domingo, 6 de abril de 2014

Más acerca de la neoliberalización, megaproyectos e insurrecciones

Para entender la naturaleza de un movimiento o una resistencia primero es preciso conocer la naturaleza de la dominación o forma de poder a la que debe su génesis. Y no a la inversa como hacen numerosos analistas de pacotilla. También es indispensable conocer las contradicciones y desequilibrios que, por un lado, propician el debilitamiento de un poder constituido, y por otro, alientan la irrupción de resistencias e insurrecciones. Acá se quiere subrayar la imposibilidad de estudiar plausiblemente los hechos sociales haciendo abstracción de cosas tan fundamentales como las relaciones de poder. Este es un lujo que sólo se le debe consentir a la prensa chayotera y a ciertos círculos académicos apoltronados en el confort de la neutralidad palera. 

En este sentido, cabe situar a las corporaciones como sedes de la titularidad del poder, y al Estado neoliberal, como una suerte de facilitador que interviene masivamente para proteger los intereses de estas instituciones dominantes. La configuración histórica de este fatal binomio introdujo un horizonte de ampliación de la corrupción. E inauguró una disyuntiva altamente tóxica para la salud política de un pueblo: a saber, inversionistas privados o población. Este dilema, por sí sólo, pone al descubierto una radicalización en la operatividad de los poderes constituidos. Más aún cuando uno corrobora que esta disyuntiva entre la integridad de los inversionistas privados o el bienestar de la población siempre se desahoga en provecho de la inversión privada. 

En otra oportunidad se realizó un diagnóstico de las coordenadas en la que está inscrita esta nueva modalidad de dominación, a saber: 

“… La actual condición minimalista de la política: los derechos políticos se reducen básicamente al depósito periódico de boletas en una urna. En las decisiones cruciales, en los procesos deliberativos cardinales, la sociedad no interviene ni participa: la política termina allí donde empiezan los consejos administrativos de las grandes corporaciones, o bien, de las instituciones financieras multilaterales. La política no se dirime más en las instituciones o tribunas públicas. La democracia electoral no hace más que incorporar selectivamente a ciertos segmentos poblacionales a este hurto sistemático de los derechos políticos fundamentales. Las elecciones sólo se concentran en refuncionalizar la circulación de las élites gubernativas, pero el contenido sustantivo de la política no cambia. Una vez electos, los políticos mandan obedeciendo… pero al poder del dinero. 

“… La conversión del Estado benefactor en Estado neoliberal. Los zapatistas lo previeron: la neoliberalización de los procesos productivos y la vida pública redundaría en una erosión de los contenidos políticos, económicos, sociales, históricamente conquistados. El Estado no se adelgaza (el creciente gasto militar desmiente esta hipótesis falsaria); sí en cambio, se adelgazan los derechos y patrimonios de los pueblos. México es uno de los países más virulentamente castigados en este contexto de neoliberalización… Asistimos al réquiem de la libre empresa: los emprendedores no impulsan la innovación ni tampoco invierten en empeños empresariales; la fórmula en boga consiste en apropiarse de patrimonios públicos, lucrar sin consentimientos, y acumular poder con base en la desposesión” (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/02/el-pasado-miercoles-5-de-febrero-se.html). 

Pero estas coordenadas u operatividad del poder en turno, no es solo el resultado de un capricho de ciertas élites: es una agenda estratégica que da respuesta a una crisis estructural (naturalmente en beneficio de sus impulsores). Una crisis multimodal que se manifiesta fundamentalmente en seis niveles: ecológico (degradación ambiental); económico (estancamiento de la producción e incapacidad para frenar flujos dinerarios no oficiales); social (desvalorización de la vida, producción de sujetos desechables); político (desprofesionalización); cultural (identidades nacionales se desfondan); territorial (crisis de esquema de organización nacional). 

En suma: la neoliberalización es una respuesta de ciertas élites a la crisis, y las resistencias son una respuesta de la población a la neoliberalización. 

Y es en esta constelación donde se puede situar a las resistencias en Veracruz que responden especialmente a dos niveles de la crisis: la destrucción del medioambiente, y el desplazo de un esquema de planeación territorial con sentido social, por otro donde priva el caos y el beneficio privativo de los inversionistas. 

La semana anterior se abordo el tema de las represas. Pero ahora cabe reparar en el avance de otros megaproyectos, que también apuntan en la misma dirección de daños sin reparación a una población y territorio, y utilidad exclusiva para ciertos inversionistas: la ampliación del puerto de Veracruz, la explotación de la mina Caballo Blanco, la infraestructura para la realización de los Juegos Centroamericanos, la continuidad de las Granjas Carroll, la construcción del libramiento de Xalapa. Estos proyectos son tan sólo la retaguardia de una agenda mucho más extensa a la que se refirió en la colaboración pasada: “Cabe recordar que el territorio veracruzano tiene en puerta ‘más de 100 proyectos hidroeléctricos en seis cuencas del estado… [explotación] de 93 minas con 206,552 hectáreas concesionadas… [disposición] de 745 km de la costa veracruzana para la construcción de parques eólicos… [y por añadidura, no se debe soslayar] que 90% del territorio veracruzano es susceptible a la fracturación hidráulica’” (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/04/presas-hidroelectricas.html). 

En el caso de la presa de “propósitos múltiples” en la cuenca del río Pescados, se ha conseguido deconstruir la argumentación oficial, evidenciando la peligrosidad e inutilidad social de la obra. Si el propósito fuere realmente el abastecimiento de agua a la capital, existen una multiplicidad de alternativas para suplir la construcción de la presa, como la rehabilitación de la infraestructura hidráulica (donde se fuga el 50 por ciento del agua, de acuerdo con algunos ambientalistas), o la reforestación en las cuencas altas (La Jornada Veracruz 3-IV-2014). 

Ahora corresponde identificar la agenda programática concerniente a los otros megaproyectos. Y allí donde reine el criterio típicamente neoliberal de la integridad de la inversión privada en detrimento del beneficio de la población, cabría responder con otra resistencia también dirigida a desmontar la artificialidad de la presunta preocupación social que envuelve discursivamente a las agendas de los megaproyectos. 

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