miércoles, 23 de agosto de 2017

Asesinan a tiros en Veracruz al periodista Cándido Ríos


El corresponsal del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan Cándido Ríos Vázquez fue asesinado a balazos la tarde del martes por un comando cuando se encontraba afuera de una tienda Oxxo situada en el poblado de Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. 

Ríos Vázquez se convirtió en el noveno periodista asesinado en México en lo que va del año y estaba incorporado al Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, debido a que había recibido varias amenazas. 

Según reportes policiacos, Cándido Ríos estaba afuera del establecimiento comercial con el ex inspector de la policía de Acayucan Víctor Acrelio Alegría y el chofer de este mando policiaco, cuando varios sujetos usaron armas de alto poder en su contra. 

Jorge Morales Vázquez, titular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), condenó el homicidio e hizo un llamado enérgico para que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes con la debida diligencia. 

Dijo que la CEAPP le brindaba asesoría legal al comunicador asesinado respecto de la denuncia presentada en 2012 ante la entonces Procuraduría General de Veracruz (número de investigación ACA/793/2012) por agresiones por parte de autoridades municipales de Hueyapan de Ocampo. 

Este es el segundo periodista asesinado en lo que va de la gestión del panista Miguel Ángel Yunes Linares. El 19 de marzo fue asesinado Ricardo Monlui Cabrera, en el municipio de Yanga, Veracruz. 

Los otros comunicadores asesinados en lo que va del año en el país son: Luciano Rivera, conductor de CNR Noticias, de Playas de Rosarito, Baja California; Salvador Adame, director de Canal 4Tv, de Nueva Italia, municipio de Múgica, Michoacán; Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Culiacán, Sinaloa; Filiberto Álvarez Landeros, locutor en Tlaquiltenango, Morelos; Maximino Rodríguez Palacios, del portal Colectivo Pericú, en Baja California Sur, y Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora de Norte de Ciudad Juárez.

viernes, 11 de agosto de 2017

El narcotráfico en México es clase gobernante

En México y el extranjero es común que el público pregunte por qué en este país matan a los periodistas, desparecen a los estudiantes, reprimen hasta la muerte a los maestros, asesinan a líderes comunales, persiguen con ferocidad a defensores de derechos humanos, ejecutan a centenares de miles de civiles inocentes etc. La respuesta con frecuencia acude al estribillo: “fue el narcotráfico”. Esta especie de “hipótesis” inoculada, basada en información filtrada inconexamente por la prensa, aunque es parcialmente cierta, tiene limitaciones u omisiones que conviene señalar. 

Una primera limitación (subjetiva) es que alimenta la creencia fetichizada de que el narcotráfico es un “agente balcanizador” que las fuerzas del Estado no consiguen domeñar o contener por impotencia o debilidad. Esta “creencia” desliza (subterráneamente) la falsa noción de que la sola participación-intervención de las instituciones significa, a priori o exprofeso, un freno a las formas ilegales de hacer negocios o política, que es una tesis que (al menos en México) no resiste el menor análisis. 

Esto remite a la segunda omisión (objetiva): a saber, que en México la presencia de actores institucionales de alto rango es una constante en la ecuación de los negocios del narcotráfico. Casi por regla, las corporaciones de seguridad han estado dirigidas por civiles o militares sobre cuyas personas recaen sospechas de colusión (algunas probadas) con la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico: Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Sahagún Baca, Jorge Maldonado Vega, Jesús Gutiérrez Rebollo, Oralio Castro Aparicio, Rafael Macedo de la Concha, Genaro García Luna, por mencionar algunos. 

Y, por si esto fuera poco, sólo en el curso de la administración de Enrique Peña Nieto al menos 16 exgobernadores han sido acusados (unos detenidos otros prófugos de la justica) por numerosos delitos que involucran asociación ilícita con el narcotráfico: Roberto Borge (Quintana Roo); Javier Duarte de Ochoa (Veracruz); Flavino Ríos (Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas); Egidio Torre Cantú (Tamaulipas); Eugenio Hernández (Tamaulipas); Guillermo Padrés (Sonora); Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes); Jesús Reina García (Michoacán); Fausto Vallejo (Michoacán); Humberto Moreira (Coahuila); Rubén Moreira (Coahuila); Rodrigo Medina (Nuevo León); Miguel Alonso Reyes (Zacatecas); Ángel Aguirre Rivero (Guerrero); Andrés Granier Melo (Tabasco). 

Hay que recordar que algunos de estos exgobernadores forman parte de esa “flamante” generación política que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, presentó como fieles representantes del “nuevo PRI” (Partido Revolucionario Institucional). Y tenía razón respecto a la fiel “representatividad” de estos personajes. Únicamente se equivocó al sugerir que se trataba de un nuevo viento. 

Si no recuérdese el turbulento sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El clan Salinas es acaso el referente más emblemático del poder político en México. Durante esa administración, el cártel del Golfo alcanzó una posición dominante en el universo del narcotráfico en México, prohijado por el blindaje institucional de la familia presidencial. Juan Nepomuceno Guerra, el fundador del cártel, era compadre de Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos, el expresidente, y de Raúl Jr., el criminosamente célebre “hermano incómodo”, quien, por cierto, paso diez años en la cárcel (1995-2005) por el asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu, y por otros delitos tales como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico etc. 

