miércoles, 23 de agosto de 2017

Asesinan a tiros en Veracruz al periodista Cándido Ríos


El corresponsal del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan Cándido Ríos Vázquez fue asesinado a balazos la tarde del martes por un comando cuando se encontraba afuera de una tienda Oxxo situada en el poblado de Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. 

Ríos Vázquez se convirtió en el noveno periodista asesinado en México en lo que va del año y estaba incorporado al Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, debido a que había recibido varias amenazas. 

Según reportes policiacos, Cándido Ríos estaba afuera del establecimiento comercial con el ex inspector de la policía de Acayucan Víctor Acrelio Alegría y el chofer de este mando policiaco, cuando varios sujetos usaron armas de alto poder en su contra. 

Jorge Morales Vázquez, titular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), condenó el homicidio e hizo un llamado enérgico para que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes con la debida diligencia. 

Dijo que la CEAPP le brindaba asesoría legal al comunicador asesinado respecto de la denuncia presentada en 2012 ante la entonces Procuraduría General de Veracruz (número de investigación ACA/793/2012) por agresiones por parte de autoridades municipales de Hueyapan de Ocampo. 

Este es el segundo periodista asesinado en lo que va de la gestión del panista Miguel Ángel Yunes Linares. El 19 de marzo fue asesinado Ricardo Monlui Cabrera, en el municipio de Yanga, Veracruz. 

Los otros comunicadores asesinados en lo que va del año en el país son: Luciano Rivera, conductor de CNR Noticias, de Playas de Rosarito, Baja California; Salvador Adame, director de Canal 4Tv, de Nueva Italia, municipio de Múgica, Michoacán; Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Culiacán, Sinaloa; Filiberto Álvarez Landeros, locutor en Tlaquiltenango, Morelos; Maximino Rodríguez Palacios, del portal Colectivo Pericú, en Baja California Sur, y Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora de Norte de Ciudad Juárez.

viernes, 11 de agosto de 2017

El narcotráfico en México es clase gobernante

En México y el extranjero es común que el público pregunte por qué en este país matan a los periodistas, desparecen a los estudiantes, reprimen hasta la muerte a los maestros, asesinan a líderes comunales, persiguen con ferocidad a defensores de derechos humanos, ejecutan a centenares de miles de civiles inocentes etc. La respuesta con frecuencia acude al estribillo: “fue el narcotráfico”. Esta especie de “hipótesis” inoculada, basada en información filtrada inconexamente por la prensa, aunque es parcialmente cierta, tiene limitaciones u omisiones que conviene señalar. 

Una primera limitación (subjetiva) es que alimenta la creencia fetichizada de que el narcotráfico es un “agente balcanizador” que las fuerzas del Estado no consiguen domeñar o contener por impotencia o debilidad. Esta “creencia” desliza (subterráneamente) la falsa noción de que la sola participación-intervención de las instituciones significa, a priori o exprofeso, un freno a las formas ilegales de hacer negocios o política, que es una tesis que (al menos en México) no resiste el menor análisis. 

Esto remite a la segunda omisión (objetiva): a saber, que en México la presencia de actores institucionales de alto rango es una constante en la ecuación de los negocios del narcotráfico. Casi por regla, las corporaciones de seguridad han estado dirigidas por civiles o militares sobre cuyas personas recaen sospechas de colusión (algunas probadas) con la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico: Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Sahagún Baca, Jorge Maldonado Vega, Jesús Gutiérrez Rebollo, Oralio Castro Aparicio, Rafael Macedo de la Concha, Genaro García Luna, por mencionar algunos. 

Y, por si esto fuera poco, sólo en el curso de la administración de Enrique Peña Nieto al menos 16 exgobernadores han sido acusados (unos detenidos otros prófugos de la justica) por numerosos delitos que involucran asociación ilícita con el narcotráfico: Roberto Borge (Quintana Roo); Javier Duarte de Ochoa (Veracruz); Flavino Ríos (Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas); Egidio Torre Cantú (Tamaulipas); Eugenio Hernández (Tamaulipas); Guillermo Padrés (Sonora); Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes); Jesús Reina García (Michoacán); Fausto Vallejo (Michoacán); Humberto Moreira (Coahuila); Rubén Moreira (Coahuila); Rodrigo Medina (Nuevo León); Miguel Alonso Reyes (Zacatecas); Ángel Aguirre Rivero (Guerrero); Andrés Granier Melo (Tabasco). 

Hay que recordar que algunos de estos exgobernadores forman parte de esa “flamante” generación política que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, presentó como fieles representantes del “nuevo PRI” (Partido Revolucionario Institucional). Y tenía razón respecto a la fiel “representatividad” de estos personajes. Únicamente se equivocó al sugerir que se trataba de un nuevo viento. 

