sábado, 9 de mayo de 2015

¿A quién le conviene la videovigilancia en la Universidad Veracruzana?

En tiempos en el que los gobiernos del mundo  justifican el espionaje sistemático de la población para mantenerla protegida de ataques terroristas, violando el derecho a la privacidad, la Universidad Veracruzana (UV), o mejor dicho sus autoridades, han comenzado a instalar un sistema de videovigilancia en varias unidades académicas. El hecho ha provocado reacciones adversas, sobre todo por parte de los estudiantes, quienes señalan la ausencia de consenso para fortalecer la seguridad en los espacios educativos de la UV. Cabe mencionar que el proyecto es promovido por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con el objetivo de implementarlo en todo el país.

No se puede negar que el aumento de la violencia social en la que vivimos ha afectado la cotidianidad de las comunidades universitarias. Otrora espacios abiertos a la sociedad, las universidades públicas del país se han cerrado poco a poco, no solamente dejando sin oportunidad de estudiar a miles de jóvenes que egresa del sistema de educación media-superior. También han desarrollado sistemas de seguridad  para proteger a estudiantes y maestros debido al aumento de la incidencia de delitos como el robo, asalto, estupro o incluso robo de mobiliario y equipo de escuelas y facultades.

Concomitante con lo anterior, las comunidades universitarias perciben claramente la paulatina desaparición de espacios seguros, tanto dentro como fuera de sus planteles educativos. Sin embargo, pensar que con la puesta en marcha de sistemas de video vigilancia en facultades y escuelas el problema será resuelto el problema de la seguridad está muy lejos de la realidad.
Efectivamente, y tal como lo declaran las autoridades universitarias, las cámaras de video representan un elemento que inhibe conductas delictivas ante la posibilidad de ser identificado cometiendo un asalto, por ejemplo. Sin embargo, es necesario contar con una política integral de seguridad que, además de contar con un sistema de videovigilancia, involucre a la comunidad universitaria en la elaboración de un diagnóstico, su ejecución y su evaluación. De otro modo, la desconfianza generada por una política impuesta desde las cumbres burocráticas, sin una consulta amplia y sin una idea clara de la problemática que se enfrenta sólo puede ser identificada como una imposición que persigue intereses oscuros, ajenos en buena medida a lo que se pretende enfrentar.

Y eso fue exactamente lo que sucedió en la unidad de Humanidades del campus Xalapa de la UV, la semana pasada. Ante un simulacro de consulta con directores, la Secretaría de la Rectoría, a cargo de Octavio Ochoa Contreras, decidió instalar cámaras de video, generando la oposición de estudiantes quienes se pronunciaron por una consulta a la comunidad para saber si se procede o se impide la puesta en marcha del sistema de videovigilancia. Sobra decir que la desconfianza entre estudiantes y autoridades universitarias es moneda corriente, sobre todo por la falta de comunicación entre estos dos sectores de la comunidad pero también por la tendencia de las segundas a imponer su voluntad sin consultar a nadie.

Dicha desconfianza sólo puede ser superada con la participación efectiva de todos los sectores universitarios, en este caso para definir el programa de seguridad. Por más que las autoridades juren y perjuren que las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia no serán utilizadas para violar el derecho a la privacidad de estudiantes, académicos y trabajadores; que sólo los directores administrarán el sistema en sus respectivas facultades; de que el sistema de seguridad pública estará al margen de su operación,  el imponerlo como lo están haciendo difícilmente puede impedir que se piense lo contrario. No sería la primera vez y lamentablemente tampoco la última en la que la burocracia política cambie de parecer para mantener sus intereses en marcha. Esto supone entonces que el sistema de seguridad sería como la espada de Damocles, lista para caer sobre la cabeza del disenso y la crítica, aunque claro también podría servir para mejorar la seguridad de los universitarios, siempre y cuando estos participen y regulen el sistema. De otro modo sólo servirá a sus entusiastas promotores, quienes en determinada coyuntura sucumbirían a la tentación de utilizar las imágenes para acusar, amenazar o chantajear a quien se ponga enfrente.

La política de seguridad iniciada en 2006 -que ha sido mantenida y ampliada por la presente administración federal y estatal- es una muestra clara de las limitaciones y consecuencias de imponer una política pública sin involucrar a los beneficiarios. Que un gobierno federal, encabezado por una persona ignorante y autoritaria lo haga no sorprende a nadie. Pero que lo haga una universidad comprometida con el conocimiento, más que innovación parece una aberración. 

Recientemente la rectora Sara Ladrón de Guevara manifestó su deseo de que la UV pueda proponer leyes al poder legislativo, gracias a una profundización de su autonomía. Ojalá que dicho objetivo se logre pero no servirá de mucho si se sigue manteniendo a la comunidad universitaria ajena a la toma de decisiones sobre el presente y el futuro de la institución y del país. ¿Por qué siempre se olvida que los estudiantes universitarios son ciudadanos en pleno uso de sus derechos, capaces de tomar decisiones legítimas? ¿A quién le conviene olvidarlo?

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