miércoles, 2 de mayo de 2012

El desafío de TV Azteca y su desprecio por el interés público.

Los dimes y diretes entre los equipos de campaña de los candidatos presidenciales por presentarse a más debates que los establecidos por la autoridad electoral han sido opacados por el anuncio de TV Azteca de transmitir, en el mismo horario que el debate del domingo, un partido de futbol. La maniobra muestra claramente el desprecio por el interés público que ha caracterizado al infame Ricardo Salinas Pliego, manifestado por los sistemáticos enfrentamientos con la autoridad dizque para defender la libertad de expresión.

Viene a la memoria la campaña de desprestigio que montó Salinas Pliego contra el jefe de gobierno del Distrito Federal, cuando fue asesinado Paco Stanley, con la intención de desconocer y poner en aprietos a un representante popular elegido en 1997. Con el mayor cinismo, el dueño de la televisora del Ajusco acusó a Cuauhtémoc Cárdenas y a su gobierno de ser los responsables. Después salió a la luz la verdadera causa del crimen pero no por ello hubo una disculpa pública ni mucho menos. Desde entonces a la fecha, las televisoras se han envalentonado contra las instituciones públicas  sobre todo porque se han vuelto más poderosas y porque los políticos son cada vez más dependientes del duopolio televisivo.

La sugerencia de Salinas Pliego fue que si la gente quería ver el debate lo hiciera en el canal de la competencia lo que obligó a Televisa a seguirle los pasos, desplazando la transmisión del debate a un canal menor para mantener en el canal de las ‘estrellas’ su programa estelar. El resultado será entonces que el debate tendrá una cobertura limitada, lo que seguramente debilitará el probable impacto del acto electoral por excelencia, en el ánimo de los votantes.

Estas maniobras demuestran claramente que las televisoras privilegian el interés privado, o sea las ganancias, en detrimento del público con la mano en la cintura y con altas probabilidades de salirse con la suya. Es un desafío evidente a la autoridad pública, en particular a la electoral aunque también a la del gobierno federal, y una muestra clara de desprecio por los votantes y su derecho a la información. La respuesta del consejero presidente del IFE, Leonardo Valdéz  fue bastante tibia y la secretaría de Gobernación no parece muy decidida a intervenir aunque podría.

La declaración de Salinas Pliego en su cuenta de twitter confirma lo anterior al escribir, en respuesta a los críticos de la medida, "¡Éste sí es un debate! Entre un grupito de twitteros autoritarios y los ciudadanos libres de votar por lo que quieren ver." Vaya manera de invertir el problema pues ahora resulta que serán los ciudadanos y no él -y su evidente desprecio por el interés público- los que ‘eligirán’ sustituir el debate por una escaramuza futbolera.

El sonsejero (súper sic) estrellita del IFE, Lorenzo Córdoba, declaró en su cuenta de twitter que: "El tema de la transmisión de los debates presidenciales pone a prueba la vocación democrática de las televisoras y radiodifusoras privadas". No señor consejero, el tema pone a prueba la solidez y capacidad de nuestras instituciones públicas para meter en cintura a los empresarios que, como Salinas Pliego y Azcárraga, han desafiado sistemáticamente las leyes y los principios republicanos. El problema detrás de todo este sainete es el contubernio entre la clase política -sobre todo la que está en el poder- y los empresarios nacionales y extranjeros para seguir llenándose los bolsillos a costa del interés público que se supone los primeros están encargados de defender.

¿Puede la autoridad enfrentar semejante desafío? Claro que puede pero ¿acaso la experiencia nos permitiría suponer que lo va a hacer?

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