Si no recuérdese el turbulento sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El clan Salinas es acaso el referente más emblemático del poder político en México. Durante esa administración, el cártel del Golfo alcanzó una posición dominante en el universo del narcotráfico en México, prohijado por el blindaje institucional de la familia presidencial. Juan Nepomuceno Guerra, el fundador del cártel, era compadre de Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos, el expresidente, y de Raúl Jr., el criminosamente célebre “hermano incómodo”, quien, por cierto, paso diez años en la cárcel (1995-2005) por el asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu, y por otros delitos tales como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico etc. 

En 1999, un informe suizo ratificó estos contubernios delictuosos del clan Salinas: “Ya desde finales de la década de los setenta, los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari fueron introducidos en el negocio de las drogas por su padre Raúl Salinas Lozano, quien hubiese visto con más agrado a Raúl a la cabeza del Estado en México; sin embargo, se decidió a darle el apoyo necesario a su hijo Carlos, debido a que el modo de vida no loable de Raúl no le hubiese permitido ocupar un alto cargo en la política” (Proceso, 30-I-1999). 

Dos años antes (1997), la procuradora de Suiza, Carla del Ponte, presentó un reporte que detallaba las conexiones de políticos mexicanos con la delincuencia organizada. De acuerdo con el testimonio de un informante protegido del cártel de Cali, en 1990 se celebró una reunión en México con diversos jefes criminales a la que acudieron “Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y José María Córdoba Montoya” (sinembargo.mx 7-VIII-2015). Éste último fue el más cercano asesor de Carlos Salinas durante su mandato. 

En 1997, Manlio Fabio Beltrones Rivera fue acusado por la DEA en Estados Unidos de brindar protección al cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. De acuerdo con el informe suizo antes referido, Emilio Gamboa Patrón negoció con el cártel del Golfo los 114 millones de dólares que fueron depositados a nombre de Raúl Salinas de Gortari en la banca de Suiza (ibidem). En la actualidad, Beltrones Rivera es el presidente del PRI, y Gamboa Patrón es el coordinador de la bancada priísta en el Senado. 

Por último, una tercera omisión (también objetiva) en la que incurre aquel estribillo de “fue el narco” es que en México prevalece una tasa de impunidad de 95-100% respecto a todas las modalidades de delito (con minúsculas variaciones en las distintas entidades federativas); una cifra que, por sí sóla, da cuenta de un éxito formidable, en donde el objetivo de las instituciones no puede ser la justicia sino la impunidad. 

En este sentido, la pregunta no es por qué México reporta estadísticas humanamente impresentables. Hasta un adolescente entiende que el “imperio de la ley” de “plata o plomo”, que es la ley del narcotráfico, comporta escenarios de terror, muerte y destrucción a gran escala. 

La pregunta que urge formular en México es por qué el narcotráfico en México es clase gobernante.


1. ¿Por qué matan impunemente a periodistas en México?

2. ¿Por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia humanitaria en México?

3. La guerra contra el narcotráfico en México es la adaptación nacional de las dictaduras militares sudamericanas

4. Acerca de la guerra en México: apuntes teóricos

5.¿Qué es un narcoestado?

jueves, 3 de agosto de 2017

Crónica de una reelección anunciada en la UV

Con el proceso para elegir -privilegio de unos cuantos- al nuevo rector de la Universidad Veracruzana en su fase final, convendría recordar algunos acontecimientos que en la presente coyuntura podrían inclinar la balanza en favor de la reelección de Sara Ladrón de Guevara. Además de la tendencia a la reelección presente desde los años de Víctor Arredondo hay que considerar también la labor de la rectora para facilitar la llegada de Miguel Ángel Yunes al gobierno de Veracruz quien, pesar de las promesas no cumplidas, parece seguir gozando del apoyo de la burocracia universitaria... a cambio de la reelección claro.

Porque lo que está en juego es el mantenimiento de la alta burocracia universitaria y no solamente de la rectora; la continuidad de un proyecto que sólo sirve a los mandarines y que se mantendrá para favorecer a unos cuantos en la dinámica de convertir lo que queda de la universidad de masas en universidad-empresa. Hay que recordar que dicho estamento universitario es producto de la corrupción y el sometimiento sin rubores al proyecto neoliberal y al gobierno estatal en turno para legalizar el despojo a través del manejo patrimonial del presupuesto, epicentro de los altos sueldos, privilegios de sátrapas pero sobre todo del control político de la comunidad universitaria para su beneficio. Sin éste último el despojo se vería comprometido.

