Es francamente débil la hipótesis que sitúa el origen del estallido en Michoacán (o bien el nacimiento de las autodefensas) en una moción privativamente gubernamental. Los cárteles de la droga son una criatura de la economía global. También los gobiernos. Difícilmente estas dos instituciones, una legal otra ilegal, aunque en realidad son una sola, impulsarían gratuitamente la aparición de un grupo civil armado, a no ser por una relativa pérdida de control en el sostenimiento de un poder u orden. Aún otorgando que se trata de una verdad parcial (la intervención sustantiva del gobierno), cabe reconocer que el paramilitarismo o el uso de guardias extraoficiales es un signo de debilidad, y de urgencia para recuperar un terreno perdido en la correlación de fuerzas políticas, ciertamente en el contexto de la economía global. Porque el conflicto en Michoacán no es local, ni siquiera nacional: es un conflicto geopolítico, es decir, global. (La intensiva cobertura en prensa internacional no es fortuita, especialmente en Estados Unidos). En esta conflagración se articulan intereses comerciales que involucran a China, Estados Unidos y a ciertos grupos caciquiles o familias locales.
Para situarnos en un terreno común, es preciso indicar que este conflicto es una de las expresiones de la narco-guerra, que no es otra cosa que una estrategia mundial, adaptada a la realidad nacional, para la consolidación de economías sostenidas en una virtual ingobernabilidad. Un Estado es fallido sólo cuando el orden económico dominante así lo reclama, como ocurre en México. Pero es fallido únicamente en la aplicación de las leyes escritas, no así en la concertación con las leyes materiales no escritas o no verbalizadas (por ejemplo, la adscripción casi religiosa de los factores económicos domésticos al credo neoliberal). En este contexto de laxitud o fallecimiento jurídico del Estado, el monopolio de la violencia se “federaliza": atraviesa una suerte de descentralización; se delegan facultades para el uso de la violencia a otros órganos no inscritos directamente en las instituciones estatales. Entre estos actores u órganos paralegales, destacan los brazos armados de los cárteles de la droga, empresas de seguridad privada, milicias rurales, mercenarios foráneos etc. Y ahora se pretende incorporar a las autodefensas a este abanico de fuerzas reaccionarias. Pero esto no equivale a sostener que la naturaleza de estos grupos es única e indivisiblemente progubernamental o pro-Estado. Y acá radica el quid de toda la discusión en torno al caso michoacano.
Si bien es indiscutible la injerencia del gobierno (al menos parcial) en el comportamiento de las autodefensas, cabe advertir que la sola participación (o bien padrinazgo, como algunos sugieren) de los actores oficialistas en la formación y reproducción de estos grupos, es una apuesta que no está exenta de riesgos virtualmente desfavorables para el poder constituido. Las propias autodefensas son increíblemente diversas. Y como en todo conflicto de esta naturaleza, las condiciones de clase, cosmovisiones e intereses que priman son heterogéneos y no pocas veces antagónicos. Más que una reflexión neutral o imparcial, acá se prefiere hacer hincapié en las fuerzas potencialmente transgresoras que intervienen en las guardias comunitarias: campesinos desposeídos, inmigrantes que van y vienen a Estados Unidos, y cuyo compromiso con la tierra cobra otra dimensión, trabajadores y padres de familia ordinarios hastiados de la corrupción, violencia e impunidad que fomentan por acción u omisión las autoridades públicas.
El riesgo para el Estado es doble: uno, que las autodefensas se radicalicen y consigan autonomía frente al orden estatal dual (el lícito y el ilícito); y dos, que el ejemplo cunda, y el formato de autodefensa alcance el rango de canon. En este escenario la desintegración del actual Estado criminal sería irrefrenable.
En la anterior entrega se sostuvo: “Resumidamente, se pueden agrupar a los protagonistas en dos grandes bloques: los que son afines al poder, y los que desafían el poder” (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/01/michoacan-preambulo-de-una-revolucion.html).
Aún cuando el poder institucional interviene para manipular el curso de las autodefensas, el desafío de estos grupos a los mandatos gubernamentales es un horizonte militarmente factible, y acaso políticamente deseable.
A nuestro entender, y aún concediendo verosimilitud al diagnóstico que sitúa a las autodefensas en el eje de una táctica discrecional e inconfesable del gobierno, la posibilidad de que este recurso comunitario se generalice es tan alto como la posibilidad de un aplastamiento que redunde en un beneficio para el actual orden (inconstitucional, cabe decir).
Y en un escenario hipotético de éxito insurreccional comunitario, nadie podría objetar el carácter éticamente legítimo de esta modalidad de defensa. Nótese que la preocupación central del gobierno no reside en el descabezamiento de un cártel u otro (Caballeros Templarios u homólogos transterritoriales): su principal empeño es el descabezamiento de la ciudadanía o la sociedad organizada, por más frágiles que pudieran ser estas formas organizacionales.
Esta vez no discrepamos ni un ápice con Javier Sicilia, cuando sostiene: “Es absolutamente legítimo [el recurso de las autodefensas]. Estoy en contra de las armas, pero estoy mucho más en contra de la indefensión. No se puede tolerar que en nombre de un gobierno… la gente tenga que padecer que le maten a sus hijos, le secuestren a sus hijas, las violen y las descuarticen”.
Este gobierno criminal que describe Sicilia es el que está en vilo. Desconocemos si las autodefensas alcancen a articular una oposición plausible en el corto o mediano plazo. Pero es un hecho que se trata de una ventana de oportunidad, una moneda al aire cuya suerte es incierta.
ALGUNOS LIDERES DE LAS AUTODEFENSAS DE MICHOACAN NOS TRAICIONARON A LAS PERSONAS QUE CREIMOS EN ELLAS AL PACTAR CON EL GOBIERNO DE E.P.N.
ResponderEliminarVAYANSE A TRABAJAR CON EL GOBIENRO DE POLICIAS Y LOS DEMAS ESTADOS UNANSE.