En 1999, un informe suizo ratificó estos contubernios delictuosos del clan Salinas: “Ya desde finales de la década de los setenta, los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari fueron introducidos en el negocio de las drogas por su padre Raúl Salinas Lozano, quien hubiese visto con más agrado a Raúl a la cabeza del Estado en México; sin embargo, se decidió a darle el apoyo necesario a su hijo Carlos, debido a que el modo de vida no loable de Raúl no le hubiese permitido ocupar un alto cargo en la política” (Proceso, 30-I-1999). 

Dos años antes (1997), la procuradora de Suiza, Carla del Ponte, presentó un reporte que detallaba las conexiones de políticos mexicanos con la delincuencia organizada. De acuerdo con el testimonio de un informante protegido del cártel de Cali, en 1990 se celebró una reunión en México con diversos jefes criminales a la que acudieron “Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y José María Córdoba Montoya” (sinembargo.mx 7-VIII-2015). Éste último fue el más cercano asesor de Carlos Salinas durante su mandato. 

En 1997, Manlio Fabio Beltrones Rivera fue acusado por la DEA en Estados Unidos de brindar protección al cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. De acuerdo con el informe suizo antes referido, Emilio Gamboa Patrón negoció con el cártel del Golfo los 114 millones de dólares que fueron depositados a nombre de Raúl Salinas de Gortari en la banca de Suiza (ibidem). En la actualidad, Beltrones Rivera es el presidente del PRI, y Gamboa Patrón es el coordinador de la bancada priísta en el Senado. 

Por último, una tercera omisión (también objetiva) en la que incurre aquel estribillo de “fue el narco” es que en México prevalece una tasa de impunidad de 95-100% respecto a todas las modalidades de delito (con minúsculas variaciones en las distintas entidades federativas); una cifra que, por sí sóla, da cuenta de un éxito formidable, en donde el objetivo de las instituciones no puede ser la justicia sino la impunidad. 

En este sentido, la pregunta no es por qué México reporta estadísticas humanamente impresentables. Hasta un adolescente entiende que el “imperio de la ley” de “plata o plomo”, que es la ley del narcotráfico, comporta escenarios de terror, muerte y destrucción a gran escala. 

La pregunta que urge formular en México es por qué el narcotráfico en México es clase gobernante.


1. ¿Por qué matan impunemente a periodistas en México?

2. ¿Por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia humanitaria en México?

3. La guerra contra el narcotráfico en México es la adaptación nacional de las dictaduras militares sudamericanas

4. Acerca de la guerra en México: apuntes teóricos

5.¿Qué es un narcoestado?

jueves, 3 de agosto de 2017

Crónica de una reelección anunciada en la UV

Con el proceso para elegir -privilegio de unos cuantos- al nuevo rector de la Universidad Veracruzana en su fase final, convendría recordar algunos acontecimientos que en la presente coyuntura podrían inclinar la balanza en favor de la reelección de Sara Ladrón de Guevara. Además de la tendencia a la reelección presente desde los años de Víctor Arredondo hay que considerar también la labor de la rectora para facilitar la llegada de Miguel Ángel Yunes al gobierno de Veracruz quien, pesar de las promesas no cumplidas, parece seguir gozando del apoyo de la burocracia universitaria... a cambio de la reelección claro.

Porque lo que está en juego es el mantenimiento de la alta burocracia universitaria y no solamente de la rectora; la continuidad de un proyecto que sólo sirve a los mandarines y que se mantendrá para favorecer a unos cuantos en la dinámica de convertir lo que queda de la universidad de masas en universidad-empresa. Hay que recordar que dicho estamento universitario es producto de la corrupción y el sometimiento sin rubores al proyecto neoliberal y al gobierno estatal en turno para legalizar el despojo a través del manejo patrimonial del presupuesto, epicentro de los altos sueldos, privilegios de sátrapas pero sobre todo del control político de la comunidad universitaria para su beneficio. Sin éste último el despojo se vería comprometido.

Pero en realidad el capital político de la rectora es producto sobre todo de aquéllas manifestaciones convocadas primero por un grupo de universitarios y luego por la propia rectora, en pleno proceso electoral de 2016. En su momento se denunció en este espacio la manipulación descarada de la comunidad universitaria por parte de la rectora, en pleno proceso electoral y con un protagonismo rayano en el culto a la personalidad. Baste recordar sus amañados discursos en medio de las marchas, ocultando su verdadero objetivo: favorecer la campaña de Yunes Linares y su ataque al gobierno de Javier Duarte para fortalecer su capital político y eventualmente reelegirse, arropada en la supuesta defensa de la universidad. 
 
