jueves, 31 de marzo de 2011

Los ninis, la leva y la economía en México

La propuesta del gobernador de Chihuahua, César Duarte, demuestra que la militarización del país es vista por los grupos dominantes no sólo como una estrategia para fortalecer al gobierno de Felipe Calderón y, si se puede, mejorar la seguridad pública sino también para mejorar los índices de empleo y mejorar la decaída economía nacional.

Dadas las circunstancias, la peregrina idea puede parecer una solución al problema del reclutamiento forzado de las y los jóvenes sin empleo y sin escuela por parte del narcotráfico. Sin embargo, en mi opinión, el argumento descansa en la simple sospecha, que no en un estudio sociológico serio, de que es la juventud marginada la que engrosa las filas del narcotráfico; que son las víctimas más comunes del desastre económico, lo que las obliga a emplearse en el crimen organizado.

Mas allá de la posición que se tome con respecto a lo expuesto arriba todo parece indicar que la idea tiene por objetivo real darle mayor presencia a las fuerzas armadas en el conjunto de la sociedad, procurando mejorar su imagen participando en labores que rebasan claramente sus obligaciones constitucionales. Pero además, la propuesta no oculta la intención de ampliar la composición del sector militar –tradicionalmente el soldado común ha sido extraído de las comunidades rurales- a los sectores sociales urbanos, con mayor escolaridad y presencia social.

La militarización de una sociedad determinada no puede limitarse a aumentar la presencia física de las fuerzas armadas en las calles o a asignarle más recursos. Semejante proceso exige que la ciudadanía se acostumbre a la idea de que la militarización es la única solución a los problemas que enfrenta, en la esperanza ciudadana de que la militarización haga la vida cotidiana más segura.

La historia nos ha demostrado que la militarización empobrece las finanzas públicas y rompe el delicado juego político institucional republicano y liberal. Pero sobre todo, la presencia de los militares en las calles obstaculiza el disfrute de los derechos civiles básicos, reduciendo las libertades y colocando a todos en la indefensión frente a los caprichos de la tropa.

Encima de todo lo anterior, la propuesta me recuerda las continuas levas que se dieron a lo largo del siglo XIX en nuestro país. El reclutamiento forzado representa sin duda un atropello terrible sobre las libertades humanas. El privar de la libertad a cualquier persona por abstenerse de ejercer la violencia, independientemente de la situación en que se encuentre, es simple y llanamente una violación a los derechos fundamentales. Pero utilizar la necesidad de la gente para obligarla a morirse en una guerra estúpida no tiene nombre. No me sorprende que un miembro de la clase en el poder salga con semejante ocurrencia. Después de todo es un digno heredero de aquellos conservadores decimonónicos que, en su afán por mantenerse en el poder, fueron hasta Versalles para vender el país.

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