viernes, 29 de mayo de 2009

Volver legal lo ilegal

Hace ya muchos años, en la tribuna del Congreso de la Unión, el entonces diputado tuxpeño César “El Tlacuache” Garizurieta, le propuso al pleno de la Cámara convertir la mordida en una práctica legal.
La lógica le decía que si los agentes de tránsito cobraran las multas al momento, las arcas municipales se verían fortalecidas y el desempeño de los oficiales podría mejorar.
Todos lo tiraron a loco y su iniciativa no tuvo mayor revuelo.
El 30 de junio del año pasado, el Cabildo xalapeño acordó que el Alcalde podía, previa autorización del Congreso, suscribir un “contrato con la empresa ‘Servicios Xalapeños de Vialidad’, para concesionar los servicios de traslado, arrastre y confinamiento de vehículos automotores dentro de la jurisdicción del Municipio de Xalapa, Veracruz”.
El acuerdo de Cabildo no da mayores razones: quiero pensar que hubo una discusión sobre el tema, la cual llevó a los regidores José Luis Lárraga y Ana María Córdoba a votar en contra. Fueron las mismas razones, quiero imaginar, las que llevaron al síndico Ballesteros a abstener su voto sobre la concesión.
Casi un año después del Acuerdo, la empresa en discordia ha generado un revuelo que ni la iniciativa del ex diputado Garizurieta alcanzó. Primero, porque sorprende que la concesión en turno haya sido firmada por 15 años. Segundo, porque su modo de operación era ilegal: levantan los automóviles sin previa infracción, lo que enojó a muchos.
Apenas el jueves pasado el alcalde xalapeño tomó la decisión de concesionar también a los agentes de tránsito municipal. Dio la instrucción de que, en los operativos que haga la empresa Servicios Xalapeños de Vialidad, vaya siempre acompañándolos un oficial. Así, podrá levantar las multas correspondientes, y la empresa hará su trabajo.
La lógica es insostenible: como la empresa hacia algo ilegal, el alcalde decidió legalizar su actuar, en lugar de retirar la concesión.
Quizá la premura sea de los dueños de la empresa. En su corte de caja del 20 de mayo de 2009, hasta las 3 en punto de la tarde, habían expedido solamente 30 facturas.
Más allá de que estas tengan la dirección equivocada (ya que aseguran que sus oficinas están en Barragán 1 y no en la central de abastos), las facturas nos dicen una sola cosa: la empresa comenzó a funcionar después del Acuerdo de Cabildo y aún después de la aprobación por parte del Congreso local para suscribir la concesión.
Es más… por la fecha misma, quizá la empresa comenzó a funcionar debidamente en mayo de 2009, con la seguridad de tener para sí el monopolio del arrastre de vehículos por 15 años.
Me parece entonces adecuada la decisión del munícipe: si la concesión ya fue entregada, ¿por qué no abonar a las ganancias de la empresa privada el trabajo de los agentes públicos? Si de todos modos tienen que multar, que aprovechen y le den millonarias ganancias a una empresa que tiene cuatro grúas y ocho choferes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario