jueves, 21 de octubre de 2010

La Ley de Ingresos 2011 y el post-presidencialismo en México

La reciente aprobación de la Ley de Ingresos 2011 por parte del Congreso mexicano confirma una vez más que la política económica no variará mucho para el próximo año. El tema que llamó más la atención de la opinión pública fue la supuesta intención de la bancada priísta de reducir el IVA al 15% para apoyar la recuperación de la economía familiar. Para nadie fue una sorpresa que el PRI reculara y todo quedara como igual al imponerse el poder de los gobernadores sobre su dirigencia nacional.

Sobra decir que la reducción de un punto porcentual no iba a tener un impacto significativo en las finanzas de los consumidores pero probablemente hubiera difundido la imagen de un PRI preocupado por mejorar las condiciones económicas de las y los mexicanos. Sin embargo, el sainete, que provocó incluso protestas por parte de varios diputados prisitas, no puede ocultar el hecho de que la política fiscal del gobierno de Calderón se basa en los impuestos al consumo, evitando tasar de manera eficaz las grandes ganancias de las empresas nacionales y extranjeras.

El caso del aumento a los cigarrillos confirma lo anterior, aunque se le disfraza con el ropaje de una política de salud pública. Ahora resulta que los nuestros gobernantes les preocupa la salud de la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes, pero no hicieron nada para evitar que la comida chatarra se siga vendiendo en las escuelas de todo el país. Por su parte las empresas tabacaleras se defienden argumentando que son las que más impuestos pagan olvidando que en realidad los que pagan los impuestos son los consumidores.

Por otro lado, el sometimiento de la bancada priísta a los gobernadores, que son quienes los ponen en la silla, así como la impotencia de la dirigencia del PRI a definir posturas claras en el trabajo legislativo demuestra que en esta época post-presidencialista los gobernadores son dueños de sus estados y de sus representantes, con todas las consecuencias del caso.

Con una interpretación perversa del federalismo, los gobernadores se creen dueños de sus estados –recordemos a Fidel Herrera jactándose de que tenía al estado de Veracruz en la mano- y definen sus políticas en función de sus objetivos personales y no de la república en su conjunto. El debilitamiento del presidencialismo provocó el derramamiento del poder político del centro a los estados. El crecimiento de las transferencias de recursos federales a los estados de la república y el aumento del margen de maniobra político de los gobernadores parece ser la marca distintiva del post-presidencialismo, pero no por ello podemos echar las campanas al vuelo pues para lo único que ha servido es para que crezca la deuda pública de Veracruz, por ejemplo, que llegó, según datos de la secretaría de Hacienda, a los 8 mil millones de dólares.

Por lo tanto, la ley de Ingresos de 2011 confirma la tendencia a que la política fiscal siga afectando a los que menos tienen, manteniendo privilegios y omisiones en la recaudación. Parece que lo que se persigue no es mejorar el consumo interno y las economías de las familias mexicana sino privilegiar la desigualdad y aumentar el poder de las oligarquías locales y sus empleados, los gobernantes.

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