La trama la conocen todos de memoria. El típico relato canalla de un gobierno impresentable. Otro periodista más que muere presuntamente por un asunto de “venganza personal”, en una entidad en donde todos los periodistas curiosamente mueren por asuntos de “venganza personal”. Durante las últimas dos administraciones estatales, quince periodistas han sido asesinados en Veracruz. La Jornada nacional registra: “En el actual gobierno, Gregorio Jiménez es el décimo [periodista asesinado] de una lista que incluye a Regina Martínez, corresponsal de Proceso (abril de 2012); Gabriel Huge, reportero de Notiver (mayo de 2012); Guillermo Luna, de la agencia Veracruznews (mayo de 2012); Esteban Rodríguez, del diario AZ (mayo de 2012); Víctor Báez, de Milenio (junio de 2012); Noel López Olguín, reportero (mayo de 2011); Miguel Ángel López Velasco, del diario Notiver, muerto junto con su esposa y su hijo, el fotógrafo de Notiver Misael López Solana (2011); Yolanda Ordaz, reportera del diario Notiver (julio de 2011). Están desaparecidos los periodistas Gabriel Fonseca, de Diario de Acayucan y Liberal del Sur, y Sergio Landa, del Diario de Cardel. En el gobierno de Herrera fueron asesinados Raúl Gibb Guerrero, Roberto Marcos García, Adolfo Sánchez Guzmán y Luis Daniel Méndez; asimismo desapareció Jesús Mejía Lechuga (2003)”.
Por añadidura a una indefensión epidémica e inexcusable, los periodistas referidos fueron víctimas de un triple atropello gubernamental: el de la humillación, la calumnia y el olvido. Coléricos e indispuestos a suministrar una cuota siquiera minúscula de justicia y veracidad en sus versiones, los emisarios gubernativos se ciñen ebrios a una narrativa autoexculpatoria, y a un recetario de procedimientos discursivos que culpabilizan o criminalizan a la víctima. Darío Ramírez, director de la organización internacional Artículo 19, atinadamente observa: “El asesinato de Gregorio demuestra que la entidad no sólo no resuelve los casos, sino que trata de desviar la atención de los crímenes contra periodistas, al desligarlos de su profesión”. Es la habitual estrategia empresarial de la “externalización”: deshecho expedito de apuros, transferencia de costos a los eslabones más débiles. En una entidad donde el secuestro es canon (Veracruz se sitúa entre los primeros 10 estados con índices más altos de secuestro), laboratorio de frankensteins policiacos fallidos (mando único policial), y climas desquiciadamente hostiles para la labor periodística (de acuerdo con diversas ONG, Veracruz es la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en toda América Latina, y se estima que 43% de las agresiones contra la prensa son imputables a funcionarios públicos), los periodistas extrañamente mueren, de acuerdo con las versiones oficiales, por cuestiones de revanchas personales, o bien, por la imprudencia connatural a su oficio en un contexto donde la colateralidad es un triste mal necesario.
En los estercoleros de este paroxismo canallesco gubernamental, las causas estructurales de la violencia sistemática (que no incidental) se omiten tercamente. La administración en turno es una suerte de operador privado al servicio de agendas privadas. La desprotección no es fortuita: la asistencia está privativamente orientada a la protección de empresas de latrocinio, depredación, lucro discrecional (Monsanto, Walmart, Odebrecht, etc.), a la recomposición de territorios para la libre e irrestricta instalación de organizaciones delictivas, y a la conversión de Veracruz en una vulgar atracción turística para beneplácito de las oligarquías locales. Es la tiranía de la “política del lugar óptimo”: creación de condiciones paradisiacas para ciertos grupos de poder, e infernales entornos para vastos segmentos poblacionales. Asistimos a la configuración de un régimen de desprotección institucional y violencia institucionalizada, en aras de la reconstitución de un poder de clase.
En este sombrío cuadro se enmarca la labor periodística que tantas vidas a cobrado en la entidad.
La exigencia de remoción de las autoridades es perfectamente legítima. Pero por sí sola se antoja ineficaz. La michoacanización del estado es un horizonte factible: el avance de una estrategia de balcanización inducida (política de desastre), la intensificación de los procedimientos rutinarios de gentrificación (aristocratización socio-espacial selectiva), e incluso la eventual –aunque poco probable– sustitución de un gobierno (in)constitucional por otro extraordinario e interino, pero al servicio de la misma agenda.
La autoorganización gremial es la única alternativa en un estado condenado a una endémica desprotección laboral, jurídica y política. El asesinato de Gregorio Jiménez debe inaugurar una nueva consigna gremial: a saber, ¡que la injusticia y el relato canalla no tengan la última palabra!
Glosa Marginal: Tras el anuncio de la muerte de Gregorio, la marchas en la entidad han estado marcadas por la persecución silenciosa y el acoso. En Acayucan, policías estatales arrebataron mantas a los manifestantes (reporteros, familiares de desaparecidos), y amenazaron con golpearlos. En Xalapa, la marcha del miércoles estuvo infiltrada por personas no identificadas que fotografiaron con cámaras de celular a los manifestantes. La disposición de amedrentamiento, hostigamiento e intimidación no cesa un solo segundo en la entidad.
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