domingo, 19 de junio de 2016

El magisterio: intereses especiales; la delincuencia: el interés nacional

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), algunos analistas arguyeron, no sin bases empíricas y documentales, que convenía rebautizar el acuerdo comercial con base en los resultados previsibles, e informalmente denominarlo “Tratado de Libre Cocaína”, presagiando que solamente la droga conseguiría la trillada “libertad” de “laissez faire, laissez passer”, que significa “dejar hacer, dejar pasar”. Todos los demás renglones de la economía regional quedarían fuertemente subordinados a un comando centralizado con sede en Estados Unidos. Y claro, con el resultado obligado: ganancias abundantes para la matriz en Estados Unidos, y puras pérdidas para México, entre las que destaca la quiebra industrial, la ruina del campo, la agudización de la desigualdad, la persecución de los trabajadores, y la violencia e inseguridad en volúmenes extraordinarios. 

La estimación resultó parcialmente cierta. Y digo “parcialmente” porque hasta la droga es un asunto que controlan a su antojo y capricho los estadunidenses. De hecho, los narcos mexicanos tienen un adagio que no concede margen para la especulación: a saber, “Estados Unidos te hace; Estados Unidos te deshace”. La conversión de México en un narcoestado estaba prevista en las estimaciones “librecambistas” (nótese el entrecomillado): de México a Estados Unidos ingresarían manufacturas estadunidenses producidas con trabajo humano mexicano, en unidades de transporte preñadas de mucha droga. Porosidad no es libre comercio. Al mismo tiempo, el estribillo del “combate al narcotráfico” proveyó un andamiaje de discursos catastrofistas para facilitar la intervención de Estados Unidos con la excusa de la seguridad regional. El recorrido del TLCAN al ASPAN (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte) es una trayectoria natural en ese orden de cosas, que por cierto es un orden anti-constitucional porque ese intervencionismo lesiona gravemente el principio de la soberanía. La destrucción de la industria energética y aeronáutica, la bancarrota del campo (en los primeros diez años del tratado, cerca de 2 millones 300 mil trabajadores rurales emigraron a las principales ciudades del país o a Estados Unidos), y la apropiación de casi la totalidad de la banca nacional (92% de las instituciones bancarias en México están en manos foráneas), es sintomática de esa injerencia monopolista revestida de librecambismo e “interés nacional” 

Cabe hacer notar que el TLCAN es cualquier cosa menos un tratado de libre comercio. Hasta el propio Adama Smith, que es el padre de la economía liberal, advertía que una auténtica libertad comercial es aquella donde el trabajo tiene libre movilidad. Y acá no sólo se desatiende ese precepto: se atropella violentamente. Inmediatamente después de la firma del tratado, Estados Unidos puso en marcha el programa “Gatekeeper” (operación “portero”) con el propósito de extender el cerco del muro fronterizo, militarizar la frontera y perseguir migrantes mexicanos a sangre y fuego. (Por cierto que a nadie debe escandalizar que un candidato aduzca la urgencia de profundizar esa política; todas las administraciones en Estados Unidos siguen fielmente esa agenda, sólo que no lo dicen). Y mientras los norteamericanos blindaron su país de los “unwanted aliens”, en México los gobiernos protegían los recursos que Estados Unidos aspiraba a confiscar, señaladamente el petróleo. Después de los atentados terroristas del 9-11 del 2001, las fuerzas armadas mexicanas pusieron en marcha la Operación Centinela, con el objeto de proteger las instalaciones petroleras en el Golfo de México, que ya entonces ocupaban parcialmente empresas oriundas de Estados Unidos, y que 15 años más tarde confiscarían irrestrictamente con la venia reformistas del gobierno mexicano. 

La coyuntura actual pone de manifiesto nítidamente estas distorsiones. El liberalismo político urde su discurso alrededor de una antinomia, que si se observa detenidamente no tiene ninguna base empírica, pero que por lo menos contribuye a revelar la deslealtad de los discursos y la realidad. El ideario liberal establece la distinción entre intereses especiales e intereses nacionales (o generales). Los intereses especiales son esos que persiguen ciertos grupos o facciones en detrimento de un interés presuntamente público. Y los intereses nacionales son aquellos que condensan eso que la teoría llama la “voluntad general”. En realidad, se trata de otra de esas falsas antinomias de la modernidad, que por cierto es visiblemente favorable para producir discursos de odio e intolerancia susceptibles de lucro político. Por ejemplo, el relato de desprestigio mediático que desde el gobierno federal se impulsa contra la educación pública, en general, y los maestros, en particular. 

