viernes, 12 de agosto de 2011

Movimiento por la Paz

Javier Sicilia parece darse cuenta finalmente de lo que muchos advertíamos hace tiempo: el “diálogo” con las autoridades no es más que un diálogo de sordos, en el que se intercambian promesas vacías y buenos deseos, sin que nada se haga por cambiar las cosas, no al menos en el sentido en el que la mayoría quisiéramos. Esto aplica no sólo a la administración federal encabezada por Felipe Calderón, sino también a los integrantes del Poder Legislativo, esos que se hacen llamar nuestros representantes, solo para olvidarse de representarnos en el mismo momento en que empiezan a cobrar en San Lázaro.

El pasado jueves, Sicilia anunció que rompía el diálogo con legisladores, tras la aprobación de la minuta de la Ley de Seguridad Nacional. “"No se puede dialogar con hombres y mujeres que no hablan verdad”, dijo el poeta. Debió darse cuenta de ello antes de abrazar a Calderón y repartir besos y abrazos por toda la Cámara, mas no es tarde para darle un nuevo rumbo al movimiento.

Por su parte, la presidenta de la Organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, exhortó a Sicilia a reanudar el diálogo con los legisladores, afirmando que es la única vía posible para conseguir soluciones. Nada más alejado de la realidad, que ha demostrado una y otra vez todo lo contrario: acudir en buena fe con los representantes del aparato estatal, esperando de los mismos más que palabras y compromisos al aire, es la manera perfecta de que las cosas sigan igual: un gobierno autoritario en sus acciones dando una apariencia de apertura democrática, y una sociedad civil que sigue pagando las consecuencias de decisiones tomadas teniendo en cuenta intereses ajenos.

Una de estas decisiones es la ley de Seguridad Nacional mencionada anteriormente. Calderón la exige, argumentando que fortalecerá la lucha contra la delincuencia organizada. Cuando dicen fortalecer la lucha, ¿a cuántas decenas de miles de muertes más se refiere? La ley básicamente faculta al Presidente para crear estados de excepción, en los que las garantías individuales de los ciudadanos se vean suspendidas, así como autoriza al Estado mexicano a realizar cateos sin órdenes judiciales o intervenir las comunicaciones privadas de los ciudadanos.

En otras palabras, la ley que busca aprobar Calderón solo garantiza que la masacre en México va a continuar, solo que ahora las fuerzas federales podrán hacer uso de mayor fuerza y violencia al atentar contra los derechos civiles de la sociedad.

Los legisladores tienen el cinismo de pedir confianza al movimiento encabezado por Sicilia: “debe tener la certeza de que loa cordado en Chapultepec se respetará”, dicen. Es difícil tener confianza cuando se han hecho a un lado y han permitido que la carnicería emprendida por Calderón siga su curso, y cuándo se han opuesto a la misma no ha sido sino con declaraciones electoreras sin mayor intención que posicionarse frente al electorado.

El proyecto de ley que se discute actualmente no haría sino proveer de un cierto marco legal que permita a las fuerzas militares ejercer labores policiacas, como lo han venido haciendo en los últimos años, ampliando así su esfera de acción y de paso, haciendo efectiva una mayor militarización del país.

El movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad puede convertirse en una importante herramienta de la sociedad civil para frenar un combate que lleva 50 mil muertes, 10 mil desapariciones y 120 mil desplazados, mas debe darse cuenta que la “colaboración” con los representantes del Estado, sean legisladores, secretarios o el mismo Presidente no es sino un callejón sin salida, que no servirá más que para legitimar hasta cierto punto la acción gubernamental, que presume apertura democrática y voluntad de diálogo.

Es necesario darse cuenta que las decisiones no pueden ser centralizadas en uno o dos individuos, y que el camino a seguir no solo puede, sino que debe darse por fuera de los medios habituales. Debe dejar de intentar comunicarse con el gobierno, para empezar a comunicarse con el resto de la sociedad.

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