Pero en realidad el capital político de la rectora es producto sobre todo de aquéllas manifestaciones convocadas primero por un grupo de universitarios y luego por la propia rectora, en pleno proceso electoral de 2016. En su momento se denunció en este espacio la manipulación descarada de la comunidad universitaria por parte de la rectora, en pleno proceso electoral y con un protagonismo rayano en el culto a la personalidad. Baste recordar sus amañados discursos en medio de las marchas, ocultando su verdadero objetivo: favorecer la campaña de Yunes Linares y su ataque al gobierno de Javier Duarte para fortalecer su capital político y eventualmente reelegirse, arropada en la supuesta defensa de la universidad. 
 
En primera instancia podría parecer lógico que frente al adeudo a la UV por parte del ejecutivo estatal, la rectora se distanciara de éste para apoyar a la oposición conservadora. El problema es que al hacerlo, su principal objetivo fue fortalecer su imagen política en detrimento de la autonomía universitaria y la defensa de la educación pública. Someter a la universidad a una alianza política bajo la mesa con la oposición de derecha sólo la favoreció a ella y su grupo; la promesa de pago del adeudo a la universidad se quedó en eso, en promesa hasta hoy. Era lógico suponer que ese dinero se había esfumado en los pasillos de la corrupción y el tráfico de influencias, aunque hoy las buenas conciencias se sorprendan; fue evidente que el quebranto financiero de la UV fue producto de una política de estado, desde los años de Alemán y Herrera para continuar con Duarte y Yunes Linares. La burocracia universitaria no fue víctima de semejante política sino cómplice, el saqueo de las finanzas universitarias fue la muestra clara del sometimiento de los mandarines al gobierno en turno. Luego, cuando las circunstancias cambiaron, decidieron dar el chaquetazo ante la eventual derrota del PRI en el estado.

Al ganar Yunes Linares la contienda por el gobierno del estado en 2016, empezaron a surgir otros hechos que fueron descubriendo el juego de la rectora y su grupo. Incluso antes de que terminara formalmente el sexenio duartista, Clementina Guerrero pasó, de dirigir las finanzas universitarias a las del estado de Veracruz. Días antes de la toma de posesión de Yunes, Clementina se convirtió en la mandona en la Secretaría de Finanzas. Asimismo, un grupo de mandarines encabezado por Francisco Monfort Guillén se encargaron de organizar foros para la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo y luego formar parte del gabinete yunista, como jefe de la Oficina de Programa de Gobierno. No fue el único mandarín que se incorporó al gabinete; a Hilario Barcelata, integrante del grupo de académicos en Defensa de la Universidad, le concedieron la jefatura del Instituto de Pensiones, según algunos por ser un experto en dichos temas aunque más bien aparece como parte de los beneficios de la alianza entre la rectora y el candidato panista. Además, no podemos olvidar el escándalo por la expedición fast track del título universitario al secretario de gobierno, el perredista Rogelio Franco, para evitar la vergüenza de ser un alto funcionario estatal sin contar con un título profesional. En comparación con la llegada de Clementina Guerrero al gabinete yunista parece poca cosa pero sin duda refleja claramente la disposición de la rectoría para colaborar sin condiciones con el gobierno del estado, absorbiendo el costo político sin rubor alguno. 
 
Así las cosas, la rectora y sus sátrapas mantienen viva la farsa de que la alianza con el gobierno del estado será útil para la propia universidad, cuando los únicos beneficiados hasta ahora han sido ellos. La matrícula seguirá estancada, con o sin el pago del adeudo; el patrimonialismo de la academia hiper burocratizada seguirá controlando las facultades y escuelas de la UV para mantener sus privilegios y además el proyecto educativo neoliberal; el enorme gasto corriente seguirá creciendo en detrimento de las labores sustanciales de la universidad; la opacidad de facto y la corrupción seguirán siendo la marca de la casa. 
 
La mal llamada ‘autonomía financiera’ lograda en el congreso estatal sólo es una promesa más de un gobierno que no ha cumplido ni una sola de las que ofreció en la campaña: ni pago a proveedores, ni pago del adeudo a la UV, ni combate eficaz a la inseguridad que campea en el estado y un larguísimo etcétera que por cuestiones de espacio no podemos incluir aquí. El gobierno de Yunes Linares es la continuación de una política de estado que, entre otras cosas, seguirá promoviendo el fin de la universidad de masas para favorecer el proyecto de la universidad-empresa, siempre subordinada al cálculo político del ejecutivo estatal. Y para eso no cabe duda que cuenta con el apoyo incondicional de la rectora y su grupo, por lo que es bastante probable que la reelección se consume. Pero habrá que recordarle a Sarita que así como Yunes Linares no ha cumplido ninguna de sus promesas de campaña probablemente tampoco le cumpla a ella.