miércoles, 15 de agosto de 2012

¿POR QUÉ DEFENDER LA EDUCACIÓN PÚBLICA?

(Segunda parte)


En primera instancia, si se parte de la premisa de que el Estado tiene como objetivo fundamental la preservación y promoción de la paz social -indispensable para generar un ambiente favorable a los ‘negocios’, aunque el caos que vivimos no parece afectarles mucho- es necesario que intervenga y regule la esfera educativa. Al uniformizar contenidos educativos, controlando y supervisando a las autoridades e instituciones educativas, el Estado no hace otra cosa que reducir la posibilidad de conflictos sociales. De otro modo, la Nación no contaría con una identidad colectiva, nacional, que le permitiera a sus miembros reconocerse como ciudadanos y por lo tanto estaría expuesta a constantes divisiones. Se podría objetar la neutralidad de la historia oficial, promovida en la educación pública, pero sería difícil no reconocer que el objetivo de dicha historia no es otra que dotar de símbolos nacionales que sirvan como asidero para no sólo formar parte formalmente de la Nación, sino para que el ciudadano se sienta parte de ella. La construcción de la Nación, o sea de esta comunidad de individuos que se siente parte de una cultura, una historia, un marco legal común, inició en México sólo después de la guerra de Reforma, en la que se debatieron precisamente los valores constitutivos de la nacionalidad, en particular del principal agente educador, la Iglesia o el Estado. La construcción de la nacionalidad mexicana pasó necesariamente por el control estatal de la educación. Toda la segunda mitad del siglo XIX fue el escenario en el que se cimentaron los ejes constitutivos de nuestra mexicanidad; la escuela fue un espacio central de dicho proceso, al mismo tiempo que el Estado liberal empezaba a construirse, apostando precisamente por la invención de una Nación desde la escuela laica.

Ahora me gustaría abordar un segundo argumento, que está relacionado con lo que había señalado antes en términos de inversión y educación.

A diferencia de las instituciones privadas, las públicas se caracterizan por su gratuidad en términos de cuotas o colegiaturas. Este hecho -puesto en duda en los últimos años, sobre todo en las universidades mexicanas- representa otro elemento necesario para contestar a la pregunta de este ensayo. Desde la idea de la importancia de reconocer a la educación como un problema de carácter público, la gratuidad de la educación pública se basa en el principio de que no son los individuos los más beneficiados al adquirir conocimientos sino la sociedad en su conjunto. En este sentido, no es el individuo el que invierte sino la sociedad, ya que será ella la principal beneficiada al contar con ciudadanos y ciudadanas preparadas para atender los conflictos sociales y económicos de un país. 

El Estado, al invertir en la educación, promueve el enriquecimiento de la Nación y su capacidad para enfrentar los cambios que impone el mundo en el que vivimos. Para ello es necesario que el estudiantado no conciba a la educación como una inversión personal sino social. De este modo, el profesionista se incorpora al mercado laboral  pensando en que cómo retribuir a la sociedad, más que en cómo recuperar lo que gastó en su educación. Esta pequeña diferencia es, en mi opinión, en la que descansa uno de los más fuertes argumentos a favor de la educación pública: en lugar de salir a trabajar buscando cómo cobrarse, el individuo se incorpora a la sociedad pensando en que cómo retribuir, para quedar a mano con la sociedad que le concedió el privilegio de una educación universitaria. Es evidente que éste profesionista no se olvida de sí mismo y de sus necesidades, pero al sentir que está en deuda, por la educación que recibió, tendrá una visión más humana y social de su vida profesional y de su relación con la sociedad en la que vive. 

En el edificio de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, hay un mural de David Alfaro Siqueiros que expresa este argumento de manera plástica lo anterior y que lleva por título: Del pueblo a la universidad, de la universidad al pueblo.

Independientemente de cual sea la posición que se defienda de algo estoy seguro: el papel de la educación en el desarrollo de las sociedades es fundamental. En consecuencia es necesario abrir la discusión, involucrando a todos los actores sociales, para definir los objetivos de la educación y de la Nación, desde una perspectiva común, social, incluyente. Defender la educación pública consiste precisamente en evitar la exclusión desde una perspectiva familiar o religiosa, situando el problema en el espacio público y partiendo de la idea de una educación ajena a prejuicios y falsedades disfrazadas de sentido común.

Por eso, al preguntarnos ¿Por qué defender a la educación pública? habría que poner en la balanza los beneficios de la educación desde la perspectiva de las necesidades individuales o colectivas y plantear otra pregunta: ¿A qué clase de sociedad aspiramos? Al responderla estaremos en mejor posición para comprender la magnitud del problema.

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