viernes, 6 de diciembre de 2013

Autoritarismo, seguridad nacional y derechos civiles en España... ¿y México?



En estos días en que la protesta social en México cobra fuerza frente a las reformas instrumentadas por el gobierno de Peña y los partidos políticos de ‘oposición’ convendría echar una mirada a lo que sucede en España –país que se encuentra en una situación similar al nuestro,  con un gobierno conservador empecinado en limitar los derechos sociales, políticos y civiles para favorecer a sus patrones. No lo hago con la intención de darle ideas a las mafias que habitan en el Congreso de la Unión o en los congresos estatales  para reforzar su poder, sino para alertar a las y los habitantes de este país que luchan todos los días en contra del autoritarismo reciclado, de la clara tendencia en el mundo al reforzamiento del control social.

Resulta que el gobierno de Rajoy está a punto de lograr la aprobación de la ley de seguridad ciudadana -que más bien es de seguridad de los gobiernos- lo que ha generado protestas incluso entre la comunidad europea y sus órganos jurídicos. La ley pretende inhibir ‘ofensas contra España’ o sea contra su clase dominante y las instituciones ‘democráticas’ que les facilitan su dominio. Es tal su desesperación  e irritación por las continuas protestas de la ciudadanía española que con la eventual aprobación de la ley en cuestión pretenden penalizar con multas a todo aquel que se atreva, por ejemplo, a ‘alterar el orden público encapuchado’. 

A reserva de enumerar más adelante algunas de las faltas que pretende penalizar la ley, resulta que además formarían parte del contencioso administrativo y no del penal, como hasta ahora sucede. Las consecuencias de lo anterior son graves pues basta con la palabra de un policía para sancionar -y es que los jueces españoles sistemáticamente les han dado la razón a los ciudadanos, absolviéndolos de las detenciones policiacas, honrando el espíritu de los derechos civiles básicos. Así que para evitarlo se saca a los jueces de la jugada y las manifestaciones no autorizadas se convierten en faltas administrativas, con multas de hasta 30 mil euros, que si bien pueden ser apeladas frente a un juez, primero hay que pagarlas. Pasando por alto el hecho de que buena parte de los manifestantes han perdido ingresos de manera significativa (o tal vez por ello) ahora se pretende además quitarles lo poco que les queda con multas administrativas.

En respuesta a los reclamos de los sectores más conservadores de las sociedad española, el gobierno de Rajoy aprueba entonces sanciones contra cualquier cosa que, de acuerdo al sano parecer de una autoridad administrativa, pueda ser interpretado como ofensas o ultrajes a España. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se tomó el trabajo de definir lo que es una ofensa a España: “Por ejemplo una manifestación en la que haya consignas o pancartas claramente vejatorias con España o una de sus comunidades, o sus símbolos, sus instituciones, la bandera de España, será considerada como una infracción grave” O sea que si usted se atreve a quemar públicamente la bandera del reino español o si saca una caricatura del rey le va a salir caro.

Pero la lista es larga y absurda: si algún ciudadano tomo fotos o video de las golpizas que propina la policía a un ciudadano, en cumplimiento de su ‘deber’ claro, pues lo van a multar por obstaculizar las heroicas laboras policiacas. Si la manifestación se realiza en aeropuertos, centrales nucleares o instituciones gubernamentales, los participantes estarán sujetos a multas. Si se le ocurre protestar por el desahucio de alguna persona en el momento y lugar en que se realiza o se reúne con otros para protestar frente al sagrado hogar de un funcionario o representante popular que ha atentado contra sus derechos será sancionado sin remedio. No le sigo porque la lista es larga. Baste señalar que el eje alrededor del cual giran las sanciones reside en aumentar el poder y la discrecionalidad del ejecutivo y la policía para hacerse respetar, para imponer sin trabas el empobrecimiento y la pérdida de derechos para fortalecer así a los dueños del dinero. 

Y he aquí lo absurdo de todo este asunto: el gobierno español quiere respeto de la ciudadanía evitando preguntarse por qué lo ha perdido. Es evidente que las medidas antipopulares ejecutadas por Rajoy están minando aún más la legitimidad de su gobierno. Pero claro, admitirlo no es una opción así que mejor amplían sus poderes para reprimir protestas sin considerar que dicha medida profundizará aún más la crisis de legitimidad que se vive en España.

Aquí las cosas no son muy diferentes. Al igual que al otro lado del charco, el estado mexicano ha perdido prácticamente todas sus reservas de legitimidad política. En los círculos gubernamentales se están preguntando cómo hacerle para seguir imponiendo medidas claramente adversas a las mayorías sin tener que enfrentar el escarnio, el desprecio y las movilizaciones ciudadanas de todos los días. No me extrañaría entonces que voltearan hacia el experimento español para reforzar el espíritu autoritario a su quehacer legislativo. Sería, como ellos dicen ahora para justificar las reformas depredadoras, una cuestión de seguridad nacional.

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