miércoles, 25 de julio de 2012

El legado de la derecha mexicana: la reedición de la pugna entre el estado confesional y el estado laico.


Una de las consecuencias más evidentes del paso del Partido Acción Nacional (PAN) por Los Pinos será sin duda la reedición de un viejo conflicto que marcó el nacimiento del estado liberal en México: la pugna entre el estado confesional y el estado laico. A lo largo del siglo XIX, la lucha entre conservadores y liberales sacudió a la naciente república marcando para siempre la memoria histórica de sus habitantes. Se podría decir sin exagerar que este país nació precisamente como consecuencia de la derrota conservadora, sin la cual hubiera sido imposible el surgimiento de la nación. En términos geopolíticos, para México hubiera sido prácticamente imposible mantenerse independiente como un imperio y alineado a la Europa católica y monárquica, justo al sur de la frontera de los Estados Unidos. El estatus de estadista del que goza Benito Juárez radica precisamente en la comprensión de este hecho, a pesar de sus creencias religiosas. Su visión de un estado laico fue el resultado de la necesidad histórica: tuvo que elegir un camino intermedio que sin atacar las creencias de la mayoría de la población –que el mismo profesaba en su fuero interno- garantizara la existencia de la libertad de creencias, evitando así la posibilidad de una nueva invasión yanqui y por ende el fin de la nación. La idea costó muchas vidas pues tuvo que serle impuesta a punta de balazos a buena parte de la clase dominante mexicana, la cual retrocedió ante la caída del imperio de Maximiliano pero se mantuvo a la espera de mejores condiciones para revivir su proyecto de instituir un estado confesional.

La revolución mexicana le dio un nuevo impulso al estado laico, sobre todo por la aparición del artículo tercero constitucional que lo obliga a impartir educación laica, gratuita y obligatoria. Su aprobación en Querétaro en 1917 provocó uno de los debates más encendidos de todo el proceso, enfrentando la oposición del grupo carrancista y de los diputados conservadores quienes arguyeron que se violaba la libertad de los padres de familia para elegir la educación que consideraran más conveniente para sus hijos. Casi al mismo tiempo la iglesia católica desde el Vaticano instruyó a sus representantes en México para articular lo que después se conoció como la guerra cristera, tratando de revivir el viejo proyecto de estado confesional, tan caro a la clase dominante de buena parte del país… hasta la fecha. A pesar de ser derrotados, los conservadores obligaron al estado posrevolucionario a negociar para mantener su presencia y derecho de veto virtual que se manifestó por ejemplo en su oposición al libro de texto gratuito en los años sesentas y posteriormente a la planeación familiar y los métodos anticonceptivos así como al aborto y el reconocimiento a la diversidad en la manifestación de la sexualidad.

Con la llegada de la derecha partidista al gobierno federal, la vieja lucha entre conservadores y liberales cobró fuerza sobre todo porque congregaciones como los Legionarios de Cristo y organizaciones fascistas como El Yunque  se convirtieron en minorías influyentes al interior del PAN y del gobierno federal. Fue así como en el Congreso de la Unión aparecieron varias reformas impulsadas por estas facciones[i] entre las que destaca la propuesta para reformar el artículo 24 constitucional. 

Irónicamente la propuesta de reforma fue impulsada por un diputado priísta de Durango, José Ricardo López Pescador -lo que más que ocultar al verdadero beneficiario, la iglesia católica, evidencia la profunda derechización de un partido otrora defensor del estado laico. Incluso el presidente electo en las recientes elecciones, Enrique Peña Nieta, egresó de la Universidad Panamericana, fundada por el Opus Dei. En todo caso, el cabildeo para impulsar la reforma ha sido llevado a cabo fundamentalmente por los jerarcas de la iglesia católica en México y corresponde fielmente al proyecto promovido desde el Vaticano, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, punta de lanza transnacional para impulsar a los estados confesionales en todo el mundo.


De acuerdo con el documentoNota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política”,  el voto de un buen católico en cualquier elección deberá considerar siete puntos: Respeto a la vida, y la clara oposición al aborto y a la eutanasia; la tutela y la promoción de la familia fundada en el matrimonio monógamo entre personas de sexo opuesto; la libertad de los padres en la educación de sus hijos; la tutela de los menores y la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud; el derecho a la libertad religiosa; el tema de la paz y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común.

La reforma[ii] objeto de éstas líneas tiene como finalidad el reconocimiento explícito de la libertad religiosa y ha sido objeto de fuertes críticas, incluso por dirigentes de otros cultos religiosos que compiten en el mercado de la fe. Como la misma iglesia católica reconoce: “Cuando se hace un cambio de ley nunca se hace en beneficio de uno solo, no se hace pensando, esto es el beneficio de la Iglesia católica, se hace en beneficio de cualquier agrupación religiosa. Evidentemente que por el tamaño, la iglesia (católica) se ve beneficiada pero igual que en su proporción cada una de las iglesias” De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir al Discriminación (CONAPRED) 15.6 % de la población profesa una religión diferente a la católica.

Más allá de que la reforma sea la primera parte de un proyecto más amplio, como se señala arriba, las críticas centrales a la reforma, según el desplegado dirigido a la Cámara de Senadores por el Foro Cívico México Laico y un gran número de académicos, investigadores y organizaciones mexicanas se concentran en dos cuestiones: la primera es que la libertad de convicciones éticas supone que las no éticas serán ilegales; pero el problema de fondo tiene que ver con quién y cómo se establecerá cuáles son las creencias éticas y cuáles no?

