Contrapolítica y policías comunitarias en Guerrero

El declive del estado liberal en México ha llenado de claroscuros la realidad nacional. Por un lado el fortalecimiento del narcotráfico, la pérdida de la soberanía alimentaria, financiera y comercial así como el sometimiento de la estrategia militar a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos ilustran de manera fehaciente que el estado mexicano ha cedido poco a poco espacios que en otros tiempos eran considerados intocable por parte de la clase dominante mexicana. 

La otra cara de la moneda tiene que ver con que, al perder la capacidad de controlar el territorio nacional y a la población que lo habita, se han abierto espacios en estados como Chiapas  o en Guerrero que apuntan a señalar que el debilitamiento del estado mexicano no es un hipótesis por comprobar sino una realidad evidente. La intensificación del saqueo de los recursos naturales configurada por un modelo neo extractivista combinado con el fortalecimiento de la delincuencia organizada, dentro y fuera del estado, ejerce una enorme presión sobre las comunidades rurales y urbanas, obligándolas a pasar a la acción para proteger lo único que les queda: sus vidas y su cultura.

El caso de las policías comunitarias en la costa chica de Guerrero ha cobrado una dimensión que hace sólo algunos años nadie hubiera concebido. Ante la ausencia o contubernio de las fuerzas de seguridad para contener el aumento exponencial del narcotráfico y sus negocios colaterales (tala clandestina, tráfico de personas, secuestros y extorsiones, etc.), los pueblos y comunidades que habitan de la tierra donde Lucio Cabañas y el Ejército de los Pobres que propinaron golpe tras golpe al ejército federal, han echado mano de la memoria histórica para tomar el problema en sus manos –emulando el grito zapatista del Ya Basta.

Organizados a partir de su pertenencia a una comunidad o municipio, los campesinos han utilizado sus propias armas y formas de organización para conformar milicias  y responder a los secuestros, robos, violaciones y destrucción del medio ambiente perpetrados por bandas de narcotraficantes que actúan como señores feudales en tierras ajenas, asociados con los caciques regionales. Seguramente nunca esperaron que los campesinos respondieran como lo han estado haciendo. 

De acuerdo con una de las organizaciones pioneras de la región, fundada en 1995, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) “La Policia Comunitaria se establece como un sistema de seguridad propio, donde cada comunidad elige un grupo de Policías Comunitarios, coordinados a nivel regional por el Comité Ejecutivo de la PC. Actualmente, son más de 700 los Policías Comunitarios que prestan servicio gratuitamente, protegiendo a una población de alrededor de 300 mil habitantes.”

Organizadas desde 1995, la policía comunitaria cuenta con la participación de 77 comunidades localizadas en 12 municipios: Región Costa Chica: San Luís Acatlán y Marquelia; Región Montaña: Malinaltepec,Iliatenco, Metlatonoc, Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Xalpatlahuac, Tlapa de Comonfort , Xochistlahuaca, Acatepec. 

La CRAC se articula a partir de las Asambleas Regionales y sus funciones son financiadas por las comunidades, ya sea para la alimentación de los policías como de la reeducación de las personas detenidas. “… las autoridades comunitarias y los principales se encargan de la reeducación, o sea de platicar con ellos (los detenidos) para hacerlos reflexionar sobre su conducta.”  Todo el proceso se sostiene en las formas que las comunidades han utilizado tradicionalmente para la resolución de conflictos -lo que algunos llaman usos y costumbres- y que forman parte del legado de los antiguos mexicanos. 

Su éxito ha sido importante, por decir lo menos, al grado de que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero ha empezado a delinear una táctica de contención más sutil: en un principio procuró ignorar el tema pero ante el aumento del número de comunidades que se han organizado para enfrentar a los narcotraficantes y sus aliados, los caciques y terratenientes de la región, se apresta ahora a dividirlos –favoreciendo y aliándose con algunas y no con todas las milicias- para evitar perder el control de la zona y sobre todo, de las ganancias que reportan la tala clandestina y el trasiego de drogas y armas que, en esa zona marginada pero con una larga tradición de resistencia y lucha contra la explotación y la discriminación, ha sido la constante por muchos años. 

Lo interesante aquí es que con pocos recursos –escopetas, pistolas y rifles- pero con una enorme densidad moral, los campesinos de la costa chica están logrando lo que el ejército, las policías locales, estatal y federal así como los tres niveles de gobierno, con todo su poder, no han podido o no han querido hacer: contener la violencia desatada por el crimen organizado y el saqueo de los recursos naturales. Vidulfo Rosales Sierra, del Centro Regional de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan afirma sin ambages: “No es posible que campesinos organizados con armas de bajo calibre hagan frente a los delincuentes en cuestión de dos días, mientras el Ejército, la Marina y las policías con armas de alto poder en más de tres años no han podido revertir este fenómeno; eso es imposible; no amerita mayor análisis.”

Y eso en mi opinión es un ejemplo claro de como las comunidades y pueblos, al abandonar la esperanza de que las autoridades hagan su trabajo han comenzado a trazar una nueva ruta, una contrapolítica que se sustenta en la confianza de que con la participación organizada desde abajo se puede concebir un mundo mejor. 

El ejemplo ha empezado a cundir en otras regiones del estado de Guerrero e incluso fuera de él, como el caso de comunidades de Michoacán. La explotación combinada con la amenaza de sus vidas ha orillado a los pueblos y comunidades a organizarse por su cuenta para evitar su desaparición. Las consecuencias de semejante toma de conciencia ha puesto en estado de alerta a los dueños del dinero y sus empleados, quienes sin renunciar a sus privilegios buscarán la manera de desarticular el proceso. Pero una vez desaparecido el encanto de las promesas del estado liberal no hay marcha atrás y conforme el caos se incremente la población enfrentará el dilema que hoy enfrentan las comunidades de Guerrero. 

No hay que olvidar, en todo caso que, aunada a la larga historia de resistencia de los campesinos de la Costa Chica en Guerrero, esta sin duda la presencia del zapatismo contemporáneo en Chiapas, que ha demostrado que sólo desde abajo se pueden mejorar las condiciones de vida, la dignidad escamoteada por los de arriba. Sólo prescindiendo de las reglas del estado liberal y sus formas de organización, el camino será más claro. Voltear al pasado para construir el futuro desde el presente, caminando.