En primera instancia podría parecer lógico que frente al adeudo a la UV por parte del ejecutivo estatal, la rectora se distanciara de éste para apoyar a la oposición conservadora. El problema es que al hacerlo, su principal objetivo fue fortalecer su imagen política en detrimento de la autonomía universitaria y la defensa de la educación pública. Someter a la universidad a una alianza política bajo la mesa con la oposición de derecha sólo la favoreció a ella y su grupo; la promesa de pago del adeudo a la universidad se quedó en eso, en promesa hasta hoy. Era lógico suponer que ese dinero se había esfumado en los pasillos de la corrupción y el tráfico de influencias, aunque hoy las buenas conciencias se sorprendan; fue evidente que el quebranto financiero de la UV fue producto de una política de estado, desde los años de Alemán y Herrera para continuar con Duarte y Yunes Linares. La burocracia universitaria no fue víctima de semejante política sino cómplice, el saqueo de las finanzas universitarias fue la muestra clara del sometimiento de los mandarines al gobierno en turno. Luego, cuando las circunstancias cambiaron, decidieron dar el chaquetazo ante la eventual derrota del PRI en el estado.

Al ganar Yunes Linares la contienda por el gobierno del estado en 2016, empezaron a surgir otros hechos que fueron descubriendo el juego de la rectora y su grupo. Incluso antes de que terminara formalmente el sexenio duartista, Clementina Guerrero pasó, de dirigir las finanzas universitarias a las del estado de Veracruz. Días antes de la toma de posesión de Yunes, Clementina se convirtió en la mandona en la Secretaría de Finanzas. Asimismo, un grupo de mandarines encabezado por Francisco Monfort Guillén se encargaron de organizar foros para la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo y luego formar parte del gabinete yunista, como jefe de la Oficina de Programa de Gobierno. No fue el único mandarín que se incorporó al gabinete; a Hilario Barcelata, integrante del grupo de académicos en Defensa de la Universidad, le concedieron la jefatura del Instituto de Pensiones, según algunos por ser un experto en dichos temas aunque más bien aparece como parte de los beneficios de la alianza entre la rectora y el candidato panista. Además, no podemos olvidar el escándalo por la expedición fast track del título universitario al secretario de gobierno, el perredista Rogelio Franco, para evitar la vergüenza de ser un alto funcionario estatal sin contar con un título profesional. En comparación con la llegada de Clementina Guerrero al gabinete yunista parece poca cosa pero sin duda refleja claramente la disposición de la rectoría para colaborar sin condiciones con el gobierno del estado, absorbiendo el costo político sin rubor alguno. 
 
Así las cosas, la rectora y sus sátrapas mantienen viva la farsa de que la alianza con el gobierno del estado será útil para la propia universidad, cuando los únicos beneficiados hasta ahora han sido ellos. La matrícula seguirá estancada, con o sin el pago del adeudo; el patrimonialismo de la academia hiper burocratizada seguirá controlando las facultades y escuelas de la UV para mantener sus privilegios y además el proyecto educativo neoliberal; el enorme gasto corriente seguirá creciendo en detrimento de las labores sustanciales de la universidad; la opacidad de facto y la corrupción seguirán siendo la marca de la casa. 
 
La mal llamada ‘autonomía financiera’ lograda en el congreso estatal sólo es una promesa más de un gobierno que no ha cumplido ni una sola de las que ofreció en la campaña: ni pago a proveedores, ni pago del adeudo a la UV, ni combate eficaz a la inseguridad que campea en el estado y un larguísimo etcétera que por cuestiones de espacio no podemos incluir aquí. El gobierno de Yunes Linares es la continuación de una política de estado que, entre otras cosas, seguirá promoviendo el fin de la universidad de masas para favorecer el proyecto de la universidad-empresa, siempre subordinada al cálculo político del ejecutivo estatal. Y para eso no cabe duda que cuenta con el apoyo incondicional de la rectora y su grupo, por lo que es bastante probable que la reelección se consume. Pero habrá que recordarle a Sarita que así como Yunes Linares no ha cumplido ninguna de sus promesas de campaña probablemente tampoco le cumpla a ella.

viernes, 28 de julio de 2017

México y Venezuela: la diferencia entre dictadura y contrarrevolucion


Para Rubén Espinosa y Nadia Vera (In Memoriam) 

México y Venezuela atraviesan un período de intensa crisis política. Eso nadie lo puede objetar. Lo que sí es objeto de discusión es la génesis o causa de esa crisis. Y es allí donde el analista y el público deben concentrar la atención. 

Con frecuencia se dice que el problema en México es de carácter extrainstitucional; es decir, que la causa de la crisis es el narcotráfico (entendido como un agente extraño a las instituciones). Esta consigna admite matices, y generalmente acaba reconociendo que se trata de un problema que entraña “complejidad”, no sin deslizar los argumentos hacia una neutralidad inocua. En el caso de Venezuela, y sólo con escasas excepciones, las opiniones (sólo eso, “opiniones” desprovistas del imperativo de la evidencia empírica) profesan a ultranza la univocidad: todas coinciden en resaltar la responsabilidad primordial de un “gobierno autoritario” que lacera al país, dirigido por el “dictador” Nicolás Maduro. Esta consigna no admite concesiones, e irreductiblemente acaba por alentar la primitiva idea de que el problema es de una sola variable, cuya única solución es el derrocamiento por la fuerza (para la “oposición” venezolana eso significa “democracia”). 