Si bien en nuestros días se habla de códigos de ética para las instituciones del estado mexicano –que más bien parecen patadas de ahogado, dada la creciente descomposición que experimentan- la ética es, a diferencia de la moral, una cuestión personalísima que obliga al individuo a elegir al margen de ideologías, religiones o incluso leyes. La elección de argumentos para la acción es siempre un dilema ético, que si bien tiene como referencia el espacio social en la que se desenvuelve el individuo, recae al final en su fuero interno. En este sentido se justifica la pregunta: ¿Quién y cómo decidirá cuáles convicciones son éticas y cuáles no? Porque precisamente una de las características del estado confesional es su capacidad para definir cuáles son las creencias aceptadas, cuáles son las convicciones correctas. El estado laico define los límites entre lo jurídico y lo antijurídico pero le deja al individuo la libertad para definir sus convicciones, sus principios, al margen de la legalidad. Sobra decir que si determinada convicción cobra vida a través de una acción que viola la ley, el responsable estará sujeto a las sanciones correspondientes. Sin embargo, en última instancia será la conciencia del individuo la que elija y no el estado. El control de las conciencias es un viejo proyecto conservador -impulsado tradicionalmente por la iglesia católica y al que se han sumado los medios de comunicación- que se basa en la idea de que la mejor forma de control del ser humano es a través de la interiorización de valores, aunque vayan en contra de su capacidad para elegir en libertad, o mejor dicho, que la anule, la desaparezca del mapa de las posibilidades humanas.

La reforma ha sido aprobada por El Congreso de la Unión con el voto de las bancadas del PRI y el PAN, pero para que se integre al texto constitucional tiene que ser aprobada por dos terceras partes de las legislaturas de los estados de la república. Hasta el momento las legislaturas de Baja California, Oaxaca, Michoacán y Morelos la han rechazado mientras que el estado de México y Durango la han aprobado. Las recientes elecciones federales fueron un obstáculo para su discusión en la mayoría de los estados por la sencilla razón de que los partidos  políticos no querían cargar con el probable costo político, pero en los próximos meses deberán pronunciarse al respecto. Por su parte la sociedad civil ha manifestado su rechazo en varios estados de la república aglutinando a diversos sectores que apoyados en el espíritu laico de la Carta Magna se oponen radicalmente a cualquier intento de modificarlo o pervertirlo. Muchos de ellos son católicos pero conciben a la educación religiosa como una responsabilidad familiar y no estatal. Y a pesar de casarse por la iglesia y bautizar a sus hijos desconfían bastante del clero, de su ambición de poder y de su impunidad, sobre todo a la luz de los recientes escándalos como el de Los Legionarios de Cristo y su fundador, Marcial Maciel.

Las opiniones críticas a la reforma constitucional del art. 24 coinciden en señalar que, si bien sus alcances son limitados no puede ser ignorado el hecho de que la iglesia católica no se va a conformar sólo con esta reforma sino que seguirá abogando por incrementar su capacidad para impulsar el regreso de un estado confesional pero ocultándolo con el velo de la promoción de los derechos humanos.  Su eventual aprobación detonaría un efecto dominó que obligaría a reformar otros artículos, como se reconoce incluso en el dictamen de la Cámara de Diputados cuando se especifica que “…a la luz de él [art.24 reformado] se requerirá tanto la revisión de los artículos 3o., 5o., 27 y 130 como de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público… [y] el Reglamento de Asociaciones Religiosas y Culto Público… Sin embargo, por el momento, sólo existen condiciones para concretar la reforma al artículo 24 de la Constitución.Por su parte, en el dictamen del Senado se niega la posibilidad de que se revisen los artículos mencionados, pero dicha declaración no elimina la posibilidad de que en el futuro se modifiquen dichos artículos. Máxime cuando el eventual arribo de Peña Nieto a la presidencia fortalecerá inevitablemente la influencia de la iglesia en la política institucional. No se puede olvidar que el candidato del PRI, como parte de su larga precampaña a la presidencia, viajó al Vaticano para comunicarle a Ratzinger sus intenciones de volver a contraer matrimonio. Más allá de formar parte de su plan de mercadotecnia política, sin mucho esfuerzo se podría inferir que Peña Nieto simpatiza abiertamente con la idea de debilitar el estado laico a cambio del apoyo de un aliado poderoso. Esto sin mencionar la reciente visita de Ratzinger a México, que se dio precisamente después de la aprobación de la reforma del 24 constitucional y que fue vista por muchos como un regalo al Vaticano.

En todo caso, las terribles condiciones por las que atraviesa el país, marcadas por la polarización social y política, la militarización y el empobrecimiento generalizado de la población, se verían profundizadas por un proyecto caduco que en nada contribuye a la armonía social. La moneda está en el aire y aunque la reforma sea rechazada por las legislaturas locales sólo se habrá ganado una batalla pero el conflicto permanecerá, ya que la iglesia católica seguirá soñando con el regreso de un estado confesional y no faltarán partidos políticos y camarillas que lucren con la posibilidad para obtener beneficios a corto plazo. Lo que está en juego no son los derechos humanos sino los beneficios políticos y económicos que implican el fin del estado laico.Lo que está en juego es simplemente la existencia de la nación.


[i] Digo facciones porque a diferencia de las fracciones, que se distinguen por mantener principios comunes con todos los miembros del partido, las facciones no reconocen más principios y más objetivos que los suyos.
[ii] Actualmente, el artículo 24 señala:
      “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley”.
     Según la iniciativa de reforma, quedaría:
     “Todo persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individualmente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.

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