jueves, 19 de marzo de 2015

Libertad de expresión y propiedad privada: los límites de la democracia liberal.

El conflicto escenificado por Carmen Aristegui y MVS ha provocado una amplia reacción de parte de un importante sector de ciudadanos, periodistas, políticos y organizaciones de la sociedad civil. El fondo del asunto ha quedado definido por dos posiciones opuestas: la idea de que el problema es entre particulares, sostenido por el gobierno federal, y la idea de que el asunto tiene que ver con la libertad de expresión, que ha sido sostenido en general por los que apoyan a la conocida periodista.

Efectivamente, el despido de Aristegui puede ser reducido a la oposición arriba mencionada, la cual define claramente los límites de los derechos humanos en una democracia liberal. Si bien esta última resulta ser el espacio ideal para la defensa de los derechos humanos –según los liberales de todos colores- dicha defensa se agota en el momento en que se presenta ante el templo del dios todopoderoso del liberalismo: la propiedad privada.

De nada sirven los tratados internacionales, las leyes e instituciones promovidas hasta la náusea por el estado liberal por medio de las cuales se promueven libertades y derechos, la verborrea de los políticos y funcionarios que una y otra vez se inclinan ante la majestad de la dignidad humana; porque por encima de todo eso está la libertad de explotar a quien se pueda amparado en la sacrosanta propiedad privada.

La propiedad privada resulta entonces el valor central de toda la democracia liberal y todo lo demás se subordina a ella pues, de acuerdo a los teóricos de la democracia (Sartori por ejemplo, en su libro Teoría de la democracia), sin liberalismo, o sea sin el respeto irrestricto y absoluto a la propiedad privada, no puede existir la democracia. Dicho de otro modo: la democracia sólo puede existir en un estado liberal, el cual coloca en el centro de su deteriorado edificio a la propiedad privada. Más aún, y de acuerdo con el autor italiano: “… más democracia no implica menos liberalismo… nuestra democracia no puede ser más que un orden jurídico apoyado en un complejo de términos de libertad.”  Y ese complejo de libertad descansa precisamente en la propiedad privada y todas las demás libertades giran alrededor de ella.

Sobra decir que la mayoría de las personas, al detenerse a observar la democracia liberal no logran traspasar el velo de los derechos humanos, del pluralismo, del estado de derecho, del voto universal y las lecciones periódicas, que está ahí precisamente para ocultar el hecho de que la democracia liberal es un traje hecho a la medida para mantener como su principio básico la propiedad privada. Ya Lenin lo dijo hace muchos años y cito de memoria: la democracia liberal es el mejor disfraz de capitalismo.

Es por eso que resulta interesante observar las protestas de la ciudadanía en el caso del conflicto de MVS vs. Aristegui. Demuestran que el velo de las libertades ya no cumple como antaño con la finalidad de ocultar sutilmente al verdadero dios de la democracia liberal. Más que defender a la periodista están defendiendo la idea de que los límites para la existencia de la libertad no radican en la defensa de la propiedad privada sino en la defensa de los derechos, en este caso el derecho a la información y de la libertad de expresión. Que la propiedad privada como bien privado, debe estar subordinada a los derechos humanos como bien público. En la medida en que esta confusión se aclare –o al menos se discuta y se visibilize- colocando en la base al bien público sobre los intereses privados, estaremos en condiciones de construir una democracia al margen del liberalismo, a pesar de lo que dijo Sartori.


Por eso no sorprende la posición del gobierno federal al asumir que es un conflicto entre intereses privados, lo que me recuerda una de las frases famosas de Vicente Fox: ¿Y yo por qué? para responder a la exigencia para que interviniera en el conflicto entre dos canales televisivos en enero de 2003. A pesar de que el espectro radioeléctrico no es propiedad privada sino pública -por lo que el estado está obligado a garantizar que las empresas que gozan de dichas concesiones coloquen el derecho a la información por encima de su propio interés- la tendencia en el manejo de los medios de comunicación en México apunta a una mayor concentración que fortalezca la violación sistemática de los derechos humanos y que defienda y promueve intereses privados. El uso privado de bienes públicos es claramente una manera de limitar o conculcar derechos. En la democracia liberal todos los derechos a una vida digna son subordinados a la garantía absoluta de la existencia y ampliación infinita de la propiedad privada. Bien decía Proudhon: la propiedad es un robo.

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