lunes, 27 de octubre de 2014

Complicidades

Gustavo Esteva
La Jornada

Protego ergo obligo, decía Hobbes. La protección que los gobiernos dan a los ciudadanos, en los estados-nación, crea en éstos obligaciones. Nadie podría actualmente sostener que el gobierno mexicano está protegiendo a los ciudadanos. Es al contrario; los despoja incluso de sus protecciones autónomas. A pesar de su cinismo, los funcionarios se están viendo obligados a disimular el incumplimiento de su función principal con toda suerte de eufemismos. 

Incumplimiento no es exención. El hecho de que el gobierno no cumpla sus obligaciones no implica que no podamos y debamos seguir exigiendo que lo haga. El lema actual de las manifestaciones comprende la esperanza cada vez más débil de que nos los devuelvan vivos, pero es ante todo una denuncia: sabemos que ellos se los llevaron. Deben asumir las consecuencias. 

Tiene sólidas bases el deseo general de ver en la cárcel al presidente municipal de Iguala, a su esposa y al gobernador. Pero el gobierno federal está usando esos sentimientos legítimos y bien fundados como coartada para eludir su propia responsabilidad.

Tiene razón Raúl Zibechi: “El Estado se ha convertido en una institución criminal donde se fusionan el narco y los políticos para controlar la sociedad”. (ALAI Amlatina, 24/10/14). Hubo acción y omisión del gobierno federal en los crímenes de Ayotzinapa y es cómplice de buena parte de los que se han estado cometiendo en Guerrero y en el resto del país. Que esto sea terreno jurídicamente resbaladizo es responsabilidad de los poderes constituidos: en vez de instrumentos legales apropiados para revocar los mandatos de funcionarios electos o designados y acabar con su impunidad, formulan y aplican las leyes para protegerse a sí mismos y controlar y castigar a los ciudadanos.

Por haberse convertido en empresario de la violencia el gobierno es fuente principal de la que cunde por el país. Citaré de nuevo a Foucault: 

“La arbitrariedad del tirano es un ejemplo para los criminales posibles e incluso, en su ilegalidad fundamental, una licencia para el crimen. En efecto, ¿quién no podrá autorizarse a infringir las leyes, cuando el soberano, que debe promoverlas, esgrimirlas y aplicarlas, se atribuye la posibilidad de tergiversarlas, suspenderlas o, como mínimo, no aplicarlas a sí mismo? Por consiguiente, cuanto más despótico sea el poder, más numerosos serán los criminales. El poder fuerte de un tirano no hace desaparecer a los malhechores; al contrario, los multiplica”.

Se trata de algo peor aún. Hay un momento, piensa Foucault (Los anormales, FCE, 2006, pp. 94 y 95), en que los papeles se invierten. “Un criminal es quien rompe el pacto, quien lo rompe de vez en cuando, cuando lo necesita o lo desea, cuando su interés lo impone, cuando en un momento de violencia o ceguera hace prevalecer la razón de su interés, a pesar del cálculo más elemental de la razón. Déspota transitorio, déspota por deslumbramiento, déspota por enceguecimiento, por fantasía, por furor, poco importa. A diferencia del criminal, el déspota exalta el predominio de su interés y su voluntad; y lo hace de manera permanente... El déspota puede imponer su voluntad a todo el cuerpo social por medio de un estado de violencia permanente. Es, por lo tanto, quien ejerce permanentemente… y exalta en forma criminal su interés. Es el fuera de la ley permanente”. Foucault labra así, cuidadosamente, el perfil del monstruo jurídico que “no es el asesino, no es el violador, no es quien rompe las leyes de la naturaleza; es quien quiebra el pacto social fundamental”.

No nos equivoquemos. Como dijo Javier Sicilia hace tiempo, estamos hasta la madre de los funcionarios lo mismo que de los criminales. Como él dice también, o reitera Francisco Toledo, el nivel de degradación a que han llegado nos deja sin palabras. Estamos ante el misterio del Mal, que no podemos reducir a causas sociológicas o sicológicas. 

Pero no podemos cerrar los ojos. El hecho es que estamos padeciendo toda suerte de crímenes, de barbarie cada vezmayor, y ya no es posible distinguir los que son cometidos por delincuentes profesionales o aficionados de los que son responsabilidad directa de funcionarios de todos los niveles. Esa es la condición a la que hemos llegado. Digámoslo con claridad. Y reconozcamos con entereza que esa es la naturaleza de la lucha que necesitamos librar. Se trata de convertir el dolor que nos agobia en este tiempo infame en la digna rabia que nos conducirá a la rebeldía y la liberación. Nos lo acaban de recordar los zapatistas: “Es con rabia y rebeldía, y no con resignación y conformismo, como abajo nos dolemos”

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2014/10/27/opinion/022a1pol

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