jueves, 20 de enero de 2011

Túnez

El pasado 17 de diciembre iniciaron en Túnez una serie de manifestaciones después de que un vendedor callejero de 26 años decidiera inmolarse tras haber sido despojado de su puesto de verduras por carecer del permiso necesario. Desde esa fecha, las protestas se generalizaron y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron un saldo de al menos 66 muertos, hasta que el pasado 14 de enero, el presidente Ben Ali se vio obligado a dejar el país, después de 23 años en el poder.

Los acontecimientos previos a la dimisión de Ben Ali recibieron la usual atención por parte de los medios de información alrededor del mundo: las menciones a los conflictos en Túnez eran contadas, por una sencilla razón: la presidencia de Ben Ali era bien vista por gobiernos como el estadounidense, dado que el régimen fue un fiel seguidor de las políticas económicas dictadas desde Washington y organismos como el FMI y el Banco Mundial. Muchos de los llamados expertos no chistan en calificar el supuesto crecimiento económico tunecino como milagroso.

Siguiendo el mismo libreto que en el resto del mundo, dicho crecimiento es explicable solo tomando en cuenta el empobrecimiento general de la población, en aras de mantener índices macroeconómicos estables y de propiciar el brutal enriquecimiento de unos cuantos. Los datos no son tan diferentes comparados con el resto del mundo “en vías de desarrollo”: la tasa de desempleo es del 31% entre la población jóven, y el 20% de la población más rica controla casi la mitad de la los recursos del país africano. Al empobrecimiento crónico de las clases medias y la desigual distribución de la riqueza en el mundo, el FMI le llama una “prudente gestión macroeconómica”.

En el aspecto político, la situación tampoco distaba mucho de la del resto del mundo: un corrupto grupo de individuos a cargo del aparato gubernamental, aliados indiscutibles de los Estados Unidos en cuestiones militares, y ejerciendo la violencia legal de tal manera que el espacio para las libertades más básicas y el ejercicio de los derechos humanos más fundamentales quedaba reducido al mínimo.

Fieles a su costumbre cuando de un aliado se trata, los más poderosos gobiernos hicieron acto de silencio cuando se supo que la policía reprimía violentamente las manifestaciones (si del gobierno cubano o venezolano se tratase, las primeras planas en todo el orbe tendrían claras dedicatorias a tan dictatoriales gobiernos). En este sentido, cabe destacar un aspecto: es importante resaltar y analizar la participación de un medio de información no-tradicional: el internet y las redes sociales. Videos de las represiones policiacas se convierten en material disponible para todo el mundo en cuestión de segundos, algo impensable años atrás; las férreas restricciones en el servicio de internet por parte del gobierno tunesino fueron burladas por incontables blogs que denunciaban las atrocidades cometidas y apoyaban el movimiento; una impresionante organización a escala global fue montada en cuestión de horas y denominada OpTunisia, que mediante los ataques cibernéticos de miles de usuarios alrededor del mundo logró bloquear los servicios de internet del gobierno de Túnez y sus intentos por persuadir al resto del mundo de que la situación estaba bajo control.

Es cierto, las luchas en Túnez fueron reales: las deplorables condiciones materiales previas al estallido de las revueltas eran reales, y se derramo sangre real. Sin embargo, gran parte del éxito obtenido por esta pequeña revolución radica en que desde el ciberespacio se logró exponer lo que los medios de información tradicionales colaboraban por encubrir.

El futuro de Túnez es incierto: es ridículo pensar que la renuncia de un individuo pueda revertir las enormes desigualdades políticas, económicas y sociales existentes en un país. Sin embargo, no deja de verse con optimismo el hecho de que una manifestación del descontento generalizado haya logrado su objetivo inmediato: la destitución de la personalización de un sistema que ha mantenido a la sociedad tunecina sometida bajo el peso de políticas económicas que a pocos benefician y de restricciones civiles que solo buscaban mantener un orden dentro de una sociedad jerarquizada en beneficio de unos cuantos.

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