Y como el léxico es absolutamente determinante en el campo de la lucha política, cabe hacer acá algunas apreciaciones, sostenidas en hechos susceptibles de comprobación. 

México es una dictadura a su modo. Una “nueva dictadura”, advierte el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y no es la única ocasión que alguien lo dice públicamente. Los resultados de la guerra contra el narcotráfico permiten hacer esta conjetura; y más de una organización civil comulga con el testimonio de Sicilia. En enero de 2016, Estela de Carlotto, presidenta de la organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo, declaró, durante la presentación de un reporte de Amnistía Internacional, que “el narcotráfico es la dictadura de México”. Y agregó: “México nos duele, es el dolor de América Latina que aún tiene abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente”. 

La hipótesis de que el narcotráfico es la dictadura en México se sostiene en indicadores que reproducen el comportamiento de las dictaduras militares en Sudamérica. Por ejemplo: las desapariciones forzadas, la tortura atribuida a efectivos militares, el encarcelamiento de opositores políticos, la eliminación física de estudiantes-defensores de derechos humanos-periodistas, y la multiplicación de ejecuciones sumarias extrajudiciales. En suma, un conjunto de acciones que por definición perfilan y constituyen una dictadura. (Glosa marginal: en mayo del año en curso, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, presentó un informe que reporta que México es el segundo país más violento del mundo, sólo detrás de Siria). 

De acuerdo con Amnistía Internacional, más de 30 mil personas han sido desaparecidas desde 2006 en México. Organizaciones civiles estiman que se trata por lo menos del doble (60 mil desapariciones). En relación con esta modalidad de crimen, se calcula que cerca de 78 por ciento involucra a agentes estatales, lo que configura desaparición forzada, y, por consiguiente, crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional destaca que “sólo se han dictado siete condenas a escala federal por desaparición forzada, todas ellas entre 2005 y 2010” (La Jornada 25-II-2015). Prácticamente un 100 por ciento de impunidad. 

Sobre Venezuela, la prensa hegemónica nunca acude a ese indicador, acaso porque allí la estadística es incluso menor a la de algunos países desarrollados. Cabe destacar que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, en ese país se registraron más de 10 mil personas desaparecidas. Y desde el inicio de la Revolución Bolivariana hasta 2013, la organización Provea tan sólo recopiló 114 casos de desaparición (El Universal 30-IV-2015), en las que, por cierto, no está probada la participación de agentes estatales en la comisión de esos delitos. Por añadidura, cabe recordar que, tras la promulgación de la Constitución Bolivariana en 1999, por iniciativa del comandante Hugo Chávez, “Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en calificar la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad” (Correo del Orinoco 21-I-2017). 

También en materia de tortura, la incidencia en México es alarmante. En octubre de 2015, Amnistía Internacional condenó la virulencia de ese delito en el país: “La epidemia de tortura en México ha alcanzado niveles catastróficos” (La Jornada 23-X-2015). Y advirtió que lo más preocupante es la rutinaria participación de la fuerza pública en la violación de un derecho humano básico (i.e. anulación de toda protección jurídica del detenido). Según datos de la Procuraduría General de la República, el número de denuncias por tortura a nivel federal aumentó más del doble entre 2012 y 2014, ya que registró un aumentó de mil 165 a 2 mil 403. 

Sobre los presuntos casos de tortura contra “opositores” en Venezuela, Luis Hernández Navarro recoge un episodio ilustrativo: “Durante meses, Lilian Tintori aseguró que se su esposo, Leopoldo López, estaba siendo torturado en prisión. Incluso se dijo que había fallecido. Multitud de medios dieron por buena esta versión sin corroborarla. Sin embargo, cuando el pasado 8 de julio López pasó a prisión domiciliaria, parecía más un instructor de fisicoculturismo que un reo martirizado” (La Jornada 25-VII-2017). Por cierto, el pasado abril, la Corte Penal Internacional (CPI) desechó la denuncia por supuestas torturas sufridas por los hermanos Alejandro y José Sánchez, afiliados al partido derechista Primero Justicia, y detenidos el jueves 13 de abril (Telesur 19-IV-2017). 

De acuerdo con cálculos del senador Alejandro Encinas, en México suman alrededor de 800 presos políticos. Elena Arzaola, investigadora del Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social (CIESAS) estima que “cuatro de cada 10 presos en México están en la cárcel sin sentencia” (La Opinión 22-III-2016). 

