Evolución no significa progreso. A veces incluso están en franca oposición. Progreso implica avance. Evolución tan sólo refiere al cambio con adaptación. Sostener que las sociedades evolucionan continuamente es una obviedad, pues la condición de la especie es naturalmente cambiante. Pero alegar que la sociedad progresa irremediablemente, o que el progreso es la dirección que por defecto persiguen las sociedades, es una mentira poco piadosa, o más bien, profundamente perniciosa para la conciencia presente e histórica de un pueblo. Pero ésta es la mentira que efectivamente da cohesión al orden actual: en un sistema que descansa en el privilegio y no el derecho, mentir no es un mero capricho; es una cuestión de supervivencia para los estamentos o grupos que gozan de los privilegios. La primera gran mentira es que la evolución encierra la noción de progreso. La segunda, que el progreso o es privado o no es progreso. Esto es, que sólo la diligencia de una persona física o moral privada puede contribuir a la causa del progreso; que la acción colectiva sin mediación de un representante o sin ánimo de lucro, es una perogrullada o bien un propósito inasequible. Milton Friedman, mentor espiritual de los feligreses neoliberales, espetaba a sus detractores: “Volteen a su alrededor. ¡Sí! Todas las proezas de la humanidad son producto de las instituciones favorables al lucro”.
En México escuchamos con frecuencia discursos alentadores que atestiguan el optimismo en torno a la situación del país; anuncios que sin vacilar alardean el incólume estado de las finanzas, el comercio, la gobernabilidad. Que estos discursos ignoren la crónica insolvencia familiar, la depauperación sostenida de los salarios y el poder adquisitivo, la inseguridad que se respira en las calles o en los transportes públicos, los asaltos, secuestros, robos, extorsiones que acontecen a diario, la inoperancia burocrática, los abusos de autoridad, la corrupción, la discriminación, los feminicidios, las masacres, las fosas comunes, es probatorio de la nula utilidad que supone referirse a tales flagelos. Es más redituable vivir en la mentira, la mentira cultivada por acción u oficiosa omisión. Y como la política también se contagió de la troglodita lógica “costo-beneficio”, pues más vale ahorrarse los costos políticos que entraña aludir la realidad. Mejor ceñirse al metarrelato del progreso, que confunde alevosamente evolución con avance, que posterga todo para el futuro, y reduce el presente a condición de “sacrificio temporal”, con la promesa de que todo se enmendará ulteriormente por la acción infalible de los “hombres visionarios, emprendedores e industriosos”: es decir, los empresarios.
No es accidental que los gobiernos se plieguen solícitamente a los dictados de los hombres de negocios. Y no es que la fórmula de la mentira repetida mil veces haya cobrado verosimilitud, y que los gobiernos sencillamente sucumbieran al efecto seductor de la mentira. Los gobiernos son los vehículos de la mentira, los heraldos de la agenda programática e ideológica de los empresarios. El gobernante se dirige al empresario para legitimar su gestión, y el empresario al gobernante para solicitar absoluto acatamiento. La sociedad permanece atrapada entre el poder público al servicio del poder privado y el poder privado al mando del poder público. La distinción es tan sólo nominal, imaginaria e ideológica. En México, y acaso en el resto del mundo, la autoridad pública sí manda obedeciendo… pero al capitalista en turno. La simbiosis no es fortuita. La concentración de las fuentes de riqueza y de la riqueza misma, conceden poderes extraordinarios a los usufructuarios, quienes inyectan sus caudales dinerarios en los procesos políticos, a fin de procurarse los resultados deseados. La concentración de la riqueza trae consigo la concentración de derechos. Esto se llama privilegio. Y el privilegio, afincado en el acaparamiento de las fuentes de riqueza, naturalmente neutraliza el derecho de otros. Esto se llama plutocracia. Y en la plutocracia el poder reside en los reyezuelos del dinero (poder privado), no en el etéreo “pueblo soberano” (poder público). En suma, aquí es cuando uno exclama: ¡Ya se jodió la cosa!
Pero para que no se suspenda en el aire este razonamiento, trasladémoslo al terreno del empirismo. No se nos puede escapar la solemne recepción que protagonizó el empresariado nacional y el consejo rector del pacto por México, que no es pacto ni es por México. Figúrese que el sector empresarial, capitaneado en esta tersa reunión por Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, efectuó la entrega formal de sus diez mandamientos sexenales –el ahora impopular decálogo. Interprétese como un recibo de cobro por el apoyo concedido al candidato de su preferencia durante las elecciones.
Pero lo que aquí se quiere resaltar es la reacción de un representante de la autoridad pública, César Camacho, a nuestro juicio ilustrativa de la correlatividad o unanimidad que media entre el poder público y el poder privado. El priista no se ahorra loas, aunque fueren inculpatorias de su vasallaje: “Hubo muchas coincidencias con las propuestas que marcó la iniciativa privada y la agenda que sigue el pacto… Este encuentro se convertirá en una avance sensible y medible a favor de los propósitos del pacto”.
Para que la sociedad mexicana vaya tomando las respectivas precauciones, y a modo de dolorosa conclusión, se incluyen a continuación los diez puntos que impulsa un concilio que, fiel a su naturaleza plutocrática –evolucionada aunque poco afecta al progreso–, proscribe cualquier tipo de intervención ciudadana:
1) Realización de una cruzada nacional por la formalización económica (¡sic!); 2) Diseñar e impulsar una política industrial que relance la competitividad y productividad del sector privado; 3) Crear en la banca de desarrollo expedientes únicos y calificación inmediata; 4) Programa de fianzas para apoyar a las PYMES, contratistas y proveedores del gobierno; 5) Presupuestos multianuales para impulsar proyectos de infraestructura prioritaria, incluidos en el programa nacional de infraestructura, 6) Programa de bursatilización de empresas públicas; 7) Homologación e integración de los registros públicos de la propiedad y comercio en plataforma electrónica; 8) Fijar términos de prescripción en juicios agrarios; 9) Plan integral de desarrollo e inversiones para la región sur-sureste: corredor multimodal transísmico; 10) Lanzamiento del programa nacional de vivienda.
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