domingo, 18 de agosto de 2013

Que no nos den pacto por liebre: el crepúsculo de un contrato que expira

A la manera de una incauta ironía de la vida, el remedo de pacto suscrito por las cupulares fuerzas políticas nacionales (léase: la camarilla de caciques “transpartidistas” y conversos a sueldo) se perfila fatalmente para prologar la defunción definitiva de aquel metafísico contrato social que según los contractualistas rige a las sociedades. Lo que es un hecho incuestionable es que el orden político se acerca a un estado de enfermedad terminal. Como cualquier otro ente orgánico en condición de salud deficitaria, el cuerpo político nacional subsiste a base de asistencia terapéutica –que no curativa-regenerativa. México es como el paciente con carcinoma pulmonar que se somete a agrestes tratamientos quimioterapéuticos pero sin renunciar nunca al vicio del tabaquismo. Para el caso de nuestro país, el vicio es la ininterrumpida dependencia con el desfile de metrópolis foráneas que han instaurado su soberana voluntad en suelo nacional. Así, cuando se habla de la necesidad de concesionar áreas neurálgicas de la industria a empresas asentadas en otras latitudes, u homologar contenidos académicos con programas educacionales diseñados e instrumentados en realidades disímiles, o aplicar estrategias de seguridad nacional coadyuvantes con el éxito de agendas extrañas, se avanza en el sentido de un suicidio asistido. Y precisamente en esa dirección marchamos. El desfallecimiento de este organismo societal no se mitiga ni con terapias electro-convulsivas. Es más, el cacareado pacto únicamente tiene como propósito invisibilizar la nulidad o vencimiento del contrato histórico, no revalidar los votos nupciales con la sociedad. 

No se trata de un diagnóstico catastrofista o irresponsable. En el México actual, las desavenencias no sólo se ciñen a la esfera de la política institucional: la lucha ahora es por el patrimonio vital, por el sostén material de la nación, y se extiende a todos los rincones de la geografía nacional. El conflicto crece en forma exponencial cuando un poder ilegítimo decide violentar las bases inviolables del contrato, y más cuando en tales bases reposa la viabilidad de la nación. En su histérica urgencia por cumplir con la agenda de compromisos contraídos, y afianzar su adhesión a la doctrina de postración sempiterna, la clase gobernante atenta contra los cimientos materiales de ese orden al que debe su existencia. 

Todas las mociones del gobierno actual apuntan en una dirección: la imposición de contrarreformas por la vía de la fuerza, especialmente las que atañen al ámbito energético, al rubro fiscal, a la educación, y a la seguridad nacional. Nótese que no es gratuita la instauración de la narco-guerra: el propósito real nunca fue la droga, y sí en cambio la militarización del país, como un recurso para la aplicación universal de la fuerza en la persecución de los fines del estado. Esta es la apuesta del gobierno. Desconocemos si el cálculo es acertado. El peligro radica en que el conflicto ya no es sólo gubernativo, sino histórico-patrimonial. No exageran los analistas cuando sostienen que la de PEMEX es la batalla del destino del país. Si la venta-privatización se concreta, México renuncia a su existencia como nación. Es la expiración definitiva del contrato, pero con consecuencias virtualmente desastrosas, y sólo reversibles en el tenor de una guerra civil. 


PEMEX: vuelta a el laberinto de la soledad 

A la secuencia de fracasos nacionales y proyectos fallidos, que según ciertos autores ha condenado a México a vivir en un estado de soledad u orfandad, se le suma un último flagelo: el desmantelamiento total de esa planta productiva que confería a México un margen material-simbólico de autonomía. Con la privatización de PEMEX se vuelve a una situación de colonialismo, una reedición de la conquista: se entrega a un poder extra-nacional el control de nuestro más valioso recurso. Véase las ilustrativas cifras que publica Reporte Índigo en su ejemplar del miércoles: “Petróleos Mexicanos tiene costos de producción más baratos que Statoil y Petrobras, los dos modelos que se buscan replicar con la reforma energética… Supera al doble en eficiencia a British Petroleum (BP), Chevron, Shell, Exxon Mobil y otras petroleras que entrarían al país gracias a la apertura…Tiene mejores rendimientos de operación que las seis petroleras privadas más importantes del mundo… A pesar de la declinación de sus campos, de la merma en sus exportaciones, de la corrupción y los altísimos impuestos que paga, es la quinta petrolera que produce más petróleo en el mundo, la primera en el continente americano. La superan cuatro compañías con las que tiene algo en común: son estatales. Pertenece a los gobiernos de sus países.” 

En la anterior colaboración escribimos: “¿Por qué México habría de elegir la renuncia a su patrimonio e industria? El problema es que México no decide los asuntos de vital importancia para el país. Es el remedo chiclero de gobierno el que fraudulentamente toma las decisiones cruciales. Y siempre en la socorrida dirección del entreguismo”. 

México está atrapado en una coyuntura geopolítica decisiva. Estados Unidos pretende salvar su contrato histórico (su Not So New Deal) a expensas del contrato fundacional mexicano. Fieles a su servilismo e impotencia, las elites en México se ciñen a la agenda de la metrópoli, nunca a la propia, atropellando lapidariamente el puntal del contrato doméstico, y colocando peligrosamente al país en un estado de estallido social latente. 

José Arturo Salcedo Mena enarbola una alternativa de cara a la política de desposesión que impulsa el pacto que no es pacto, y a la virtual caducidad del contrato histórico: “Para que el mexicano salga de su laberinto de soledad tiene que arrojar las máscaras que cubren su rostro y convertirse en dueño de sí mismo. Evidentemente la autenticidad convergerá en emancipación y legitimidad”. 

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