Hasta antes de la escalada de violencia opositora en Venezuela en abril de este año, la propia Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció que en ese país había 117 presos políticos, no pocos de ellos acusados por delitos graves que tienen poca o nula relación con un quehacer político legítimo. Entre ellos, el tristemente célebre Leopoldo López, actualmente libre, pero inhabilitado políticamente por hechos de corrupción, vinculado a instituciones financiadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), y responsable confeso de acciones desestabilizadoras. El repunte del terror inoculado por la derecha en las calles de Venezuela elevó la cifra de detenidos a 359 (El Nacional 17-VI-2017). Pero difícilmente alguien puede argüir que se trate de “presos políticos”. 

A propósito de persecuciones políticas, en México la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas sigue impune. La singularidad de este delito de lesa humanidad es que involucró a la totalidad de las instituciones de Estado: fuerza pública, corporaciones policiales, instituciones de justicia, partidos políticos, y los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). Toda una extraordinaria acción concertada para la comisión material del crimen, y la ulterior operación de ocultamiento, con el único propósito de proteger los negocios del narcotráfico. Ayotzinapa encierra una verdad políticamente inconfesable: que México es una narcodictadura. 

También en Venezuela persiguen y matan bestialmente a civiles. Pero no es exactamente el gobierno el autor de esos crímenes. Otra vez Hernández Navarro relata un incidente representativo de la violencia en ese país: “Carlos Eduardo Ramírez salió a buscar empleo el jueves 18 de mayo. Alrededor de las 3 de la tarde caminaba por una de las calles cercanas a la estación del Metro de Altamira, en Caracas, cuando un grupo de unos 20 opositores al gobierno encapuchados lo abordó. De inmediato comenzaron a golpearlo con palos y piedras. Uno llevaba una pistola. ‘¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Se tiene que morir ese chavista!’, le gritaron… Desde entonces, los enemigos de la revolución bolivariana no han parado de quemar a seres humanos por el delito de ser chavistas. Los fanáticos han prendido fuego a 19 personas, en su inmensa mayoría negros, pobres o funcionarios gubernamentales” (Ibidem). 

México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha, hay registro de 123 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25 están desaparecidos. “En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado [2016] fueron asesinados once periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo” (The New York Times 29-IV-2017). En México, “prevalece un 99.75 por ciento de impunidad en casos de violencia contra comunicadores” (Telesur 3-V-2017). 

De acuerdo con el balance cuatrimestral (enero-abril 2017) de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas, catorce periodistas fueron asesinados en cinco países de Latinoamérica: siete asesinatos ocurrieron en México, dos en, Perú, dos en República Dominicana, uno en Guatemala, uno en Honduras y uno más en Venezuela (Resumen Latinoamericano I-IV-2017). 

En el folio de Venezuela del sitio oficial de Reporteros Sin Frontera, las estadísticas de los últimos años sobre el periodismo en ese país registran: “cero periodistas muertos”; “cero periodistas ciudadanos asesinados”; “cero colaboradores muertos” (https://rsf.org/es/venezuela). 

Cuando se le preguntó acerca de la crisis venezolana en la Conferencia de Seguridad de Aspen el pasado 20 de julio, el director de la CIA, Mike Pompeo, contestó: "Cada vez que tienes un país tan grande, y con la capacidad económica de un país como Venezuela, Estados Unidos tiene profundos intereses… Basta señalar que estamos muy optimistas de que puede haber una transición en Venezuela… Acabo de estar en Ciudad de México en Bogotá, la semana antepasada, hablando sobre este tema precisamente, intentando ayudarles a entender las cosas que podrían hacer para lograr un mejor resultado para su rincón del mundo y nuestro rincón del mundo (¡sic!)" (El Nuevo Herald 26-VII-2017). 

¿Está clara la diferencia entre una dictadura y una contrarrevolución

martes, 25 de julio de 2017

Javier Duarte y su responsabilidad por las desapariciones forzadas en Veracruz.

En medio de la simulación del gobierno federal en el juicio contra Javier Duarte, acusándolo de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, resulta muy positivo que diversas organizaciones (Colectivo Solecito de Veracruz  y Colectivo por la Paz-Xalapa) estén realizando gestiones para demandarlo, junto con Arturo Bermúdez Zurita y Amadeo Flores Espinosa, ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Dada la calculada parsimonia de las autoridades judiciales en el caso, la intervención de tribunales internacionales tal vez sea la única manera de que se haga justicia.

La farsa justiciera encabezada por la PGR en contra del ex-gobernador veracruzano no deja lugar a dudas de que el verdadero objetivo tiene que ver con la coyuntura electoral del 2018. Si durante su gobierno Javier Duarte fue muy útil para desviar recursos para las campañas del PRI, sobre todo la presidencial de 2012, hoy no lo sería menos pues todo parece indicar que el gobierno federal administra el juicio para que sea utilizado el próximo año, en plena campaña electoral, mostrando su falsa vocación justiciera y de paso utilizando la locuacidad del acusado para atacar a la oposición encabezada por MORENA. 

No se puede negar que el saqueo orquestado por el gobierno duartista causó daños financieros que afectarán la vida de millones de veracruzanos por décadas pero no es menos cierto que la estrategia de terror en contra de la población, organizada por su sicario institucional, Arturo Bermúdez Zurita, tuvo como principal objetivo mantener el saqueo sin enfrentar movilizaciones de la ciudadanía, horrorizada por la ola de secuestros, asesinatos dolosos pero sobre todo por la indiferencia negociada con la delincuencia organizada por parte de las autoridades estatales y nacionales. 

