jueves, 14 de julio de 2011

Los derechos humanos y el fuero militar en México

El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia para limitar el alcance del fuero militar en México significa un triunfo enorme para la sociedad civil y las organizaciones civiles encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos pero también de las y los familiares de las víctimas de la violencia militar que tendrán la posibilidad de someter a juicio civil a los miembros de las fuerzas armadas que atropellen los derechos de cualquier ciudadano.

Gracias en buena parte a la insistencia de la familia de Rosendo Radilla -quien desapareció en 1974, luego de ser detenido en un retén militar y visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero- para dar con su paradero, las y los mexicanos tendremos el derecho de obligar a los militares a responder en un juzgado civil por delitos cometidos contra civiles, terminando así con una larga etapa de impunidad amparada por el fuero militar.

El caso Radilla resulta paradigmático de la impunidad castrense para realizar desapariciones forzadas en nuestro país sin tener que afrontar ninguna consecuencia jurídica, más allá de las asignadas por la justicia militar. Rosendo Radilla fue un ciudadano ejemplar quien defendió los derechos de sus conciudadanos siendo incluso presidente municipal de Atoyac. Los que lo asesinaron seguramente nunca llegaron a imaginar las consecuencias de sus acciones más de treinta años después. ¿Cuántas víctimas más siguen desaparecidas por la brutalidad del estado mexicano? En todo caso, a partir de ahora será cada vez más difícil desaparecer a ciudadanos críticos de la realidad social; esto no quiere decir que las desapariciones forzadas desaparecerán por arte de magia sino que ahora la ciudadanía contará con la posibilidad de obligar a las fuerzas armadas a someterse a la justicia civil y exponerlas al escrutinio público. Dadas las circunstancias no es poco.

La respuesta de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Gobernación confirma su visión del asunto al declarar de manera conjunta que orientarán sus acciones de acuerdo al fallo de los ministros de la Corte, con lo que demuestran su desprecio por las leyes y los derechos de los civiles. El fallo no sugiere que dichas instituciones lo tomen como una orientación sino como una obligación jurídica. Insisten en que la aplicación de la justicia militar es la máxima instancia para mantener el orden castrense. No señores, la máxima instancia es la Constitución Política y los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Resta por incorporar a nuestra Carta Magna el espíritu del fallo, con lo que ahora la bolita está en el Congreso de la Unión, que seguramente será objeto de enormes presiones para desvirtuar el avance jurídico en cuestión. Por esta vez nuestros representantes tendrán que ponerse a trabajar al margen de sus acuerdos privados para avanzar en el combate a un viejo vicio, herencia de la Colonia, que ponía por encima de las leyes comunes a integrantes de grupos de poder como la iglesia y el ejército. Una gran batalla ha sido ganada pero la guerra por la igualdad humana efectiva ante la ley continuará.

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