martes, 28 de octubre de 2014

Las artimañas de Peña Nieto para eludir su responsabilidad en Guerrero.

La solicitud de licencia de Ángel Aguirre Rivera a la gubernatura del estado de Guerrero parece ser el banderazo de salida para ‘resolver’ la crisis desatada como consecuencia de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala. Como por arte de magia, una vez resuelto el problema ‘político’ –prioridad indiscutible del gobierno federal- cobran vida una serie de acontecimientos que apuntan a la ‘solución’ del problema. Lo que pretende Peña Nieto es eludir su responsabilidad en los hechos y, al mismo tiempo, obtener beneficios políticos.

En primer lugar, la designación de Rogelio Ortega Martínez al gobierno guerrerense por parte del congreso local parece satisfacer a tirios y troyanos. Sin identificación partidista y con perfil académico, el gobernador sustituto goza de cierto prestigio entre los estudiantes normalistas aunque también cuenta con el visto bueno de la chuchada, o sea, de la corriente dominante del PRD en el estado. Con poco menos de dos años por delante, el Dr. Ortega se propone reestablecer el ambiente político y social en Guerrero para que las elecciones del próximo año no enfrenten ningún obstáculo. Por lo visto, y a pesar de su trayectoria como luchador social, lo que más le preocupa es la continuidad de las instituciones, las mismas que causaron el conflicto en Iguala.

Casi al mismo tiempo, en Cuernavaca fueron detenidos algunos de los presuntos responsables de las desapariciones de los normalistas, quienes señalaron un basurero en el municipio de Cocula, Gro. como el lugar en donde los habían enterrado. Así que una vez consumado el besamanos en Los Pinos, las acciones de la Procuraduría General de Justicia (PGR) cobran vida y después de un mes empiezan a rendir frutos sus investigaciones. ¡Qué casualidad!

Por su parte, el supuesto jefe de Guerreros Unidos Sidronio Casarrubias,  acusó a la esposa del presidente municipal de Iguala, María de los Ángeles Pineda, de ser la autora intelectual de las desapariciones forzadas de los normalistas, la cual además fue señalada como la coordinadora de la policía municipal y de los Guerreros Unidos en la región. Pero al mismo tiempo, asume la responsabilidad en la ejecución de la orden de desaparecer a los estudiantes normalistas.

Con lo anterior queda plenamente demostrado, según el gobierno federal, que los responsables de los crímenes fueron la delincuencia organizada, tanto en su versión paramilitar como en la oficial, o sea el gobierno municipal y sus empleados oficiales y no tanto. Con ello se busca fortalecer la versión promovida desde Los Pinos de que la responsabilidad no es del gobierno federal y que si bien participaron las instituciones del estado, éstas fueron sólo del nivel local y nunca del federal.

Lamentablemente para Peña y su equipo, las actividades de Abarca y su esposa no eran ni son desconocidas para la PGR. En su momento René Bejarano señaló al expresidente municipal de Iguala como autor de asesinatos políticos y relaciones con el narcotráfico. Este dato echa por tierra la estrategia de Peña para evitar que se le involucre en los crímenes de lesa humanidad. Pero en el ánimo de mantenerse libre de cualquier sospecha, el presidente utiliza otros distractores para evitar asumir su responsabilidad y la de su gabinete en el caso Iguala. Sólo así se puede entender que ahora se pretenda involucrar a López Obrador en las desapariciones, aunque sea de manera tangencial, pero con la clara intención de desviar la atención pública y de paso debilitar a Morena. Habrá que reconocer que el tabasqueño se tomó su tiempo para fijar su posición en el caso Iguala y además  insiste en colocar en la candidatura de Morena para la gubernatura en Guerrero a una persona que ha sido señalada por sus estrechas relaciones con Abarca y su esposa.

Lo que resulta inocultable en todo esto es que el gobierno federal no está dispuesto a reconocer su responsabilidad por los hechos en Iguala pero además pretende sacar provecho político. Ante la ausencia de un operador político del PRD en Guerrero para mantenerlo al frente del gobierno estatal -ya que Aguirre no estará al frente de la campaña electoral en 2015 con todo el presupuesto estatal a su disposición- el PRI se frota las manos y empieza a mover sus piezas, con Rosario Robles a la cabeza, para manipular al electorado y ganar la elección.


Dependerá en mucho que los estudiantes y ciudadanos que hoy protestan y se manifiestan en todo el país, e incluso fuera de él, consideren al gobierno federal como el principal responsable de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sólo así será posible detener las artimañas de Peña Nieto para aumentar su poder. De lo contrario, lo que hoy abominamos se repetirá una y otra vez.

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