Es evidente que el gobierno federal ignorará los delitos de lesa humanidad puesto que en caso contrario, al investigar dichos delitos estaría echándose la soga al cuello y de paso involucrando a las fuerzas armadas y a todo el sistema de seguridad pública sin olvidar a presidentes municipales, diputados y senadores así como a los partidos políticos, especialistas en el lavado de dinero entre otras linduras. La indiferencia fue y es de todo el sistema político en su conjunto, que a pesar de las numerosos evidencias al respecto, prefirió mirara hacia otro lado  Los delitos de lesa humanidad se acreditan no sólo por la intervención directa de las autoridades sino también por omisión, aquiescencia, consentimiento y la negativa a reconocer los hechos e investigar, ocultando información o incluso amenazando a los familiares de las víctimas  para inhibir sus denuncias. 

Según cifras de la actual Fiscalía General del Estado, dos mil cuatrocientas personas desaparecieron entre 2010 y 2016 pero, a pesar de reconocerlo, el gobierno de Miguel Ángel Yunes no ha movido un dedo para, por ejemplo, proceder a la identificación de los cuerpos encontrados en Colinas de Santa Fe -gracias a la presión de familiares organizados para encontrar a las víctimas-  con el argumento de la falta de recursos y la indiferencia del gobierno federal para proporcionarlos. Las consecuencias favorecen el mantenimiento de un sistema político basado en la impunidad, en abierta alianza con los cárteles del narcotráfico y con la bota militar como fiel de la balanza.

Lo anterior se confirma cuando en los debates entre candidatos y partidos políticos en tiempos electorales brillan por su ausencia las propuestas para detener las desapariciones forzadas en nuestro país. El discurso político partidista insiste en que la corrupción es el verdadero problema, que el desvío de recursos públicos o el robo simple y llano por parte de las autoridades es el cáncer que hay que atacar. Pero dicho discurso oculta el hecho de que la corrupción y su concomitante impunidad son el petate del muerto para evitar que la guerra contra la población, organizada desde el estado, sea puesta en la mira. Se están utilizando inmensas cantidades de dinero público para echar a medio andar el Sistema Nacional Anticorrupción pero, al mismo tiempo, se hacen a un lado las necesidades básicas para atender el problema de la desaparición forzada con el argumento tan trillado de la falta de recursos. 

En 2014, en este medio, escribimos: “... la indiferencia calculada de las autoridades estatales frente a la escalada de violencia en Veracruz representa sin duda un elemento central para comprenderla. Enfrascadas en un mundo construido para alimentar su soberbia, no se dan cuenta de que controlar los medios de comunicación locales no es suficiente para ocultar la realidad y promover las inversiones. Y más aún: ésa realidad que pretenden ignorar o suavizar las alcanzará tarde o temprano. Los delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran la desaparición forzada, no prescriben. En la medida en que éstos aumenten, la indignación de la ciudadanía crecerá y eventualmente demandará justicia de manera organizada. Tal vez entonces toda esa soberbia y cinismo de la que hacen gala las autoridades hoy desaparezca tras las rejas.”

Ese momento ha llegado y la ciudadanía indignada y organizada ha empezado la construcción de mecanismos tendientes al reconocimiento y atención del problema. La  eventual denuncia ante la Corte Penal Internacional por parte de los grupos de familiares de las víctimas representa un paso muy importante para combatir la sistemática violación de los derechos humanos. Alimentada por la existencia de un sistema político inhumano y criminal que genera no a un estado fallido, como lo plantean las buenas conciencias, sino a un estado caracterizado por su alianza abierta con el narcotráfico para que su dominio prevalezca, para que no falle en su misión de mantener el estatus quo favorable a los dueños del dinero. Por eso sonríe Javier Duarte, porque sabe que cuenta con la protección velada de los poderosos, porque hizo lo que le pidieron. Sin embargo, el tiempo está en su contra y tarde o temprano su cinismo y el de sus compinches quedará enterrado bajo el peso de la justicia.

lunes, 17 de julio de 2017

Temacapulín: neoliberalismo, fraudes hidrológicos y resistencia civil

“Una gran tendencia mundial es que cesen las presas insustentables, y la presa El Zapotillo lo es a todas luces. Se calcula que garantizará agua sólo por 25 años. Es una presa cómoda (…) a costa de Temacapulín y del ecosistema” (Iteso.mx 5-VII-2017). Esto afirmó el académico Mario López, miembro del Grupo del Agua del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, tras la decisión del gobierno de Jalisco de continuar con la construcción de la presa hidroeléctrica que condena a la inundación al pueblo de Temacapulín, y a otros dos poblados colindantes, Acasico y Palmarejo. 

Temacapulín, también conocido como Temaca, es una localidad del estado de Jalisco, que forma parte del municipio de Cañadas de Obregón en la región de los Altos de Jalisco. 

