La reciente ley aprobada en el Parlamento catalán que prohíbe las corridas de toros a partir del 2012 surgió de una iniciativa popular promovida por el grupo ciudadano Prou! (Basta) y fue respaldada por más de 180 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas catalanas. Este hecho me parece una muestra contundente del poder de la democracia directa y de sus posibilidades para vigorizar a la política y a la democracia.
El proceso por medio del cual la sociedad catalana ha decidido acabar con una tradición -que para muchos define de manera inequívoca la identidad de España y su población- ha generado una interesante discusión con respecto a la pertinencia de un rasgo cultural. El diputado del Partido Popular, Rafael Luna, sostiene que detrás del resultado de la votación existe un sentimiento antiespañol y además afirma sin miramientos que los animales no “tienen derechos individuales” (sic).
Más allá de las diversas posturas que se puedan adoptar frente a esta polémica el proceso en sí revela la capacidad de una comunidad política por mirarse a sí misma, interviniendo directamente en los asuntos culturales y políticos que considera importantes. El hecho de que todo haya empezado con una iniciativa popular demuestra la importancia y las posibilidades de la democracia directa como mecanismo de participación ciudadana.
La comunidad catalana asumió la responsabilidad de enfrentar el cambio social poniendo en cuestión las tradiciones, que no necesariamente son intocables y sagradas. Este gesto nos habla de una sociedad en movimiento, dinámica y responsable. Si bien es cierto que no todos los catalanes comparten la idea de acabar con las corridas, es evidente que en cualquier parte del mundo las leyes no necesariamente gozan de unanimidad.
Así las cosas, el triunfo de la comunidad catalana es doble: por un lado inaugura en Cataluña un mecanismo de democracia directa con éxito; por el otro, demuestra que la ciudadanía puede y debe participar en la definición de su presente y su futuro, limitando el papel de las burocracias partidistas y de los gobiernos para administrar el cambio social. Ojalá que el ejemplo sirva para que los ciudadanos de otros países tomen conciencia de su capacidad para cambiar sus condiciones de vida. De otro modo seguiremos supeditados a las necesidades de unos cuantos, que enarbolando la idea del interés general seguirán imponiendo sus intereses en contra de la sociedad en su conjunto.
1 comentario:
hasta que punto no es esta democratica decision una cortina de humo para desviar la atencion de problemas REALES?
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