jueves, 26 de junio de 2014

La reforma de telecomunicaciones en México: pluralidad virtual y monopolio real

Para los estudiosos de la democracia, el pluralismo político es el concepto clave para cimentar la  legitimidad del ícono político del estado liberal. La democracia es el medio ideal, único dicen algunos, para regular la convivencia en una sociedad moderna, diversa, conformada por mayorías y minorías. Gracias a ella las élites, los grupos de interés y los partidos políticos inciden en las decisiones que afectan a los intereses de sus representados, estableciendo una sana regulación entre gobernantes y gobernados que tiene como eje el bien común. Pero el pluralismo político oculta el hecho de que, si bien se asume a la sociedad a partir de su diversidad, el pez grande se come al chico. Efectivamente, el mar social está compuesto de grupos diversos pero unos son muchos más poderosos que otros. Dicha asimetría rompe con la posibilidad de que el diálogo y la negociación se dé entre iguales; por el contrario, la negociación y la toma de decisiones la controlan los fuertes para imponerla a los débiles. Eso sí, siempre reconociendo a la democracia como marco regulador.

Un ejemplo de lo anterior es lo que está pasando en México con la formulación de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones. Para empezar, los monopolios de la comunicación son los actores preponderantes en las negociaciones. Son ellos los que aceptando el proceso de reforma pretenden -a fuerza de cabildeo y amenazas, que es más o menos lo mismo- que los cambios apunten a dejar todo igual, Y con esto me refiero, no solo a Televisa y TV Azteca, sino al grupo de Carlos Slim y de otras empresas que tiene el ojo puesto en contar con una generosa rebanada del pastel.

Tanto el duopolio televisivo como los actores emergentes tiene el mismo objetivo: controlar a la opinión pública para proteger sus negocios, ampliar su poder político y enriquecerse lo más que se pueda. Los emergentes no pretenden mejorar la calidad de la información o democratizar su producción y distribución. Tampoco creo que consideren fundamental ampliar la programación cultural o darle un sentido más transparente a sus componendas con presidentes, gobernadores o congresistas en tiempos de campañas y elecciones. En pocas palabras, la calidad de la información que recibimos hoy del duopolio no necesariamente va a mejorar porque existan otros actores en las telecomunicaciones mexicanas. El duopolio no se rompe, sólo se adapta y se fortalece, pero ahora en un ambiente de ‘competencia’ virtual.

Por su parte, la telefonía no va a bajar sus precios ni ampliar sus coberturas. Seguirá, al igual que las televisoras, gozando de un monopolio de facto que le permitirá manejar a su antojo el sector, afectando a la economía nacional y ampliando su poder financiero para ampliar sus negocios. Seguirá la impunidad y el cobro excesivo de sus servicios. Y además se extenderá al negocio televisivo para aumentar su poder político y servir al mejor postor. Y todo ello a cambio de burlar el derecho a la privacidad que es lo que menos les interesa a las empresas. Sacrificar los derechos de los ciudadanos a cambio de concesiones y licenicas será el pan de cada día.

Al mismo tiempo, el endurecimiento contra las radios comunitarias y televisoras públicas sigue su marcha. Por un lado, el acoso contra las radios de las comunidades indígenas o de organizaciones de la sociedad civil ha cobrado tintes de represión sistemática contra todo aquél que atente contra el monopolio real; por el otro, el envilecimiento de las televisoras públicas las cuales, respetando el monopolio, se convierten en las televisoras personales del gobernador en turno, renunciando a su obligación legal que es dar voz a la diversidad política y cultural a la ciudadanía. Tanto el obstruir la expresión diversa de una sociedad plural como manipular la información desde los medios públicos representan claramente la política de control social que apoyada por la militarización del país están lejos de abonra al desarrollo de la democracia en México.

Esta política represora del estado mexicano no sólo obedece a una lógica del capital sino también a una lógica del poder político, que se basa en la idea de que el control de la información es básico para el control social. El reparto de las concesiones y licencias para el uso del espectro radioeléctrico tiene la finalidad de mantener lealtades política e incluso ampliarlas con los actores emergentes. Al igual que la energética o la política, la reforma en telecomunicaciones no es más que la reconfiguración de un sector estratégico de la economía como consecuencia del regreso del PRI a Los Pinos. Es más de lo mismo, pero edulcorada con la idea de la pluralidad, del reconocimiento de la diversidad social, del fin de los monopolios. En realidad la reforma pretende reducir la posibilidad que los medios de comunicación sean un espacio de manifestación de las diferencias, de la diversidad política y cultural de México. Al igual que la política, representa un retroceso que se quiere vender como gran avance.

El derecho a la información es a todas luces saboteado con el espíritu de la nueva ley de telecomunicaciones, sin importar que surjan nuevas empresas. Y para aquéllos preocupados por medir la calidad de la democracia basados en el pluralismo político son malas noticias. Para el resto de los habitantes del país es simplemente la confirmación de que el autoritarismo y exclusión son las divisas del régimen.

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