sábado, 24 de marzo de 2012

Caso Florence

Es un asunto que lleva más de seis años sin resolverse. Testimonio inequívoco del oprobio que reina en las cortes, tribunales y ministerios de este país. Prueba perfecta del condicionamiento político a la que está sujeta la justicia. El caso Florence es un caso típicamente político, donde el involucrado directo (Cassez) poco o nada tiene que ver con el conflicto originario. Si bien ha cobrado una proyección mediática internacional, cabe señalar que el caso de la francesa es un problema estrictamente nacional, que por circunstancias irrenunciables adquirió el tono de querella diplomática. (Sarkozy intervino sólo hasta que descubrió el beneficio político que supone el caso). Es una bola de nieve cuyo volumen y dimensión puede conducir eventualmente a la ruina política de los actores involucrados. Esto explica el ruido ensordecedor que envuelve el proceso judicial en curso.

La revista Proceso publicó en sus últimas ediciones una serie de artículos que pudieran auxiliar para reconstruir lo que las autoridades (mandos policiacos, periciales) teatralizaron en detrimento de la acusada. Con base en la información de esta revista y otras fuentes, aunque de modo sucinto, procuraré hilvanar la evidencia disponible para proveer un cuadro más preciso sobre el caso Florece.

1. Genaro García Luna, titular de la AFI en 2005, reconoce públicamente en una entrevista con Denise Maerker que la imágenes transmitidas en Televisa y TV Azteca, donde se observa la captura de “una peligrosa banda de secuestradores”, conocida como Los Zodiaco (curiosamente los únicos integrantes de este hipotético grupo criminal son Cassez e Israel Vallarta –su novio), son el producto de una “recreación”. Más tarde se descubre que se trató de un montaje, pues las imágenes televisadas eran totalmente ajenas a los hechos. Florence Cassez fue detenida un día antes a bordo de una camioneta y sin que hubiera una sola evidencia que la vinculara con el secuestro (salvo su relación con Vallarta).

2. La evidencia revela que el testimonio de las víctimas está plagado de inconsistencias. En un primer momento, ninguna de las víctimas reconoce a Cassez. En una segunda declaración, las tres víctimas aducen maltratos y vejaciones y señalan a Florence. No obstante, más tarde se confirma que “la punción de una herida supuestamente infligida a una de las victimas… resultó ser una marca de nacimiento” (Denise Dresser, Proceso). Con esto, se constata que las pruebas incriminatorias son producto de una escenificación (que no “recreación”) orquestada por la AFI, con el apoyo de las televisoras.

3. Recientemente empieza a circular el nombre de un personaje que pudiera ser clave en esta trama: Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, hombre de negocios de origen judío cuyo grupo empresarial se dedica, entre otras actividades, a la negociación para la liberación de secuestrados. Se sabe que tuvo una ríspida relación de negocios con Sebastien Cassez –hermano de Florence– y con Israel Vallarta, y que tiene contactos con la AFI y con Televisa (ambos aparatos de la política de seguridad de Felipe Calderón), todos directamente implicados en el caso Florence. Los equipos de rescate del empresario judío trabajan con agentes de la AFI. Margolis también es accionista de CV Directo, “dedicada a la venta de productos por televisión… uno de los principales clientes de Televisa en este rubro” (Proceso).

4. Cabe destacar que en el proceso de arresto de Cassez se violaron todos los derechos fundamentales de un detenido, a saber: asistencia consular (en el caso de un extranjero), presunción de inocencia y puesta a disposición del Ministerio sin demora.

La evidencia conduce a pensar que están en juego principalmente dos asuntos: el develamiento de un acto de venganza entre particulares (Margolis-Sebastien Cassez) y el descrédito categórico de todo un orden jurídico, policiaco y gubernamental.

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