberal ha generado, en las últimas cuatro décadas, enormes disparidades económicas y guerras fratricidas a lo largo y ancho del globo, lo que ha desencadenado flujos migratorios no sólo de países pobres hacia los ricos sino también entre países pobres, como sería el caso de los habitantes de los países centroamericanos y caribeños, que han llegado a México por tierra y por mar a pesar de la existencia de un muro virtual compuesto de policías, paramilitares, narcotraficantes y el ejército mexicano, y que está en vías de reforzarse gracias a la cooperación del gobierno mexicano con el Pentágono; o el muro de arena fortificado de casi tres mil kilómetros entre Marruecos y el Sáhara  Occidental. 

Pero además existen muros entre países europeos. Es así como nos encontramos con muros entre Francia e Inglaterra, en el puerto de Calais, para impedir que los migrantes salten de Francia a Inglaterra, y que fue financiado por el gobierno británico. Otros ejemplos en Europa son el construido por Hungría en 2015 –con 175 Km. de longitud- para detener a los migrantes provenientes de Serbia y Croacia; o el construido en Bulgaria, de similares dimensiones que el anterior, para  detener el flujo proveniente de Turquía, alimentado principalmente por la guerra en Siria; o el que existe entre Austria y Eslovenia, o Macedonia y Grecia. 

El medio oriente también tiene lo suyo: está el construido por Israel en su frontera con Cisjordania que una vez concluido se extenderá a lo largo de 712 Km. y hasta nueve metros de alto. Y no es el único que ha construido, ya que también existen muros en sus fronteras con Jordania, Siria, Egipto y por supuesto, la franja de Gaza. Tal vez el ejemplo israelí demuestre mejor que otros, dada la naturaleza del conflicto con el mundo árabe, la vocación racista y militarista que caracteriza la construcción de muros, los cuales con argumentos relacionados con la seguridad interna, en realidad evidencian una vocación marcadamente discriminatoria y opuesta a los principios liberales que presumen y promueven alrededor del mundo.

El plan de Trump para construir un muro a lo largo de la frontera con México, de alrededor de tres mil kilómetros, tiene sus equivalente en la frontera entre la India y Bangladesh , el cual mide 2,700 Km. y su construcción  se justificó con los mismos argumentos con los que la amenaza naranja pretende levantar el suyo: inmigración y contrabando. Resulta por demás curioso, o mejor dicho hipócrita, que países que poseen muros se muestren ‘solidarios’ con México, criticando la intención del gobierno yanqui. Porque la dinámica neoliberal ha mantenido las condiciones básicas que provocan los flujos migratorios, pues el modelo está beneficiándose ampliamente de la mano de obra barata migrante que explotan pero al mismo tiempo le ofrecen a sus gobernados la tranquilidad ficticia que ofrece una barrera física o virtual para mantener la pureza de la nación. 

El propio gobierno mexicano mantiene un doble discurso al respecto. Al mismo tiempo que se rasga las vestiduras e implementa sobre las rodillas acciones de emergencia para ‘atender’ a los migrantes deportados -con empleo que no puede garantizar a la mayoría de la población que permanece en el país- o espacios en las universidades mexicanas para los eventuales ‘dreamers’ deportados -cuando no pueden darle acceso a la gran mayoría de egresados del nivel medio superior que quieren estudiar una carrera universitaria- conversa oficialmente con representantes de los EE. UU. para definir una estrategia conjunta que cierre el paso a los inmigrantes provenientes de Centroamérica y el Caribe que quieren llegar al norte pasando por México.

Al final, lo que queda claro es que el modelo neoliberal globalizador, fortalecido con la caída del muro de Berlín, reniega sin tapujos de la posibilidad de un mundo sin fronteras como inicialmente promovió. La existencia creciente de los muros confirma su vocación racista y discriminatoria, negando en la realidad lo que prometió en el papel. Sin embargo, es también la era de los muros la que confirma su impotencia para detener a millones de personas que buscan una vida digna, renunciando a la marginación y la pobreza. Es por ello que coincidimos con aquellos analistas que no se dejan engañar por la idea de que el gobierno de  Trump prefigura el fin de la globalización neoliberal, reconociendo más bien en su retórica e intenciones su recrudecimiento. La era de los muros lo confirma.