De acuerdo con diversos diagnósticos, e incluso hasta los más optimistas financiados por las autoridades del estado, Temacapulín quedaría sumergido si Aristóteles Sandoval, gobernador de la entidad, persiste en desacato de la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que proscribió la continuidad de la obra. 

Desde hace 12 años, los habitantes del pueblo han resistido e inhabilitado (hasta el reciente anuncio gubernamental que decreta la reanudación de la obra) el proyecto de construcción de la Presa El Zapotillo en el cauce del río Verde. 

A propósito del décimo segundo aniversario, El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, denunció: “Son doce años de estar luchando contra una equivocada gestión del agua y defendiendo lo más sagrado, la tierra, el agua y demás bienes naturales, así como la vida; somos muchos, hay Temacas por todo el país, en Estados Unidos y en otras latitudes”, señala el comunicado del IMDEC (Milenio 31-V-2017). 

En desatención infractora del fallo de la Suprema Corte de la Nación, que en agosto de 2013 anuló el convenio que autorizaba la obra, y de las múltiples suspensiones decretadas por tribunales colegiados, el gobierno de Jalisco contrató los servicios de La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y gastó más de 90 millones de pesos para sacar un dictamen a modo. 

Desde los órganos de comunicación estatales, se ha tratado de justificar –sin el menor rubor o reparo– una decisión a todas luces políticamente injustificable (inundar comunidades por decreto o acuerdos empresariales), bajo el argumento de que la resolución se tomó en función de criterios técnicos y científicos. Es decir, la prevalencia del “interés especial” por oposición al “interés público”, con envoltorio fingidamente cientificista. 

Para el caso de estos conflictos, tan característicos de la realidad latinoamericana, el escritor Eduardo Galeano acostumbraba decir: “los pretextos invocados ofenden la inteligencia; las intenciones reales encienden la indignación”. 

Porque está demostrado que el fondo de estos conflictos no es técnico: es político. Desde el gobierno, los heraldos evocan evaluaciones científicas que, no obstante, confirman escenarios perjudiciales, y el carácter fraudulento e insostenible del modelo hídrico de las represas. Pero incluso hasta esos estudios técnicamente neutrales, convalidan una supuesta necesidad de un análisis de orden científico, por oposición a un ejercicio político de consulta ciudadana. En el marco de la neoliberalización, la incautación de recursos naturales se discute o dirime en términos científico-técnicos. 

Temacapulín es una exhortación a repolitizar ese saber tecnocientífico. 

La economía neoliberal profundizó los alcances de una añeja disyuntiva: inversionistas privados o población civil. En América Latina, casi por regla de hierro, el dilema entre la integridad de los inversionistas privados o el bienestar de la población civil, se desahoga en provecho de los inversionistas privados, y en detrimento de la población civil. 

Temacapulín es un llamado a cambiar el orden neoliberal de los factores: primero la población civil, después la población civil, y al final la población civil. 

El neoliberalismo es un modelo económico (custodiado por un decálogo de fórmulas políticas e ideológicas impresentables) que anula la soberanía nacional sobre los territorios: la organización territorial no es más una facultad de la autoridad pública; es un privilegio que administran a su antojo los actores privados. El Estado es un facilitador al servicio de los inversionistas. Esto explica que un “interés especial” consiga imponer un modelo de abastecimiento de agua que hasta la Comisión Mundial de Represas admite que “es responsable del desalojamiento de hasta 80 millones de personas en el mundo” (Iteso.mx 5-VII-2017). 

Temacapulín es un reclamo de justica hídrica, sostenibilidad del ecosistema, y respeto de los derechos humanos básicos. 

Desde el comité “Salvemos Temacapulín” advierten: “Nuestras raíces, están en Temaca pero nuestra lucha también es para que se modifiquen las reglas del juego, que las decisiones que se tomen sean con la participación ciudadana, comunidades afectadas, especialistas, científicos, académicos… En estos doce años de lucha muchos compañeros y compañeras han muerto a causa de defender sus derechos humanos frente a todo lo que representa el proyecto El Zapotillo” (Milenio 31-V-2017). 

En redes sociales circula la consigna: “Temaca se va a salvar”.


jueves, 13 de julio de 2017

La modernización del TLCAN y la guerra civil en México


De cara a la urgente modernización de la dependencia económica mexicana para con la economía estadounidense -toda vez que las posibilidades del triunfo de MORENA en el 2018 van viento en popa gracias a sus alianzas con sectores de la oligarquía descontentos con el gobierno de Peña- la discusión no radica en las eventuales ventajas o desventajas económicas para los habitantes de México sino en las posibilidades de que la militarización y la consecuente guerra civil que vivimos se profundice.

Tres factores incidirían en agudización de la crisis humanitaria: el aumento de la pobreza y la desigualdad como consecuencia de un crecimiento de la depredación de los recursos naturales y el consecuente desplazamiento de la población asentada en los territorios en disputa; el incremento de la intervención militar del Pentágono para el mantener,principalmente, las inversiones extranjeras protegidas de la insurgencia popular; y claro, el fortalecimiento del narcoestado para mantener el modelo político cuya principal misión en mantener el status quo a como del lugar.

