miércoles, 26 de abril de 2017

Migración y terrorismo de estado en la era Trump

Entre las metas que se propuso Trump antes de ocupar la presidencia de los EE. UU., probablemente la que ha tenido un mayor impacto es la relativa a su política migratoria. La amenaza naranja presume en sus primeros cien días de la disminución significativa del tránsito ilegal de personas en su frontera sur. Pero además ha emprendido una serie de acciones dirigidas a la deportación masiva, ampliando el rango de posibilidades para que una persona sea deportada y, al mismo tiempo, reduciendo las posibilidades de defensa de los derechos de los migrantes. En todo caso el eje central de su política migratoria radica en generar terror entre la población migrante para inhibir su crecimiento. 

La amenaza de Trump en su campaña electoral de deportar a 11 de millones de inmigrantes ilegales, junto con la intención de construir un muro a lo largo de la frontera con México fueron sin duda los pilares de su propuesta. Lo que no dijo es que sólo alrededor de la mitad de las personas que residen ilegalmente en los Estado Unidos son de origen mexicano. 

Tampoco parece asumir que el problema migratorio tiene un carácter estructural, provocado por el debilitamiento y subordinación de la economía mexicana y la necesidad de mano de obra barata que subsidie a la economía estadounidense. Este hecho no puede pasarse por alto al enfrentar el tema migratorio, por lo que queda claro que sus amenazas son simple propaganda para mejorar su imagen pública como salvador de la esencia de la nación pero, al mismo tiempo, generar terror entre la población inmigrante para obligarlos a dejar el país (lo cual parece poco probable porque el terror en los países de origen es mucho mayor) o inhibir que más gente intente ingresar ilegalmente. 

De otro modo no se pueden entender las redadas realizadas en febrero en los estados de Carolina Norte y Sur, Georgia, California, Nueva York, Washington e Illinios. A lo largo de cuatro días fueron detenidas más de 600 personas entre ellas un dreamer, Daniel Ramírez Heredia, quien fue detenido en su casa por agente del ICE (Inmigration and Customs Enforcement) quienes buscaban a su padre previamente deportado y que se presumía había regresado. Al no encontrarlo detuvieron a Daniel con el argumento de que había reconocido ser miembro de una pandilla. 

El caso demuestra claramente que no es necesario haber cometido un crimen grave para ser deportado. El rango de criminal se ha ampliado a delitos menores; a migrantes con orden de deportación que la han eludido o que incluso no saben que han sido deportados; a migrantes que se encuentran en juicio, los cuales pueden ser deportados sin esperar el resultado del juicio; a migrantes acusados de actos imputables, así como fraude o declaraciones falsas o por abusar de los beneficios en un programa de ayuda pública; y por último la posibilidad de que un oficial de inmigración crea que la persona representa un peligro para la seguridad púbica o nacional. Es decir, prácticamente todos los inmigrantes con o sin papeles pueden ser deportados. 

A lo anterior habrá que sumar la expulsión inmediata, es decir sin la necesidad de un juicio, que en el gobierno de Obama se aplicaba a inmigrantes detenidos a menos de cien millas de la frontera y que no fuesen capaces de demostrar que llevan más de 14 días en el país. Ahora la expulsión inmediata aplica en todo el territorio nacional y para todas las personas que hayan estado en el país por menos de dos años o que no puedan demostrarlo. 

Para llevar a cabo semejante política migratoria, el gobierno de Trump ha restaurado el programa 221(g) -que habilita a sheriffs locales y oficiales de policía local y estatal a cumplir con tareas migratoria. Pero además pretende la contratación de 10 mil oficiales de patrullas fronterizas sí como la ampliación de instalaciones para la detención de migrantes. Como se ve, la promesa de Trump de deportar a tres millones de inmigrantes indocumentados con record delictivo, incorpora una ampliación arbitraria de lo que se considera un delito, generando incertidumbre y temor. Nadie está seguro y esto con la intención es que sean los propios inmigrantes quienes transmitan ese temor a los amigos y familiares de sus lugares de origen que estén considerando la posibilidad de vivir ilegalmente en los EE. UU. 

De lo anterior se desprende la certeza de que la política migratoria de Trump -frente a la imposibilidad de evacuar a todos los inmigrantes ilegales, tanto por cuestiones de logística y capacidad real del sistema como por la necesidad de mano de obra barata- se funda en el racismo y la discriminación, en la creación de un ambiente de terror que, al mismo tiempo que procura inhibir la inmigración vaya también normalizando la violencia como forma de resolver problemas sociales. Hoy les toca a los inmigrantes ilegales. ¿Y después?

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