miércoles, 14 de enero de 2015

Las agendas divergentes en México

Cuando en este espacio se ha hecho referencia a la problemática nacional, un elemento que aparece regularmente es la incompatibilidad que existe entre la agenda de las instituciones del estado mexicano y la de buena parte de la sociedad civil. Conforme pasa el tiempo, la discrepancia aumenta y no parece existir algún remedio para detener la tendencia. Las consecuencias más evidentes son la pérdida de legitimidad del sistema político y el fortalecimiento de la idea entre la población de que para resolver sus problemas es necesario echar mano de la acción directa. 

En la coyuntura actual, el proceso electoral en marcha y las movilizaciones derivadas de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” resultan una prueba fehaciente de lo afirmado arriba. Cuando se escuchan los mensajes de los actores institucionales y los padres de familia en busca de sus hijos desaparecidos en Iguala, no queda más remedio que preguntarse si éstos se dan en el mismo país, en el mismo planeta. Las frases, los matices, las agendas parecen ir por caminos separados, paralelos, imaginando un futuro diferente, irreconciliable. 

Las recientes manifestaciones en los cuarteles del estado de Guerrero y Oaxaca -exigiendo que sean abiertos para que los padres de familia de los desaparecidos en Iguala- son inéditas en México y demuestran la enorme desconfianza en una institución central en la estructura del estado liberal: las fuerzas armadas. No debe de sorprender que ante la ineficiencia de la PGR y la secretaría de Gobernación, la búsqueda de los 43 llegue al extremo de desafiar al ejército, poniendo en jaque su precaria legitimidad ante una sociedad agraviada, víctima de la violencia sistemática, muchas veces amparada por la estructura estatal en los tres niveles de gobierno. La magnitud del desafío ha obligado a Peña Nieto a ceder ante la presión para permitir el acceso de los padres de los normalistas a los cuarteles y verificar si existe evidencia de que sus hijos hayan estado en ellos. 

Después de respuestas a medias y pifias (negar que existen crematorios administrados por el ejército y luego aceptar que si existen) el ejército tendrá que someterse al escrutinio público, obligado por las circunstancias y como producto de la incapacidad real o simulada por parte de las autoridades civiles para resolver el caso Ayotzinapa. Lo más seguro es que los altos mandos castrenses no estén precisamente contentos con la decisión, lo que aumentará las tensiones al interior del estado, y en particular, entre los mando civiles y militares. No está demás recordar que la historia está llena de ejemplos de lo que pueda suceder cuando se agudizan los conflictos entre los funcionarios civiles y militares. Baste recordar el golpe de estado de 1973 en Chile o la traición de Huerta al gobierno de Madero en los albores de la revolución mexicana. 

Mientras tanto, la oligarquía partidista parece recordarnos la frase atribuida a Carlos Salinas: ni los veo ni los oigo. Empeñados en mantener privilegios y corruptelas al por mayor, están más concentrados en el reparto del botín político y presupuestal. Y no es para menos, diría el cínico: en este año los partidos se repartirán 5 mil 365 millones de pesos. El PRI (25.7%) y el PAN (21.6%) se llevarán casi la mitad de la bolsa, dejando el resto para repartirse entre los ocho partidos restantes. Al PRD le tocará el 16.5%; al PVEM 8.3%; al PT 7.2%; al Panal y a Movimiento Ciudadano 6.9% respectivamente; y a los debutantes Partido Humanista, Morena y Encuentro Social 2.3% a cada uno. Con ésos recursos bombardearán a los habitantes de México, sólo en el periodo de precampañas, con 7 millones 200 mil spots que hablarán de todo menos de lo que a las mayorías le interesa. Por si fuera poco el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE sumarán 4 millones 320 mil spots más. Vaya cuarentena que viene, y faltan los millones de mensajes que se lanzarán en las campañas. 

Más allá del enorme costo de semejante plaga -en el marco de una crisis económica que arreciará en el presente año- los mensajes ahondarán y harán más evidente la creciente brecha entre las instituciones y el ciudadano común. Obligado a escuchar una y otra vez los mensajes que le recuerdan al potencial votante que sus demandas no son escuchadas y que además será acosado para vender su voto, o al menos, darlo a cambio de una débil esperanza, o sea, de nada, el estado mexicano y su sistema político harán más evidente el divorcio entre estado y sociedad. Y al mismo tiempo, los padres de familia siguen encontrando fosas en el estado de Guerrero (llevan 70 con al menos 89 cuerpos encontrados). Tal vez por ello la propuesta de que votar no tiene sentido, o más aún, que votar beneficia exclusivamente al partido en el poder ganará terreno lo cual, dadas las circunstancias, podría contribuir para detener la divergencia creciente entre la agenda del estado y la de la sociedad en México.

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