Sólo es cuestión de atender las noticias y la evidencia empírica para descubrir qué es eso que el gobierno entiende por interés especial e interés nacional. 

Cuando los padres de los 43 demandaron al gobierno que abriera la puerta de los cuarteles militares para buscar allí a sus hijos desaparecidos, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, adujo que no podía permitir que unos padres de familia (interés especial) decidieran sobre un asunto que sólo les corresponde a las autoridades ministeriales de la nación (interés nacional). Dijo: “Ingresar a las instalaciones militares, a ver, ¿por qué?”. Así, con esa clarividencia y profundidad que distingue a nuestras autoridades. Y mientras los padres de los 43 siguen buscando a sus hijos, en Iguala, Guerrero, el tráfico de heroína sigue boyante. 

Tan sólo el fin de semana pasado, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, capital de la droga y sede residencial-operativa de connotados capos del narcotráfico, tuvieron lugar múltiples episodios de violencia, que dejaron un saldo de tres muertos y alrededor de 250 familias desplazadas. Nunca aparecieron los elementos de las fuerzas armadas o la policía. Naturalmente que no hubo ningún detenido. Pero sí, en cambio, cientos de efectivos policiales “escoltaban”, en esos mismos momentos, la caravana de autobuses de maestros que se trasladaban desde diversos estados con dirección a la capital del país, para sumarse a la manifestación programada el viernes 17 de junio. Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño –el sicario en turno de los empresarios– condenaron unánimemente al magisterio, con el eco unívoco de los partidos políticos, y adujeron que la reforma (el interés nacional) no cedería ante los “chantajes intimidatorios” de “intereses particulares o gremiales” (léase intereses especiales). 

El viernes 17 por la mañana, comandos armados tomaron por asalto la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y cerraron por lo menos cinco cruces vehiculares de la zona conurbada, presuntamente con el propósito de evitar la incursión de las fuerzas estatales. No hubo ningún enfrentamiento. Pero porque por allí no se apareció ningún policía o agente del estado. El alcalde priísta de Reynosa (otro representante del interés nacional), José Elías Leal, que sólo movió un dedo para publicar un Twitter, dirimió el problema con una cibernética recomendación a la población: “hay una contingencia (sic) con situaciones de riesgo en diversos puntos… Recomiendo a los conductores no circular en automóvil por la ciudad”. Acerca de los delincuentes enseñoreados no emitió ninguna opinión. 

En contraste, ese mismo día por la tarde, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de México, más de 4 mil 500 policías (¡!) de distintas corporaciones fueron dispuestos para custodiar e impedir el paso del contingente de maestros que marchaban hacia el Zócalo de la ciudad, que ya desde hace algún tiempo se convirtió en un espacio privado. 

Y mientras los criminales siguen operando a sus anchas en toda la geografía nacional (como estaba previsto que ocurriera con la firma del TLCAN), el secretario de Educación Nuño Mayer, representante de ese “interés nacional” alojado en los acuerdos comerciales internacionales, anunció que se auditarían las escuelas del país para proceder con el despido de los maestros que se ausentaron por más de tres días durante las protestas contra la reforma educacional. A los dos líderes magisteriales hasta ahora detenidos, se suma una lista de 24 dirigentes sobre cuya cabeza recaen órdenes de aprehensión. 

El rigor de “la ley y el orden” que, por un lado, exhibe el gobierno federal contra la movilización magisterial; y la negligencia, omisión o connivencia que, por el otro, muestra en relación con la delincuencia organizada, es una prueba fehaciente de eso que en las estimaciones del poder constituido se entiende por “interés nacional” e “interés especial”. Para Estados Unidos y el crimen, todo. Para México nada, salvo plomo y represión. 

Al momento de escribir este artículo, fuentes oficiales confirman la muerte de seis personas y 51 heridos en Oaxaca, en los enfrentamientos ocurridos el domingo por la tarde entre la Policía Federal e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

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