No se mencionan aquí las incontables cifras que demuestran que el éxito del TLCAN ha sido sólo para las grandes transnacionales y sus testaferros mexicanos. Baste decir que en los últimos 23 años la economía mexicana, de acuerdo con el informe del Centro para la investigación Política y Económica (CEPR, en inglés) ha crecido a un ritmo menor que el resto de los países latinoamericanos. En el informe, titulado “Did NAFTA help México?” el CEPR afirma que México se encuentra en el lugar 15 de 20 países latinoamericanos en el crecimiento del PIB per cápita, entre 1994 y 2016, lo que ilustra en números el desastre en el nivel de vida de millones de mexicanos, provocado en gran parte por el TLCAN. La tasa de pobreza es de 55.1%, mas alta que en 1994, por lo que mas de 20 millones de mexicanos se ha desplazado por debajo de la línea de pobreza en ese periodo. El impacto se ha concentrado sobre todo en la población rural: entre 1991 y 2007 casi cinco millones de personas fueron desalojadas de sus tierras, lo que sin duda esta relacionado con el crecimento de residentes mexicanos en los EE. UU.: de 4.5 millones en 1990 a 12.6 millones en 2009.

El empobrecimento generalizado de la población en las últimas dos décadas ha ido acompañado de una mayor intervención militar de los EE. UU. en México, utilizando el argumento del crecimiento del narcotráfico pero que en realidad apunta a contener la insurgencia popular detonada por el deterioro de sus condiciones de vida y coordinar el bloqueo de la migración proveniente de Centroamérica y el Caribe. El pasado 15 y 16 de junio se celebró en Miami la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica convocada nada menos que por la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación del gobierno mexicano y el Departamento de Estado y la Secretaría de Seguridad Interna del gobierno de estadounidense. Un par de meses antes, en abril, “… el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, Juan Manuel Pérez, anunció acuerdos entre los representantes de los países de la región y los Comandos Norte y Sur de los Estados Unidos de realizar patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera con México, intercambiar información e inteligencia, y “estandarizar protocolos y procedimientos para realizar operaciones de intervención con el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur”. (https://desinformemonos.org/mexico-anfitrion-armar-plan-pentagono-migrantes-centroamericanos) La participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio para organizar un día antes, el 14 de junio, una reunión con la participación de los sectores públicos y privados no deja lugar a dudas de lo que se pretende: asegurar la seguridad y el rendimiento de las inversiones, conteniendo la migración en la región gracias a la intervención militar dirigida desde el Pentágono con la colaboración subordinada del gobierno mexicano. Todo con la finalidad de complacer a Trump y, en el colmo de la simulación, lograr mejores condiciones para la modernización del TLCAN, como si la sumisión del gabinete de Peña fuera la garantía para evitar la catástrofe humanitaria en marcha.

Para el mantenimiento de la seguridad interna de México y sobre todo, del status quo político y económico, el mantenimiento del narcoestado como dinámica estatal es pieza clave en la modernización del TLCAN en particular y de la estrategia política estadounidense en general. La militarización de los puertos mexicanos, el mando único y la militarización de las labores de seguridad pública a lo largo y ancho del país representan sin lugar a dudas el factor clave para comprender el crecimiento de la violencia y la inseguridad. Coordinada a partir del Plan Mérida, la militarización alimentada con un creciente gasto militar no sólo servirá a los intereses de la industria de armamento yanqui sino que además debilitará cada vez más el de por si magro gasto social. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI en inglés) el gasto miliar mexicano se disparó en un 184% entre 2012 y 2016. Y si bien es cierto, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) el gobierno de México invirtió entre 0.5% y 0.6% de su PIB -lo que lo coloca en el lugar 31 a nivel mundial- la compra de equipos de transporte como helicópteros, vehículos utilitarios Humvee y blindados de combate apunta a fortalecer labores de contrainsurgencia. El triángulo formado por las fuerzas armadas, el gobierno federal y los cárteles del narcotráfico se verá fortalecido por una mayor disposición de armamento que, apoyado con labores de inteligencia dirigida a espiar a la oposición (el caso Pegasus lo ha confirmado) alimentan la tendencia al mantenimiento de un modelo estatal que, más que atacar a los cárteles se apoya en ellos con la mediación de las fuerzas armadas y el Pentágono para mantener vigente el modelo económico y el grupo político que garantice el alineamiento de México con la estrategia geopolítica de los EE. UU.

Por todo lo anterior, la modernización del TLCAN estará guiada por la necesidad de armonizarlo tanto con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como con el Plan Mérida. No responderá evidentemente a proteger los intereses económicos que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos sino a garantizar su sometimiento a los intereses geopolíticos de los EE. UU. El costo humanitario será entonces un daño colateral que no se detendrá sino que incrementará y seguirá siendo administrado con la bota militar nacional y extranjera.