lunes, 17 de julio de 2017

Temacapulín: neoliberalismo, fraudes hidrológicos y resistencia civil

“Una gran tendencia mundial es que cesen las presas insustentables, y la presa El Zapotillo lo es a todas luces. Se calcula que garantizará agua sólo por 25 años. Es una presa cómoda (…) a costa de Temacapulín y del ecosistema” (Iteso.mx 5-VII-2017). Esto afirmó el académico Mario López, miembro del Grupo del Agua del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, tras la decisión del gobierno de Jalisco de continuar con la construcción de la presa hidroeléctrica que condena a la inundación al pueblo de Temacapulín, y a otros dos poblados colindantes, Acasico y Palmarejo. 

Temacapulín, también conocido como Temaca, es una localidad del estado de Jalisco, que forma parte del municipio de Cañadas de Obregón en la región de los Altos de Jalisco. 

De acuerdo con diversos diagnósticos, e incluso hasta los más optimistas financiados por las autoridades del estado, Temacapulín quedaría sumergido si Aristóteles Sandoval, gobernador de la entidad, persiste en desacato de la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que proscribió la continuidad de la obra. 

Desde hace 12 años, los habitantes del pueblo han resistido e inhabilitado (hasta el reciente anuncio gubernamental que decreta la reanudación de la obra) el proyecto de construcción de la Presa El Zapotillo en el cauce del río Verde. 

A propósito del décimo segundo aniversario, El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, denunció: “Son doce años de estar luchando contra una equivocada gestión del agua y defendiendo lo más sagrado, la tierra, el agua y demás bienes naturales, así como la vida; somos muchos, hay Temacas por todo el país, en Estados Unidos y en otras latitudes”, señala el comunicado del IMDEC (Milenio 31-V-2017). 

En desatención infractora del fallo de la Suprema Corte de la Nación, que en agosto de 2013 anuló el convenio que autorizaba la obra, y de las múltiples suspensiones decretadas por tribunales colegiados, el gobierno de Jalisco contrató los servicios de La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y gastó más de 90 millones de pesos para sacar un dictamen a modo. 

Desde los órganos de comunicación estatales, se ha tratado de justificar –sin el menor rubor o reparo– una decisión a todas luces políticamente injustificable (inundar comunidades por decreto o acuerdos empresariales), bajo el argumento de que la resolución se tomó en función de criterios técnicos y científicos. Es decir, la prevalencia del “interés especial” por oposición al “interés público”, con envoltorio fingidamente cientificista. 

Para el caso de estos conflictos, tan característicos de la realidad latinoamericana, el escritor Eduardo Galeano acostumbraba decir: “los pretextos invocados ofenden la inteligencia; las intenciones reales encienden la indignación”. 

Porque está demostrado que el fondo de estos conflictos no es técnico: es político. Desde el gobierno, los heraldos evocan evaluaciones científicas que, no obstante, confirman escenarios perjudiciales, y el carácter fraudulento e insostenible del modelo hídrico de las represas. Pero incluso hasta esos estudios técnicamente neutrales, convalidan una supuesta necesidad de un análisis de orden científico, por oposición a un ejercicio político de consulta ciudadana. En el marco de la neoliberalización, la incautación de recursos naturales se discute o dirime en términos científico-técnicos. 

Temacapulín es una exhortación a repolitizar ese saber tecnocientífico. 

La economía neoliberal profundizó los alcances de una añeja disyuntiva: inversionistas privados o población civil. En América Latina, casi por regla de hierro, el dilema entre la integridad de los inversionistas privados o el bienestar de la población civil, se desahoga en provecho de los inversionistas privados, y en detrimento de la población civil. 

Temacapulín es un llamado a cambiar el orden neoliberal de los factores: primero la población civil, después la población civil, y al final la población civil. 

El neoliberalismo es un modelo económico (custodiado por un decálogo de fórmulas políticas e ideológicas impresentables) que anula la soberanía nacional sobre los territorios: la organización territorial no es más una facultad de la autoridad pública; es un privilegio que administran a su antojo los actores privados. El Estado es un facilitador al servicio de los inversionistas. Esto explica que un “interés especial” consiga imponer un modelo de abastecimiento de agua que hasta la Comisión Mundial de Represas admite que “es responsable del desalojamiento de hasta 80 millones de personas en el mundo” (Iteso.mx 5-VII-2017). 

Temacapulín es un reclamo de justica hídrica, sostenibilidad del ecosistema, y respeto de los derechos humanos básicos. 

Desde el comité “Salvemos Temacapulín” advierten: “Nuestras raíces, están en Temaca pero nuestra lucha también es para que se modifiquen las reglas del juego, que las decisiones que se tomen sean con la participación ciudadana, comunidades afectadas, especialistas, científicos, académicos… En estos doce años de lucha muchos compañeros y compañeras han muerto a causa de defender sus derechos humanos frente a todo lo que representa el proyecto El Zapotillo” (Milenio 31-V-2017). 

En redes sociales circula la consigna: “Temaca se va a salvar”.


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